Por LA GACETA
15 Abril 2015
La imprevisión suele ser amiga del infortunio. Y si a ella se suma la incredulidad o la subestimación de la información, pueden ocurrir desgracias, como por ejemplo que dos pueblos queden bajo las aguas, como les ocurrió a los tucumanos que viven en La Madrid y Graneros, al sur de la provincia. Por la crecida de los ríos Singuil, Chavarría y El Chorro, como consecuencia de 300 milímetros de lluvia que cayeron en la vecina Catamarca, en la madrugada del domingo pasado, el dique de Escaba se saturó y la apertura de varias de sus siete compuertas para su descompresión ocasionó no sólo el anegamiento de los pueblos, sino también destrozos, como la caída de un puente colgante que dejó aisladas a 40 familias, y la pérdida de los bienes de varios centenares de pobladores.
El embalse de Escaba, ubicado a unos 30 kilómetros de Juan Bautista Alberdi, fue inaugurado oficialmente el 30 de octubre 1951. Según un ingeniero que fue director técnico del embalse, quienes tienen la administración del dique se confiaron. “No pensaron que iba a haber una lluvia tan fuerte en abril y se relajaron”, dijo. En Europa, por ley, en época estival los embalses tienen que estar dos metros abajo del umbral de vertedero, explicó. “Eso genera que, ante cualquier aporte extraordinario, cuando el agua llega se retarda el paso por el vertedero”, afirmó y añadió que en verano se debe mantener el dique dos metros debajo del nivel máximo. “En Escaba, el agua estaba en el límite y, por supuesto, se desbordó. Da la impresión, por lo que leí, que se confiaron: dicen que desde el 1° de abril incluso ya habían bajado las compuertas”, dijo. El experto señaló que en la zona se registraron siete inundaciones desde 1992 a la fecha. “No es casualidad lo que pasó. Algo de mal manejo de la situación hubo. Ante todo esto, me pregunto: ¿qué están esperando para trasladar a estos pueblos que en reiteradas oportunidades se han inundado por el mismo problema?”, aseveró.
Otro ingeniero, especialista en hidráulica, dijo que en caso de crecidas, el embalse cuenta con un manual de operaciones, aprobado por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. “Si la empresa operadora cumplió con las normas establecidas para el caso, lo deberán definir ese organismo y la Comisión de Embalse y Desembalse del Gobierno provincial, la que también instruye al operador privado sobre cómo manejar el embalse”, afirmó.
El gobernador anunció que el Estado iniciará acciones legales contra la Hidroeléctrica Tucumán SA, la administradora además de El Cadillal, Pueblo Viejo y Presa Compensadora Batiruana.
Si con anticipación se sabe que se registrarán fuertes lluvias, con el antecedente de semanas atrás, cuando hubo inundaciones en el territorio provincial (en febrero y marzo), es inadmisible que no se hayan tomado las precauciones del caso. ¿Qué responsabilidad les cabe a la administradora y la Comisión de Embalse y Desembalse?
Seguramente, de poco consuelo les será a los damnificados, pero se debe investigar qué es lo que falló y se hizo mal, y castigar a los responsables con todo el rigor. De nada sirve el famoso “yo no creía que iba a pasar” cuando la catástrofe se ha consumado. ¿Quién se hace cargo del daño producido a centenares de comprovincianos?
El embalse de Escaba, ubicado a unos 30 kilómetros de Juan Bautista Alberdi, fue inaugurado oficialmente el 30 de octubre 1951. Según un ingeniero que fue director técnico del embalse, quienes tienen la administración del dique se confiaron. “No pensaron que iba a haber una lluvia tan fuerte en abril y se relajaron”, dijo. En Europa, por ley, en época estival los embalses tienen que estar dos metros abajo del umbral de vertedero, explicó. “Eso genera que, ante cualquier aporte extraordinario, cuando el agua llega se retarda el paso por el vertedero”, afirmó y añadió que en verano se debe mantener el dique dos metros debajo del nivel máximo. “En Escaba, el agua estaba en el límite y, por supuesto, se desbordó. Da la impresión, por lo que leí, que se confiaron: dicen que desde el 1° de abril incluso ya habían bajado las compuertas”, dijo. El experto señaló que en la zona se registraron siete inundaciones desde 1992 a la fecha. “No es casualidad lo que pasó. Algo de mal manejo de la situación hubo. Ante todo esto, me pregunto: ¿qué están esperando para trasladar a estos pueblos que en reiteradas oportunidades se han inundado por el mismo problema?”, aseveró.
Otro ingeniero, especialista en hidráulica, dijo que en caso de crecidas, el embalse cuenta con un manual de operaciones, aprobado por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. “Si la empresa operadora cumplió con las normas establecidas para el caso, lo deberán definir ese organismo y la Comisión de Embalse y Desembalse del Gobierno provincial, la que también instruye al operador privado sobre cómo manejar el embalse”, afirmó.
El gobernador anunció que el Estado iniciará acciones legales contra la Hidroeléctrica Tucumán SA, la administradora además de El Cadillal, Pueblo Viejo y Presa Compensadora Batiruana.
Si con anticipación se sabe que se registrarán fuertes lluvias, con el antecedente de semanas atrás, cuando hubo inundaciones en el territorio provincial (en febrero y marzo), es inadmisible que no se hayan tomado las precauciones del caso. ¿Qué responsabilidad les cabe a la administradora y la Comisión de Embalse y Desembalse?
Seguramente, de poco consuelo les será a los damnificados, pero se debe investigar qué es lo que falló y se hizo mal, y castigar a los responsables con todo el rigor. De nada sirve el famoso “yo no creía que iba a pasar” cuando la catástrofe se ha consumado. ¿Quién se hace cargo del daño producido a centenares de comprovincianos?
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