25 Enero 2015
En este momento se impone rescatar la figura de Alberto Nisman y lo que su trabajo significó para el esclarecimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Para ello, conviene dividir la causa AMIA en dos partes. Lo que podríamos llamar “causa AMIA I” implica una investigación vergonzosa y un auténtico mamarracho judicial. Durante esa etapa, la pesquisa estuvo a cargo del ex juez federal Juan José Galeano, que desplegó una actividad dirigida a sembrar la causa de mentiras y falsedades. Con la perspectiva de los años, da la sensación de que Galeano sabía desde un principio sobre la pista de Irán y que hizo todo lo posible por desviar la atención. Lo único cierto de ese período es la imputación de Carlos Telleldín, que efectivamente fabricó el coche bomba.
Tras el juicio oral de 2004 que acabó en la absolución de los imputados y en la denuncia de las irregularidades halladas en la investigación, el Ministerio Público designa a Nisman como fiscal especial del caso y ahí comienza la “causa AMIA II”. Hay que decir que esa decisión tuvo el apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner.
A Nisman le toca desandar el camino que habían seguido Galeano y compañía. Ello significó una tarea muy ardua puesto que había que descartar las versiones “plantadas”, purgar los vicios y rescatar los elementos válidos para continuar sobre terreno firme. A partir de un análisis sorprendente de información de inteligencia, que incluyó cruces de movimientos de cuentas bancarias y de llamados telefónicos, Nisman llegó a determinar que la cúpula que en ese momento gobernaba Irán se había reunido en Mashhad, segunda ciudad del país, para planificar el atentado. Entonces, la decisión, la autoría intelectual del crimen, fue obra de Irán mientras que la ejecución corrió por cuenta de Hezbollah. La tarea investigativa de Nisman incluso permitió confirmar que Ibrahim Hussein Berro, militante de esa organización terrorista, se había inmolado en la operación de la AMIA.
El trabajo del fiscal especial permitió asimismo dilucidar la actuación de Mohsen Rabbani como la tan buscada “conexión local”. Este clérigo musulmán, que tenía vínculos fluidos con los servicios secretos del régimen de los ayatollah, se desempeñaba en Argentina como el líder de la mezquita de Flores. Cuando vio que su situación se complicaba, ingresó a la Embajada de Irán con el puesto de agregado cultural. Después e inexplicablemente, el Gobierno de Carlos Menem, en vez de detenerlo, lo expulsó del país.
Cada 18 de julio, cuando recordamos el atentado y a sus víctimas, en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) decimos que no es cierto que no haya verdad ni justicia porque sí hay verdad. Gracias a Nisman sabemos qué ha pasado y quiénes son los responsables. Entre ellos, ocho funcionarios iraníes que no se someten a la jurisdicción argentina y cuya acusación consta en el dictamen que Nisman presentó en 2006. Entonces y como decía al comienzo, se impone rescatar la figura del fiscal general que esclareció la causa AMIA.
Tras el juicio oral de 2004 que acabó en la absolución de los imputados y en la denuncia de las irregularidades halladas en la investigación, el Ministerio Público designa a Nisman como fiscal especial del caso y ahí comienza la “causa AMIA II”. Hay que decir que esa decisión tuvo el apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner.
A Nisman le toca desandar el camino que habían seguido Galeano y compañía. Ello significó una tarea muy ardua puesto que había que descartar las versiones “plantadas”, purgar los vicios y rescatar los elementos válidos para continuar sobre terreno firme. A partir de un análisis sorprendente de información de inteligencia, que incluyó cruces de movimientos de cuentas bancarias y de llamados telefónicos, Nisman llegó a determinar que la cúpula que en ese momento gobernaba Irán se había reunido en Mashhad, segunda ciudad del país, para planificar el atentado. Entonces, la decisión, la autoría intelectual del crimen, fue obra de Irán mientras que la ejecución corrió por cuenta de Hezbollah. La tarea investigativa de Nisman incluso permitió confirmar que Ibrahim Hussein Berro, militante de esa organización terrorista, se había inmolado en la operación de la AMIA.
El trabajo del fiscal especial permitió asimismo dilucidar la actuación de Mohsen Rabbani como la tan buscada “conexión local”. Este clérigo musulmán, que tenía vínculos fluidos con los servicios secretos del régimen de los ayatollah, se desempeñaba en Argentina como el líder de la mezquita de Flores. Cuando vio que su situación se complicaba, ingresó a la Embajada de Irán con el puesto de agregado cultural. Después e inexplicablemente, el Gobierno de Carlos Menem, en vez de detenerlo, lo expulsó del país.
Cada 18 de julio, cuando recordamos el atentado y a sus víctimas, en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) decimos que no es cierto que no haya verdad ni justicia porque sí hay verdad. Gracias a Nisman sabemos qué ha pasado y quiénes son los responsables. Entre ellos, ocho funcionarios iraníes que no se someten a la jurisdicción argentina y cuya acusación consta en el dictamen que Nisman presentó en 2006. Entonces y como decía al comienzo, se impone rescatar la figura del fiscal general que esclareció la causa AMIA.
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