15 Febrero 2015
DOS EN SU DEFENSA. Los ministros Rossi y Randazzo salieron a desacreditar la denuncia contra la Presidenta. dyn (archivo)
BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino criticó la decisión de un fiscal de avalar e investigar una denuncia de su colega Alberto Nisman, quien apareció muerto el mes pasado tras imputar a la presidenta Cristina Fernández por un supuesto intento de encubrir a los acusados del atentado a la AMIA.
El fiscal Gerardo Pollicita envió el viernes un escrito al juez a cargo de la causa, en el que consideró que hay evidencia suficiente para intentar comprobar el complot oficial que, además de la mandataria, implica a su canciller y a un legislador.
“No han logrado sostener nada (...) En este caso ni siquiera hay pedido de indagatoria porque no hay elementos para eso”, dijo el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández. “Eventualmente, si no se presentara a la declaración indagatoria, recién en ese caso se podrá pedir el desafuero o el juicio político, sin saber cuál va a ser el resultado”, añadió.
El fiscal Pollicita, quien se hizo cargo del caso, solicitó al juez de la causa una serie de medidas de prueba que no se dieron a conocer, pero no pidió que Fernández sea interrogada, algo que Nisman había incluido en su denuncia.
Expertos han aclarado que la imputación de la Presidenta no implica que vaya a ser llamada a declarar por las acusaciones. Además, Aníbal intentó poner en duda la dedicación del fiscal Pollicita que resolvió la imputación en base a la investigación de Nisman al considerar que “se nota que está organizando una marcha porque mucho trabajo no podía hacer”, en alusión a la movilización del miércoles.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también rechazó el sábado la decisión de Pollicita de llevar adelante la denuncia, a la que calificó como una expresión desestabilizante y sin legitimidad jurídica.
“Lo que preocupa es ver un grupo de fiscales y jueces que actúan, no pensando en que tienen que impartir justicia sino en ver cómo dañan al Gobierno nacional”, señaló Rossi.
En tanto, el ministro del Interior y precandidato presidencial del oficialismo, Florencio Randazzo, calificó de “verdadero disparate” la denuncia contra la Presidenta, y la atribuyó a que el Poder Judicial “no termina perdonándole a Cristina la autonomía e independencia del poder económico y mediático que tanto daño le ha hecho a este país”.
Mediante un comunicado, la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados señaló que “la endeble denuncia contra nuestra presidenta, presentada hace un mes por el fiscal Nisman, a pesar de lo inconsistente, ahora en manos del fiscal Pollicita sirvió para avanzar en esta embestida desestabilizadora”. “Desde Unidos y Organizados -continúa el documento-, rechazamos la operación destituyente orquestada desde comienzo de año y reclamamos de parte de las fuerzas políticas opositoras una actitud responsable y patriótica, denunciando -y no aceptando a ciegas- las presiones que llegan ahora también del exterior, más precisamente de Estados Unidos”.
Nisman, que fue hallado con un disparo en la cabeza el domingo 18 de enero en su departamento junto a un arma de fuego, había estado por más de una década a cargo de investigar el atentado a la mutual judía AMIA, que terminó con la vida de 85 personas dos décadas atrás.
Días antes de morir, el fiscal denunció la existencia de un plan gubernamental para intentar desviar la pesquisa y encubrir a los iraníes acusados por ese ataque a cambio de beneficios comerciales. El Gobierno dijo desde el principio que la denuncia es absurda y algunos especialistas legales la consideraron débil por no contar con evidencias concretas. (Reuters-Télam- DyN)
El fiscal Gerardo Pollicita envió el viernes un escrito al juez a cargo de la causa, en el que consideró que hay evidencia suficiente para intentar comprobar el complot oficial que, además de la mandataria, implica a su canciller y a un legislador.
“No han logrado sostener nada (...) En este caso ni siquiera hay pedido de indagatoria porque no hay elementos para eso”, dijo el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández. “Eventualmente, si no se presentara a la declaración indagatoria, recién en ese caso se podrá pedir el desafuero o el juicio político, sin saber cuál va a ser el resultado”, añadió.
El fiscal Pollicita, quien se hizo cargo del caso, solicitó al juez de la causa una serie de medidas de prueba que no se dieron a conocer, pero no pidió que Fernández sea interrogada, algo que Nisman había incluido en su denuncia.
Expertos han aclarado que la imputación de la Presidenta no implica que vaya a ser llamada a declarar por las acusaciones. Además, Aníbal intentó poner en duda la dedicación del fiscal Pollicita que resolvió la imputación en base a la investigación de Nisman al considerar que “se nota que está organizando una marcha porque mucho trabajo no podía hacer”, en alusión a la movilización del miércoles.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también rechazó el sábado la decisión de Pollicita de llevar adelante la denuncia, a la que calificó como una expresión desestabilizante y sin legitimidad jurídica.
“Lo que preocupa es ver un grupo de fiscales y jueces que actúan, no pensando en que tienen que impartir justicia sino en ver cómo dañan al Gobierno nacional”, señaló Rossi.
En tanto, el ministro del Interior y precandidato presidencial del oficialismo, Florencio Randazzo, calificó de “verdadero disparate” la denuncia contra la Presidenta, y la atribuyó a que el Poder Judicial “no termina perdonándole a Cristina la autonomía e independencia del poder económico y mediático que tanto daño le ha hecho a este país”.
Mediante un comunicado, la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados señaló que “la endeble denuncia contra nuestra presidenta, presentada hace un mes por el fiscal Nisman, a pesar de lo inconsistente, ahora en manos del fiscal Pollicita sirvió para avanzar en esta embestida desestabilizadora”. “Desde Unidos y Organizados -continúa el documento-, rechazamos la operación destituyente orquestada desde comienzo de año y reclamamos de parte de las fuerzas políticas opositoras una actitud responsable y patriótica, denunciando -y no aceptando a ciegas- las presiones que llegan ahora también del exterior, más precisamente de Estados Unidos”.
Nisman, que fue hallado con un disparo en la cabeza el domingo 18 de enero en su departamento junto a un arma de fuego, había estado por más de una década a cargo de investigar el atentado a la mutual judía AMIA, que terminó con la vida de 85 personas dos décadas atrás.
Días antes de morir, el fiscal denunció la existencia de un plan gubernamental para intentar desviar la pesquisa y encubrir a los iraníes acusados por ese ataque a cambio de beneficios comerciales. El Gobierno dijo desde el principio que la denuncia es absurda y algunos especialistas legales la consideraron débil por no contar con evidencias concretas. (Reuters-Télam- DyN)