20 Enero 2015
La muerte del fiscal Alberto Nisman plantea un escenario complejo para el presente. Existe, sin embargo, una situación estructural que conviene denunciar y debatir para el futuro, y que está relacionada con la participación de los servicios de inteligencia en las investigaciones penales a cargo del sistema judicial. Esta asistencia, que, según la ley, debería ser excepcional, se ha transformado en una injerencia descontrolada y desmadrada. Los agentes que hacen tareas de inteligencia no pueden concentrar sus energías en buscar pruebas para acusar: su función es recolectar información para prevenir, por ejemplo, nuevos atentados terroristas.
La intervención de los servicios de inteligencia en los casos más sensibles y delicados de los Tribunales tiene efectos muy difíciles de entender y de manejar. Esta distorsión del rol de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (-SIDE- hoy Secretaría de Inteligencia) implica agentes que actúan por su cuenta, fuera de toda consideración judicial: hacen escuchas, pero no se sabe cómo. Ese descontrol se advierte en las pesquisas de narcotráfico, en el escándalo de espionaje que involucró a Jorge Alberto “Fino” Palacios, etcétera.
Pero la causa AMIA implicó un giro: a partir de allí, se intensificó la presencia de la SIDE en el Poder Judicial. Se trata de una maraña de intrigas y conspiraciones insoportable: todo puede suceder cuando existe un gran nivel de oscuridad. Desgraciadamente este Gobierno se aprovechó de ese mal uso de la herramienta de inteligencia y las consecuencias han comenzado a explotarle en la mano. Hoy asistimos a una guerra entre espías y funcionarios espiados o que permitieron el desmadre de los servicios, guerra que no sabemos cómo ni en qué acabará. La parte visible de ese enfrentamiento, que, por otro lado, lo confirma, es el reciente recambio de autoridades en la ex SIDE que ordenó el Poder Ejecutivo de la Nación.
Desde hace por lo menos cinco años alerto sobre la falta de control de los servicios de inteligencia en su relación con la Justicia. Nadie quiere meterse en este tema porque todo el mundo tiene miedo. Para dimensionar la cuestión basta con recordar que la ex SIDE concentra las escuchas telefónicas del país. A ese temor obedece la inacción e inoperancia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia creada en el ámbito del Congreso de la Nación justamente para vigilar el cumplimiento estricto de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
La preocupación por el funcionamiento anormal y peligroso de un área clave para la democracia anima la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI). Este proyecto nació en 2013 para seguir, impulsar y promover el funcionamiento efectivo de los controles disponibles.
En la ICCSI consideramos indispensable quitar a la ex SIDE de la investigación de los delitos: sabemos que este es un nicho de poder cuya eliminación no será sencilla ni inmediata. Pero no hay más alternativa que comenzar a trabajar para conseguirlo. El primer paso en ese sentido debería ser la transformación de la Policía Federal en un cuerpo semejante al FBI (Oficina Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
La intervención de los servicios de inteligencia en los casos más sensibles y delicados de los Tribunales tiene efectos muy difíciles de entender y de manejar. Esta distorsión del rol de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (-SIDE- hoy Secretaría de Inteligencia) implica agentes que actúan por su cuenta, fuera de toda consideración judicial: hacen escuchas, pero no se sabe cómo. Ese descontrol se advierte en las pesquisas de narcotráfico, en el escándalo de espionaje que involucró a Jorge Alberto “Fino” Palacios, etcétera.
Pero la causa AMIA implicó un giro: a partir de allí, se intensificó la presencia de la SIDE en el Poder Judicial. Se trata de una maraña de intrigas y conspiraciones insoportable: todo puede suceder cuando existe un gran nivel de oscuridad. Desgraciadamente este Gobierno se aprovechó de ese mal uso de la herramienta de inteligencia y las consecuencias han comenzado a explotarle en la mano. Hoy asistimos a una guerra entre espías y funcionarios espiados o que permitieron el desmadre de los servicios, guerra que no sabemos cómo ni en qué acabará. La parte visible de ese enfrentamiento, que, por otro lado, lo confirma, es el reciente recambio de autoridades en la ex SIDE que ordenó el Poder Ejecutivo de la Nación.
Desde hace por lo menos cinco años alerto sobre la falta de control de los servicios de inteligencia en su relación con la Justicia. Nadie quiere meterse en este tema porque todo el mundo tiene miedo. Para dimensionar la cuestión basta con recordar que la ex SIDE concentra las escuchas telefónicas del país. A ese temor obedece la inacción e inoperancia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia creada en el ámbito del Congreso de la Nación justamente para vigilar el cumplimiento estricto de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
La preocupación por el funcionamiento anormal y peligroso de un área clave para la democracia anima la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI). Este proyecto nació en 2013 para seguir, impulsar y promover el funcionamiento efectivo de los controles disponibles.
En la ICCSI consideramos indispensable quitar a la ex SIDE de la investigación de los delitos: sabemos que este es un nicho de poder cuya eliminación no será sencilla ni inmediata. Pero no hay más alternativa que comenzar a trabajar para conseguirlo. El primer paso en ese sentido debería ser la transformación de la Policía Federal en un cuerpo semejante al FBI (Oficina Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.