Media sanción para la Ley de Inteligencia

13 Febrero 2015
BUENOS AIRES.- El oficialismo consiguió aprobar ayer, en el Senado, el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con la cual el Gobierno busca remplazar a la actual Secretaría de Inteligencia (SI) -ex SIDE- tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, en una sesión especial en la que la mayoría de las bancadas opositoras pegaron el faltazo, con la excepción del interbloque peronista disidente.

En una sesión de rápido trámite de casi tres horas, el proyecto, cuyo original recibió algunas modificaciones a pedido de legisladores y algunos especialistas que asistieron al tratamiento en comisión, fue aprobado en general y en particular y en una sola votación, por 38 votos afirmativos del oficialismo y aliados, contra 7 negativos de los peronistas disidentes que integran el llamado interbloque Federal.

A las 14:15, el oficialismo había conseguido 38 senadores para dar inició a la sesión. Durante el debate, el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente Para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, sostuvo que la denuncia del extinto fiscal de la Causa AMIA, por presunto encubrimiento es “injusta” y “agravia” a la presidenta, Cristina Fernández, quien -según indicó- “siempre estuvo comprometida en la búsqueda de la verdad en la causa AMIA”. Así habló Pichetto al respaldar el pedido de un minuto de silencio en memoria del fiscal, efectuada por la peronista disidente por San Luis, Liliana Negre.

El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, explicó el interés del Gobierno por sancionar la ley al afirmar que “la Presidenta, a costa de soportar las campañas que hoy están en curso, dispuso un nuevo ordenamiento” y detalló que el sistema de inteligencia quedará “bajo la cabeza de la AFI”, que involucrará tanto la inteligencia para la defensa como la criminal.

Aclaró que la participación de la AFI en “investigación criminal” será sólo “por decisión exclusiva de la Justicia y van a trabajar de manera excepcional” y remarcó “por orden de la mandataria los fondos van a ser públicos y transparentes”, salvo para algunas operaciones precisas de inteligencia.

El puntano Adolfo Rodríguez Saá, peronista disidente, comparó la propuesta oficial con “el ‘gatopardismo’ o ‘lampedusismo’: Cambiar todo para que no cambie nada”, porque a su entender “mantiene en la ley los mecanismos que han permitido los procedimientos corruptos en todos los tiempos”. (DyN)

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