Por Guillermo Monti
13 Marzo 2015
No es verdad que la naturaleza se haya ensañado con Tucumán. La naturaleza no se ensaña con nada ni con nadie. Tampoco hay dioses arbitrarios repartiendo pocos premios y muchos castigos, por más que millones de estadounidenses estén convencidos de que Adán, Eva, la serpiente, Noé y el arca realmente existieron. No es un chiste, a los creacionistas hay que tomarlos muy en serio. No existe ninguna burocracia cósmica que le haya adjudicado al NOA un turno en la ventanilla de los desastres. Como siempre, las explicaciones son científicas y terrenales. Cambio climático más desaprensión y/o delincuencia con forma de desmontes más la imprevisión y/o negligencia que cargan los responsables de evitar que pase lo que está pasando. Un 3 a 0 tan contundente como el agua que se mete en una vivienda y arruina la vida de una familia.
La Ley Nacional de Bosques 26.331 se sancionó el 21 de noviembre de 2007 y hubo que esperar hasta febrero de 2009 para su reglamentación. Fue una batalla de lobbies: el público de las organizaciones ambientalistas a favor, el privado de los pooles de siembra en contra. El texto votado por el Congreso hibernaba en la Casa Rosada hasta que a Tartagal casi se la traga un alud. El PEN no tuvo más remedio que blanquear ese marco normativo, al que Tucumán se adhirió un año más tarde (es la Ley 8.304).
La sanción y posterior reglamentación de la Ley de Bosques fue un triunfo de la política, impulsada en este caso por decenas de ONGs activas y unidas en procura del objetivo. Es todo un mensaje para quienes reniegan de la política, confundiéndola con el accionar de ciertos políticos. El entramado de redes solidarias desplegado durante los últimos días en la provincia es una expresión netamente política, apartidaria pero no desideologizada. No son iniciativas que generen simpatía en los poderes fácticos, siempre recelosos de las estructuras que escapan a su control.
Las inundaciones están reflejando también la carnadura de las redes sociales como expresión de lo bueno y lo malo de los tucumanos. El fenómeno, jugosa materia para sociólogos, sirve como espejo de las conductas en estos tiempos complejos. Mientras hay quienes se valen de Twitter y, en especial, de Facebook para motorizar y coordinar movidas solidarias, otros los utilizan para enjuiciar, criticar y condenar desde el resentimiento (que es una forma perversa de canalizar la ignorancia). Un show de hablemos sin saber en el que cualquiera juega a ser ingeniero, arquitecto, director de Vialidad, climatólogo y -básicamente- dueño de la verdad. Las redes son como un martillo: contribuyen a construir una casa o le rompen la cabeza a cualquier hijo de vecino. Siempre dependerá del operador; o artesano o fiscal autodesignado.
Lo que precisa la Ley de Bosques, a partir de un detallado mapa de la provincia, es qué zonas pueden tocarse y cuáles no. En otras palabras: no es cierto que esté prohibido el desmonte en la totalidad de la geografía tucumana. Lo importante es saber cómo está actuando la Justicia en la materia, porque las denuncias de desmontes en áreas protegidas no son pocas. De jueces morosos y expedientes cajoneados está tapizado el universo de Tribunales, y de eso pueden hablar largo y tendido las ONGs dedicadas a custodiar el medio ambiente.
La emergencia forestal y la emergencia hídrica son caras de la misma moneda, de circulación permanente pero escasamente cotizada en Tucumán. Es falso que todos los funcionarios sean ineptos o no estén preocupados por el tema. Hay de todo, como en cualquier arista de la vida ciudadana. Lo que falta son políticas de Estado y ahí les caben las generales de la ley a los que mandan. Lo dicho más de una vez: Alperovich no es un estadista, lo suyo es la eterna coyuntura sumavotos. Quienes lo precedieron están cortados por la misma tijera. En ese sentido, nada diferencia a Alperovich de Riera, Domato, Ortega, Bussi o Miranda. Tampoco de Cano, Sacca o Casañas, quienes pretenden aparecer hoy con fórmulas salvadoras, como si hasta la semana pasada hubieran vivido en Suiza y no en el Parlamento nacional. Mientras tanto muchos tucumanos hacen política de la buena, la silenciosa, la que transforma y propone esperanza en plena marejada.
La Ley Nacional de Bosques 26.331 se sancionó el 21 de noviembre de 2007 y hubo que esperar hasta febrero de 2009 para su reglamentación. Fue una batalla de lobbies: el público de las organizaciones ambientalistas a favor, el privado de los pooles de siembra en contra. El texto votado por el Congreso hibernaba en la Casa Rosada hasta que a Tartagal casi se la traga un alud. El PEN no tuvo más remedio que blanquear ese marco normativo, al que Tucumán se adhirió un año más tarde (es la Ley 8.304).
La sanción y posterior reglamentación de la Ley de Bosques fue un triunfo de la política, impulsada en este caso por decenas de ONGs activas y unidas en procura del objetivo. Es todo un mensaje para quienes reniegan de la política, confundiéndola con el accionar de ciertos políticos. El entramado de redes solidarias desplegado durante los últimos días en la provincia es una expresión netamente política, apartidaria pero no desideologizada. No son iniciativas que generen simpatía en los poderes fácticos, siempre recelosos de las estructuras que escapan a su control.
Las inundaciones están reflejando también la carnadura de las redes sociales como expresión de lo bueno y lo malo de los tucumanos. El fenómeno, jugosa materia para sociólogos, sirve como espejo de las conductas en estos tiempos complejos. Mientras hay quienes se valen de Twitter y, en especial, de Facebook para motorizar y coordinar movidas solidarias, otros los utilizan para enjuiciar, criticar y condenar desde el resentimiento (que es una forma perversa de canalizar la ignorancia). Un show de hablemos sin saber en el que cualquiera juega a ser ingeniero, arquitecto, director de Vialidad, climatólogo y -básicamente- dueño de la verdad. Las redes son como un martillo: contribuyen a construir una casa o le rompen la cabeza a cualquier hijo de vecino. Siempre dependerá del operador; o artesano o fiscal autodesignado.
Lo que precisa la Ley de Bosques, a partir de un detallado mapa de la provincia, es qué zonas pueden tocarse y cuáles no. En otras palabras: no es cierto que esté prohibido el desmonte en la totalidad de la geografía tucumana. Lo importante es saber cómo está actuando la Justicia en la materia, porque las denuncias de desmontes en áreas protegidas no son pocas. De jueces morosos y expedientes cajoneados está tapizado el universo de Tribunales, y de eso pueden hablar largo y tendido las ONGs dedicadas a custodiar el medio ambiente.
La emergencia forestal y la emergencia hídrica son caras de la misma moneda, de circulación permanente pero escasamente cotizada en Tucumán. Es falso que todos los funcionarios sean ineptos o no estén preocupados por el tema. Hay de todo, como en cualquier arista de la vida ciudadana. Lo que falta son políticas de Estado y ahí les caben las generales de la ley a los que mandan. Lo dicho más de una vez: Alperovich no es un estadista, lo suyo es la eterna coyuntura sumavotos. Quienes lo precedieron están cortados por la misma tijera. En ese sentido, nada diferencia a Alperovich de Riera, Domato, Ortega, Bussi o Miranda. Tampoco de Cano, Sacca o Casañas, quienes pretenden aparecer hoy con fórmulas salvadoras, como si hasta la semana pasada hubieran vivido en Suiza y no en el Parlamento nacional. Mientras tanto muchos tucumanos hacen política de la buena, la silenciosa, la que transforma y propone esperanza en plena marejada.
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