17 Enero 2015
La Casa de Gobierno impulsó en 2014 el 44% de las leyes sancionadas por la Legislatura. Y otra vez demostró su fuerte presencia en las normativas del cuerpo colegiado. Ayer se publicó el veto del Poder Ejecutivo (PE) a la ley que pretendía la creación de una comisión ad hoc de Implementación de Políticas Públicas en Prevención del Suicidio. El proyecto, que había sido impulsado por un legislador radical, fue objetado porque no incluía en la composición del comité “a representantes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa)”.
“Esta omisión es insalvable, considerando que la respuesta sanitaria es esencial tanto en la prevención como en la asistencia de la conducta suicida”, expresa el decreto N° 30/4 (MDS), firmado por el titular subrogante de la Cámara Regino Amado (a cargo interinamente del PE) y por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin.
La iniciativa para crear una comisión ad hoc para la prevención del suicidio fue tratada en la última sesión del año de la Legislatura. El proyecto llegó al recinto con la firma del radical Ariel García y tuvo el acompañamiento de las bancadas opositoras y del oficialismo. Estaba contemplado que el comité contara con seis representantes de las Secretarías de Prevención y Asistencia a las Adicciones y de Deportes; un miembro por la Facultad de Medicina (del área de Salud Mental) y otro de Psicología; y dos legisladores que iban a ser designados por el cuerpo colegiado. Sin embargo, esto no ocurrirá.
Para analizar si esta ley debía ser promulgada, en el Poder Ejecutivo se solicitaron informes a diferentes áreas. Así, se consignó que la División Salud Mental, dependiente del Siprosa, ha sido considerada “como prioritaria en el Plan Salud del Bicentenario 2007-2016, debido a su magnitud, al daño familiar y social asociado”. Además, se especificó que desde el año 2009 se implementa el Programa de Prevención y Abordaje de Conducta Suicida. “Es destacable la convocatoria anual que viene realizando el programa, mediante una comisión ad hoc de expertos integrada por miembros de la Facultad de Psicología, de Medicina, del Ministerio de Educación, Ente Cultural de la Provincia y Especialistas de los Servicios de Salud Mental de reconocida trayectoria académica y profesional en nuestro medio”, señala el decreto. Y aclara que se pondrá a disposición de la Legislatura “toda la información referida” a estos programas y la información epidemiológica “a fin de articular mejores acciones para proteger la salud de los ciudadanos”.
“Esta omisión es insalvable, considerando que la respuesta sanitaria es esencial tanto en la prevención como en la asistencia de la conducta suicida”, expresa el decreto N° 30/4 (MDS), firmado por el titular subrogante de la Cámara Regino Amado (a cargo interinamente del PE) y por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin.
La iniciativa para crear una comisión ad hoc para la prevención del suicidio fue tratada en la última sesión del año de la Legislatura. El proyecto llegó al recinto con la firma del radical Ariel García y tuvo el acompañamiento de las bancadas opositoras y del oficialismo. Estaba contemplado que el comité contara con seis representantes de las Secretarías de Prevención y Asistencia a las Adicciones y de Deportes; un miembro por la Facultad de Medicina (del área de Salud Mental) y otro de Psicología; y dos legisladores que iban a ser designados por el cuerpo colegiado. Sin embargo, esto no ocurrirá.
Para analizar si esta ley debía ser promulgada, en el Poder Ejecutivo se solicitaron informes a diferentes áreas. Así, se consignó que la División Salud Mental, dependiente del Siprosa, ha sido considerada “como prioritaria en el Plan Salud del Bicentenario 2007-2016, debido a su magnitud, al daño familiar y social asociado”. Además, se especificó que desde el año 2009 se implementa el Programa de Prevención y Abordaje de Conducta Suicida. “Es destacable la convocatoria anual que viene realizando el programa, mediante una comisión ad hoc de expertos integrada por miembros de la Facultad de Psicología, de Medicina, del Ministerio de Educación, Ente Cultural de la Provincia y Especialistas de los Servicios de Salud Mental de reconocida trayectoria académica y profesional en nuestro medio”, señala el decreto. Y aclara que se pondrá a disposición de la Legislatura “toda la información referida” a estos programas y la información epidemiológica “a fin de articular mejores acciones para proteger la salud de los ciudadanos”.
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