11 Abril 2015
BUENOS AIRES.- La denuncia penal que el Gobierno argentino realizó contra cinco empresas británicas por realizar actividades ilegales de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, será tramitada ante la justicia de Tierra del Fuego. Si prospera, podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales.
Así lo señaló el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien recibió en la Procuración la denuncia de manos del secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y de la secretaria de Energía, Mariana Matranga.
Gonella ya se puso en contacto con el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, a quien le remitió el expediente para que curse la denuncia ante el juzgado federal de Río Grande, por la jurisdicción que tiene la provincia de Tierra del Fuego sobre el territorio de las Islas Malvinas. A partir de ahí, se abre el proceso judicial que podría tomar dos caminos: el juez federal puede iniciar la investigación o delegarla a la fiscalía interviniente para que inicie la investigación que podría derivar en solicitud de declaraciones indagatorias y hasta pedidos de captura internacional.
“Como las empresas que se denuncian son extranjeras, se abre un gran abanico, ya que habría que requerir cooperación internacional, intercambio de información con otros países y otro tipo de medidas”, explicó Gonella. La denuncia del gobierno argentino -realizada por la Cancillería y el ministerio de Planificación Federal- fue presentada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
El grupo de empresas integran un consorcio que contrató una plataforma semi-sumergible que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas-, donde prevén perforar al menos seis pozos.
Gonella explicó que, además del posible delito de extracción irregular de hidrocarburos, la presentación que hizo el Gobierno incluye eventuales denuncias de contrabando, ya que “para realizar la actividad de exploración y extracción se necesitan ingresar elementos propios para esa tarea, como tecnología, que deben estar sujetos a control aduanero argentino, que no se realizó”, sostuvo.
“El delito afecta intereses nacionales y tiene penas muy duras”, advirtió. Hay pruebas recolectadas en la presentación que hizo el Gobierno y ahora habrá que ver si, para la justicia, son suficientes. (Télam)
Así lo señaló el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien recibió en la Procuración la denuncia de manos del secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y de la secretaria de Energía, Mariana Matranga.
Gonella ya se puso en contacto con el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois, a quien le remitió el expediente para que curse la denuncia ante el juzgado federal de Río Grande, por la jurisdicción que tiene la provincia de Tierra del Fuego sobre el territorio de las Islas Malvinas. A partir de ahí, se abre el proceso judicial que podría tomar dos caminos: el juez federal puede iniciar la investigación o delegarla a la fiscalía interviniente para que inicie la investigación que podría derivar en solicitud de declaraciones indagatorias y hasta pedidos de captura internacional.
“Como las empresas que se denuncian son extranjeras, se abre un gran abanico, ya que habría que requerir cooperación internacional, intercambio de información con otros países y otro tipo de medidas”, explicó Gonella. La denuncia del gobierno argentino -realizada por la Cancillería y el ministerio de Planificación Federal- fue presentada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
El grupo de empresas integran un consorcio que contrató una plataforma semi-sumergible que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas-, donde prevén perforar al menos seis pozos.
Gonella explicó que, además del posible delito de extracción irregular de hidrocarburos, la presentación que hizo el Gobierno incluye eventuales denuncias de contrabando, ya que “para realizar la actividad de exploración y extracción se necesitan ingresar elementos propios para esa tarea, como tecnología, que deben estar sujetos a control aduanero argentino, que no se realizó”, sostuvo.
“El delito afecta intereses nacionales y tiene penas muy duras”, advirtió. Hay pruebas recolectadas en la presentación que hizo el Gobierno y ahora habrá que ver si, para la justicia, son suficientes. (Télam)
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