Por Roberto Delgado
01 Marzo 2015
En 2004 el aún flamante gobernador José Alperovich y buena parte de su gabinete visitaban Cuba, en su primer viaje oficial. Una guía turística que hacía conocer La Habana planteó, ya bien pasado el mediodía, si el grupo prefería pasar por la casa del Che o volver al hotel, almorzar y luego seguir con el recorrido. El grupo se quedó en silencio, hasta que uno de los funcionarios, medio en broma, preguntó: “¿A dónde queremos ir, José?”
Para José Alperovich es tiempo de balances y de rendición de cuentas. En su último mensaje como gobernador ante la Asamblea Legislativa hablará de logros de su gestión y expectativas frente al Tucumán del Bicentenario, al cabo de 12 años de un gobierno que gastó/invirtió más de 100.000 millones en presupuestos públicos en medio de la bonanza económica atravesada por la emergencia permanente que ha permitido a la vez hacer obras públicas (el pavimento es un emblema de gestión) y postergar o manejar el pago de deudas judiciales de la administración.
Al igual que el gobierno nacional, empezó con la salida del infierno de la crisis de comienzos del milenio y pasaron 12 años de programas nacionales de inclusión social, reducción de la mortalidad infantil, programas de seguridad social, y obras de infraestructura en viviendas, módulos habitacionales, hospitales y escuelas, pero el tembladeral del fin de gestión genera planteos acerca de la profundidad del cambio y de los verdaderos alcances sociales del modelo kirchnerista y del alperovichismo, apenas rozado aún por las tensiones nacionales. El año pasado, el gobernador había dicho que consolidaron las instituciones de la provincia “y avanzamos en la recomposición del tejido social que se hallaba desmembrado en 2003”. Pero la sociedad crispada del fin de mandato pone en duda esa aseveración. En este tiempo electoral se va a discutir si, como dijo el año pasado el doctor en ciencias sociales Natalio R. Botana, estamos en “un plano inclinado hacia la declinación tras un período de recursos abundantes”, con “una sociedad establecida rodeada por otra que vive en la miseria” (LA GACETA, 2/1/14), o bien, como dijo el jurista kirchnerista Eugenio Raúl Zaffaroni, se trata de una lucha “entre una sociedad inclusiva que distribuye la renta y una sociedad excluyente que no distribuye nada y mantiene los privilegios de origen” y que se potencia, según Zaffaroni, “con la sensación de caos que producen los medios” (LA GACETA, 20/9/14).
Modelo fallado
Ese caos supuestamente ficticio del que habla el ex juez de la Corte Suprema ha sacudido constantemente al Gobierno de Alperovich, que nunca supo qué hacer frente a la inseguridad. No sólo se refleja en el aumento sustancial de causas penales (de las 40.000 de 2003 se pasó a las 75.000 de 2014) sino en la impotencia frente al imparable delito callejero y al crecimiento sustancial de la tasa de homicidios desde un promedio de 60 por año a los 112 de 2013. Alperovich, que había asumido en 2003 con la premisa de que Tucumán tendría “un nuevo modelo y un nuevo concepto de seguridad” (creó para ello el Ministerio de Seguridad Ciudadana), duplicó la cantidad de policías (hoy son 8.000), compró autos y armas y se sumó a las modas imperantes: compró GPS para seguir a los patrulleros y llenó de cámaras de vigilancia las zonas céntricas urbanas y de movimiento comercial, sobre todo capital y Yerba Buena. Pero la estrategia falló. “Uno de los temas que todavía no están resueltos en Tucumán es la seguridad. El alcohol y la droga están relacionados a la inseguridad y tenemos que seguir trabajando fuerte”, dijo hace un año. Aunque se cansaron de detener gente, creció el delito: el gobernador decía en 2006 que si se enviaba a la cárcel a los 400 delincuentes que había se solucionaba el problema; ahora su secretario de Seguridad, Paul Hofer, dice que si se construyen dos cárceles más y se modifican algunas leyes, se resuelve el asunto.
