Justicia para pocos
Cristina Fernández de Kirchner hizo con la Justicia lo mismo que con los medios: con la “buena intención” de quebrar los hegemónicos multimedios, volcó la balanza hacia el otro extremo hasta casi quebrarla; con la “loable finalidad” de democratizar el Poder Judicial, lo volvió más viciado, oculto, enmascarado, cobarde y corrupto de lo que ya era.

Porque es cierto que en el país hay medios monopólicos y que la Justicia está infectada por intereses de los más oscuros. Pero verdadero es también que en ambos casos el aporte del kirchnerismo fue nocivo, porque no logró más equidad ni en uno ni en otro lugar. Al contrario, dividió ambos factores de poder y arrastró en esa guerra a la sociedad toda. Si la intención del revolucionario movimiento que fundó Néstor era la de desparramar igualdad y derribar los muros orgánicos en comunicación pública y administración judicial, todo lo borró cuando puso ambos a su servicio.

Para abundar: en el mundo del kirchnerismo creyente de las causas justas, los nuevos medios serían realmente críticos, con los K y con los antiK. Se derramarían ríos de tinta con debates concienzudos y veraces sobre la legalidad y honorabilidad de las medidas públicas de las más diversas. En lo que se refiere a la Justicia, cada funcionario denunciado pediría licencia de su cargo, desfilaría por Tribunales y daría explicaciones sobre lo que se le acusa.

Nada de ello sucedió.

“Eso es imposible”, explicarán los kirchneristas. “La lucha con las corporaciones es desigual y dejar que juzguen a la manzana podrida es lo mismo que abrirles la puerta para que destruyan todo lo que construimos”, ratificarán.

“¿De qué sirve una revolución por causas justas, entonces, si el costo es volverse tan o más sucios que los que combaten?”, contestarán otros.

Por eso el caso Nisman atragantó a la sociedad argentina. Todo es duda y sensación de desprotección. Todos están en la mira. Todos son sospechosos. Todos están desamparados.

Mayweather Vs. Pacquiao

En la más pequeña de las provincias argentinas sucede lo mismo, a peor escala y con una naturalización alarmante de lo que son los manejos selectivos del Poder Judicial tucumano.

En los pasillos de los tres poderes del Estado se habla como si nada de la guerra que –afirman- se libra entre dos legendarios peso pesados del Poder Judicial: Edmundo Jiménez y José Ricardo Falú. Es –añaden- la pelea del siglo. Los veteranos dirigentes son como Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, peleando por la gloria total en la arena que más conocen. ¿Vale la comparación? Los CV de la yunta de boxeadores judiciales lo comprueban.

Falú fue cuatro veces vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, fue funcionario de tres gobernadores y ministro fiscal del máximo tribunal. A diputado nacional llegó con partido propio y antes de que Julio Miranda y de que José Alperovich llegaran al sillón de Lucas Córdoba, sus aspiraciones de ser el candidato del PJ y sus chances reales de sentarse en esa poltrona pegaron en el palo y en el travesaño, respectivamente.

Jiménez supo jugar siempre a la par del hombre que hoy enfrenta. Con un perfil más bajo, se inmiscuyó en los asuntos del Palacio Judicial casi desde que la democracia volvió al país de manera ininterrumpida. Supo ser mucho más sigiloso que el sobresaliente (por su altura física) ex vocal de la Corte. Sin embargo, fue un armador clave del José Alperovich candidato a gobernador y el ya jefe de Estado comarcano siempre lo tuvo cerca, como un as en su manga. Jiménez tejió buenas relaciones con la influyente Beatriz Rojkés, a quien con paciencia trató de enseñarle el arte de la política, hasta que terminó en el estratégico cargo que hoy ostenta: el de ministro fiscal de la Corte. No llegó –aún— a su soñado puesto de vocal del máximo tribunal.

Nadie nunca, en esta norteña provincia, dudó jamás que Jiménez y Falú –y los “cuatro fantásticos” abogados de una logia privilegiada- eran los hombres que había que buscar si de sortear un problema tribunalicio se trataba.

Sin embargo, hoy, como el estadounidense y el filipino, están a las piñas disputándose el poder… ¡En un Poder del Estado!