Pero por detrás está la realidad. Esta semana volvió a las portadas el caso de Paulina Lebbos, asesinada en febrero de 2006. No sólo se trata de la marcha en reclamo de justicia, sino de que el último fiscal del caso, Diego López Ávila, al pedir que se envíe la causa a juicio, ha puesto de manifiesto más detalles policiales y judiciales inquietantes, que se suman a las aberraciones que ya se conocían como la dilación que hizo el ex fiscal Carlos Albaca y el sorprendente encubrimiento del que están acusados desde el ex secretario de seguridad Eduardo Di Lella hasta un oficial menor de Raco, zona donde se halló el cuerpo dos semanas después de la desaparición. Ahora se conoce que Paulina fue asesinada el mismo día en que desapareció, que su cuerpo estuvo varios días en el lugar en que fue hallado el 11 de marzo, y que hubo una reunión de los altos jefes policiales con Di Lella en Raco el mismo 26 de febrero a la noche.
Pero estos son datos fríos, que no vinculan a nadie con el crimen. Aunque el padre de la víctima, Alberto Lebbos, se pregunta cómo es posible que los acusados altos jefes policiales y el jefe de la comisaría de Raco, condenado por falsificación del acta del hallazgo del cuerpo, encubran sólo al empleado de comuna Luis Gómez, el acusado del homicidio. “Ellos protegen a alguien poderoso”, dice Lebbos. Este homicidio tiró por tierra la promesa de Alperovich de su discurso del 24/10/2003, de que “la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable”.
El primer fiscal del caso Lebbos, Alejandro Noguera (que fue apartado de la causa pocos días después del homicidio, tras ser sorprendido por LA GACETA cuando salía de una reunión nocturna en la casa de Alperovich) es el que está en el medio del escándalo ahora, tras haber sido denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia Federal de tener vínculos con el clan de los Ale. Concretamente, se acusa a Noguera (que fue ascendido a fiscal de Cámara después de haber sido apartado del escándalo Lebbos) de haber favorecido a Rubén “La Chancha” Ale en una causa por usurpación y de haberle enviado una carta de amistad al imputado. Ale, acusado de haberle quitado mediante amenazas una finca a Sergio Carrasco y de haber sembrado y cosechado en ese terreno, fue beneficiado por el fiscal Guillermo Herrera y por Noguera, quienes adujeron que se cayó la acción pública cuando Ale le pagó 300.000 pesos a Carrasco y le devolvió el terreno.
El caso de los Ale también toca de lleno en la inseguridad de Tucumán. Acusados por todas partes en las últimas tres décadas, siempre fueron sobreseidos (caso del doble crimen de los Gardelitos de 2007 y de tenencia de armas de guerra en el caso por la muerte del oficial Juan Andrés Salinas, en 1991) o bien se cayeron las causas. La Justicia tucumana jamás los pudo tocar y es ahora, por instancia de la Fundación “María de los Ángeles”, la UIF, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas, que se los acusa de tejer una red de trata de personas para explotación sexual y de haber conformado una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y el lavado de activos.
Es más: el juez federal N° 2, Fernando Poviña, los acusa de usura; de prestarles plata a los clientes de los locales de juegos de azar “para luego exigirles lo adeudado o bien la entrega de bienes, coactivamente”. El titular de la UIF, José Sbatella, dijo en octubre que se estaba logrando “debilitar el poderío de este grupo mafioso que en estos años ha llegado a controlar casi toda la provincia”. ¿Qué significa “controlar la provincia”? ¿Tener contactos con policías (como el que les avisaba cuando se iban a hacer operativos en su contra) o con fiscales? ¿Y con jueces? ¿Y con funcionarios?
La Procelac, que dirige Carlos Gonella, les cayó encima después de que Susana Trimarco los denunciara en la UIF durante el juicio por la desaparición de su hija Marita Verón. Pero Gonella está bajo la lupa, acusado de parcialidad filokirchnerista y de no investigar a Lázaro Báez. ¿Qué pasaría con los Ale si cambiara el gobierno nacional y se fuera Gonella? Acaso las causas se caerían en la Justicia Federal como se caen en la tucumana.
El arte de cajonear
¿La administración tucumana es indiferente a esto? Este gobierno ha sido responsable del nombramiento de la mayoría de los fiscales de instrucción actuales -Alperovich los nombró a dedo desde 2004 a 2010- y puso a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema. ¿El statu quo con que se manejan las cosas en la Justicia no roza al gobierno? Hoy está cuestionado el ex fiscal Carlos Albaca por haber cajoneado durante siete años la causa de Paulina. Pero Albaca también cajoneó la investigación del asesinato del oficial Salinas, que ya estaría prescripta. En ella están acusados los ex miembros del Comando Atila, que a comienzos de los 90 competían con los Ale por los negocios vinculados con el juego. Los Atila han desaparecido de la luz pública y excepto uno que está acusado por homicidio de un cacique, hoy son empresarios prósperos que hacen negocios con el Estado. Por otro lado, ¿no deberían la fiscala Adriana Giannoni o la jueza Mirta Lenis de Vera, que recibieron la causa Salinas, denunciar penalmente a Albaca por haber cajoneado también este caso?
Ha sido el empuje de Susana Trimarco lo que crucificó a los Ale y que obligó a la Justicia a cambiar el fallo absolutorio de 2013 contra los acusados de la desaparición de Marita por uno condenatorio de 2014. Alperovich fue un títere voluntario de Trimarco en este caso. Pero por debajo está la ineficiencia judicial y policial para investigar el caso Verón, tan escandaloso como el de Paulina Lebbos. Nada hicieron el Gobierno ni la Justicia al respecto.
Hace pocos meses, en medio de las constantes pequeñas protestas vecinales por robos y asaltos, Alperovich dijo que “lo que estamos haciendo es darle a la Policía todos los elementos que nos piden y que se necesita para que después no digan que hay inseguridad y no tienen con qué trabajar”, dejándole a la Policía la decisión sobre qué hacer. Como hizo con Di Lella, que confesó después de siete años de estar en el cargo de secretario, que no sabía nada de seguridad. Con lo cual podrían volver a ocurrir casos como los de Paulina o Marita. Así, se podría citar nuevamente al kirchnerista Zaffaroni, que dijo, cuando presentó en la Corte de Tucumán el Plan de Monitoreo preventivo de la criminalidad violenta”, que “nadie invierte en el conocimiento de la realidad”.
Hoy es el discurso de despedida de Alperovich de su gestión. Dejará un informe extenso de obras de pavimento, agua, cloacas, viviendas, educación, salud y fomento a la industria. Hablará de la inversión en materia de seguridad y mencionará los cambios que se han hecho para la provincia del futuro. ¿Será esto la realidad? Bien vendría que el funcionario que viajó con él a Cuba en 2004 volviera a preguntarle “¿A dónde queremos ir, José?”
Para José Alperovich es tiempo de balances y de rendición de cuentas. En su último mensaje como gobernador ante la Asamblea Legislativa hablará de logros de su gestión y expectativas frente al Tucumán del Bicentenario, al cabo de 12 años de un gobierno que gastó/invirtió más de 100.000 millones en presupuestos públicos en medio de la bonanza económica atravesada por la emergencia permanente que ha permitido a la vez hacer obras públicas (el pavimento es un emblema de gestión) y postergar o manejar el pago de deudas judiciales de la administración.
Al igual que el gobierno nacional, empezó con la salida del infierno de la crisis de comienzos del milenio y pasaron 12 años de programas nacionales de inclusión social, reducción de la mortalidad infantil, programas de seguridad social, y obras de infraestructura en viviendas, módulos habitacionales, hospitales y escuelas, pero el tembladeral del fin de gestión genera planteos acerca de la profundidad del cambio y de los verdaderos alcances sociales del modelo kirchnerista y del alperovichismo, apenas rozado aún por las tensiones nacionales. El año pasado, el gobernador había dicho que consolidaron las instituciones de la provincia “y avanzamos en la recomposición del tejido social que se hallaba desmembrado en 2003”. Pero la sociedad crispada del fin de mandato pone en duda esa aseveración. En este tiempo electoral se va a discutir si, como dijo el año pasado el doctor en ciencias sociales Natalio R. Botana, estamos en “un plano inclinado hacia la declinación tras un período de recursos abundantes”, con “una sociedad establecida rodeada por otra que vive en la miseria” (LA GACETA, 2/1/14), o bien, como dijo el jurista kirchnerista Eugenio Raúl Zaffaroni, se trata de una lucha “entre una sociedad inclusiva que distribuye la renta y una sociedad excluyente que no distribuye nada y mantiene los privilegios de origen” y que se potencia, según Zaffaroni, “con la sensación de caos que producen los medios” (LA GACETA, 20/9/14).