La primera mueca de indicio sobre el fin del idilio Jiménez-Falú salió a la luz por cuestiones “naturales”, antes que el ex ministro de Gobierno de Alperovich llegara a Tribunales. Por ese entonces, “Pirincho” ya había designado a una centena de magistrados en el Poder Judicial. Por el mero paso de los años, Falú comenzaba a ver cómo desaparecían de su amplio espectro los togados fieles a él. A lo natural le siguió lo matemático: a menos hombres afines a uno, más obedientes a otro, habrá pensado el ex diputado nacional. La sangre comenzó allí a instalarse en su ojo.

Y vino el contraataque. Alfredo Falú, hijo del reconocido abogado, dio la cara por primera vez en los medios para lanzar una aseveración, en lo formal, y una advertencia, en lo subliminal: elevó ante el fuero penal local una denuncia contra Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Se trata del cuestionado funcionario que debió ser apartado del caso Lebbos luego de aparecer en una fotografía de LA GACETA saliendo de la casa del gobernador en pleno escándalo por la desaparición de Paulina. Y que ahora fue denunciado por la Unidad de Información Financiera por una carta amistosa que –siempre según el organismo nacional- le habría remitido a Rubén Ale.

“Noguera es peor y más peligroso que la mafia porque mientras esta opera desde la clandestinidad y es fácilmente reconocida por la ciudadanía, Noguera lo hace desde el seno del Poder Judicial llamado precisamente a investigar y sancionar el delito”, opinó ante este diario. Y añadió: “junto al juez (Juan Francisco) Pisa es lo peor de los Tribunales penales: ambos protegen una y otra vez a los delincuentes, y dejan en indefensión a las víctimas haciendo tremendamente difícil la tarea de los abogados”. En criollo: Falú les lanzó un gancho a los magistrados de Jiménez.

Otra vez, como en el triste cuento de nuestra realidad nacional del principio de esta historia, la loable acción del abogado choca con los rumores de pasillos: lo que se busca no es Justicia, sino dejar en claro quién maneja ese poder. En Tribunales, el desprestigio ya está regado. Nadie que haya tenido que lidiar con un pleito desconoce el poder del selectísimo grupete de abogados que logra definir quién es culpable y quién inocente, más allá que en los hechos lo sea o no. Todos miran de reojo a Jiménez, porque llegó a Tribunales en el epílogo de la gestión, con los fantasmas de que estacionó allí como garante de que ninguna causa moleste a Alperovich y los suyos. “Pirincho” disimula. Se pelea con los ministros de José Jorge en público y patalea para los flashes por la falta de apoyo para sus planes de instaurar una Justicia más efectiva. En la semana que se termina, hasta mandó un escrito al Poder Ejecutivo reclamando que no le dieron ni más recursos económicos ni humanos para combatir el crimen como los tiempos actuales lo exigen. Pero pocos creen, ya, en cuentos de hadas. Porque los buenos se vuelven malos y los villanos héroes según de qué lado del mostrador estén.

Para sí mismos


En medio de esa desazón, los políticos se enfrascan en peleas intestinas y sin sentido. Miran al piso, mientras el reclamo social es por alguien que los enfrente cara a cara y les diga qué harán por ellos. Por estas horas, la dupla que encabeza el enriquecido Juan Manzur lidera las encuestas. El José Cano que logró polarizar la última elección vacila entre peronistas –imprescindibles para llegar al poder- y radicales que, cual hija del medio, plantean cuestiones de celos caprichosos y contraproducentes. Domingo Amaya, la tercera pata importante de cara a los comicios provinciales, se deja cegar por luces de neón que les dan calor y color a sus aspiraciones gubernamentales. No llegará solo. Ni él ni Cano. Parece que nadie se atreve, o que a nadie le conviene, decirles a los otrora jóvenes promesas que ya no tendrán ninguno de los dos calificativos dentro de cuatro años. O pelean y mueren en la batalla o no poseerán ni la chance de luchar por la subsistencia. El cuarto en discordia por la Gobernación, el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, no la pasa –ni la pasará- mejor. “Hijo de remil putas y ladrón”, lanzó Sergio Schoklender el 15 de septiembre de 2011 en una entrevista con el diario La Nación. Las acusaciones de que López recibe coimas y, sobre todo, de que “destruyó” el plan Sueños Compartidos las repitió hace un par de días en un programa de cable de un canal de Rafaela.

Mientras todo sucede ante ciudadanos impávidos, la violencia echa raíces por estas tierras en forma de injusticias y de falta de claridad por parte de la clase dirigentel.

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