Modelo fallado
Ese caos supuestamente ficticio del que habla el ex juez de la Corte Suprema ha sacudido constantemente al Gobierno de Alperovich, que nunca supo qué hacer frente a la inseguridad. No sólo se refleja en el aumento sustancial de causas penales (de las 40.000 de 2003 se pasó a las 75.000 de 2014) sino en la impotencia frente al imparable delito callejero y al crecimiento sustancial de la tasa de homicidios desde un promedio de 60 por año a los 112 de 2013. Alperovich, que había asumido en 2003 con la premisa de que Tucumán tendría “un nuevo modelo y un nuevo concepto de seguridad” (creó para ello el Ministerio de Seguridad Ciudadana), duplicó la cantidad de policías (hoy son 8.000), compró autos y armas y se sumó a las modas imperantes: compró GPS para seguir a los patrulleros y llenó de cámaras de vigilancia las zonas céntricas urbanas y de movimiento comercial, sobre todo capital y Yerba Buena. Pero la estrategia falló. “Uno de los temas que todavía no están resueltos en Tucumán es la seguridad. El alcohol y la droga están relacionados a la inseguridad y tenemos que seguir trabajando fuerte”, dijo hace un año. Aunque se cansaron de detener gente, creció el delito: el gobernador decía en 2006 que si se enviaba a la cárcel a los 400 delincuentes que había se solucionaba el problema; ahora su secretario de Seguridad, Paul Hofer, dice que si se construyen dos cárceles más y se modifican algunas leyes, se resuelve el asunto.
Pero por detrás está la realidad. Esta semana volvió a las portadas el caso de Paulina Lebbos, asesinada en febrero de 2006. No sólo se trata de la marcha en reclamo de justicia, sino de que el último fiscal del caso, Diego López Ávila, al pedir que se envíe la causa a juicio, ha puesto de manifiesto más detalles policiales y judiciales inquietantes, que se suman a las aberraciones que ya se conocían como la dilación que hizo el ex fiscal Carlos Albaca y el sorprendente encubrimiento del que están acusados desde el ex secretario de seguridad Eduardo Di Lella hasta un oficial menor de Raco, zona donde se halló el cuerpo dos semanas después de la desaparición. Ahora se conoce que Paulina fue asesinada el mismo día en que desapareció, que su cuerpo estuvo varios días en el lugar en que fue hallado el 11 de marzo, y que hubo una reunión de los altos jefes policiales con Di Lella en Raco el mismo 26 de febrero a la noche.
Pero estos son datos fríos, que no vinculan a nadie con el crimen. Aunque el padre de la víctima, Alberto Lebbos, se pregunta cómo es posible que los acusados altos jefes policiales y el jefe de la comisaría de Raco, condenado por falsificación del acta del hallazgo del cuerpo, encubran sólo al empleado de comuna Luis Gómez, el acusado del homicidio. “Ellos protegen a alguien poderoso”, dice Lebbos. Este homicidio tiró por tierra la promesa de Alperovich de su discurso del 24/10/2003, de que “la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable”.
El primer fiscal del caso Lebbos, Alejandro Noguera (que fue apartado de la causa pocos días después del homicidio, tras ser sorprendido por LA GACETA cuando salía de una reunión nocturna en la casa de Alperovich) es el que está en el medio del escándalo ahora, tras haber sido denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia Federal de tener vínculos con el clan de los Ale. Concretamente, se acusa a Noguera (que fue ascendido a fiscal de Cámara después de haber sido apartado del escándalo Lebbos) de haber favorecido a Rubén “La Chancha” Ale en una causa por usurpación y de haberle enviado una carta de amistad al imputado. Ale, acusado de haberle quitado mediante amenazas una finca a Sergio Carrasco y de haber sembrado y cosechado en ese terreno, fue beneficiado por el fiscal Guillermo Herrera y por Noguera, quienes adujeron que se cayó la acción pública cuando Ale le pagó 300.000 pesos a Carrasco y le devolvió el terreno.
El caso de los Ale también toca de lleno en la inseguridad de Tucumán. Acusados por todas partes en las últimas tres décadas, siempre fueron sobreseidos (caso del doble crimen de los Gardelitos de 2007 y de tenencia de armas de guerra en el caso por la muerte del oficial Juan Andrés Salinas, en 1991) o bien se cayeron las causas. La Justicia tucumana jamás los pudo tocar y es ahora, por instancia de la Fundación “María de los Ángeles”, la UIF, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas, que se los acusa de tejer una red de trata de personas para explotación sexual y de haber conformado una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y el lavado de activos.
Es más: el juez federal N° 2, Fernando Poviña, los acusa de usura; de prestarles plata a los clientes de los locales de juegos de azar “para luego exigirles lo adeudado o bien la entrega de bienes, coactivamente”. El titular de la UIF, José Sbatella, dijo en octubre que se estaba logrando “debilitar el poderío de este grupo mafioso que en estos años ha llegado a controlar casi toda la provincia”. ¿Qué significa “controlar la provincia”? ¿Tener contactos con policías (como el que les avisaba cuando se iban a hacer operativos en su contra) o con fiscales? ¿Y con jueces? ¿Y con funcionarios?
La Procelac, que dirige Carlos Gonella, les cayó encima después de que Susana Trimarco los denunciara en la UIF durante el juicio por la desaparición de su hija Marita Verón. Pero Gonella está bajo la lupa, acusado de parcialidad filokirchnerista y de no investigar a Lázaro Báez. ¿Qué pasaría con los Ale si cambiara el gobierno nacional y se fuera Gonella? Acaso las causas se caerían en la Justicia Federal como se caen en la tucumana.
El arte de cajonear
¿La administración tucumana es indiferente a esto? Este gobierno ha sido responsable del nombramiento de la mayoría de los fiscales de instrucción actuales -Alperovich los nombró a dedo desde 2004 a 2010- y puso a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema. ¿El statu quo con que se manejan las cosas en la Justicia no roza al gobierno? Hoy está cuestionado el ex fiscal Carlos Albaca por haber cajoneado durante siete años la causa de Paulina. Pero Albaca también cajoneó la investigación del asesinato del oficial Salinas, que ya estaría prescripta. En ella están acusados los ex miembros del Comando Atila, que a comienzos de los 90 competían con los Ale por los negocios vinculados con el juego. Los Atila han desaparecido de la luz pública y excepto uno que está acusado por homicidio de un cacique, hoy son empresarios prósperos que hacen negocios con el Estado. Por otro lado, ¿no deberían la fiscala Adriana Giannoni o la jueza Mirta Lenis de Vera, que recibieron la causa Salinas, denunciar penalmente a Albaca por haber cajoneado también este caso?
Ha sido el empuje de Susana Trimarco lo que crucificó a los Ale y que obligó a la Justicia a cambiar el fallo absolutorio de 2013 contra los acusados de la desaparición de Marita por uno condenatorio de 2014. Alperovich fue un títere voluntario de Trimarco en este caso. Pero por debajo está la ineficiencia judicial y policial para investigar el caso Verón, tan escandaloso como el de Paulina Lebbos. Nada hicieron el Gobierno ni la Justicia al respecto.
Hace pocos meses, en medio de las constantes pequeñas protestas vecinales por robos y asaltos, Alperovich dijo que “lo que estamos haciendo es darle a la Policía todos los elementos que nos piden y que se necesita para que después no digan que hay inseguridad y no tienen con qué trabajar”, dejándole a la Policía la decisión sobre qué hacer. Como hizo con Di Lella, que confesó después de siete años de estar en el cargo de secretario, que no sabía nada de seguridad. Con lo cual podrían volver a ocurrir casos como los de Paulina o Marita. Así, se podría citar nuevamente al kirchnerista Zaffaroni, que dijo, cuando presentó en la Corte de Tucumán el Plan de Monitoreo preventivo de la criminalidad violenta”, que “nadie invierte en el conocimiento de la realidad”.
Hoy es el discurso de despedida de Alperovich de su gestión. Dejará un informe extenso de obras de pavimento, agua, cloacas, viviendas, educación, salud y fomento a la industria. Hablará de la inversión en materia de seguridad y mencionará los cambios que se han hecho para la provincia del futuro. ¿Será esto la realidad? Bien vendría que el funcionario que viajó con él a Cuba en 2004 volviera a preguntarle “¿A dónde queremos ir, José?”
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