Lorenzetti: “cuidemos el prestigio de la Corte de la Nación”

“¡Parece la fiesta de casamiento del nuevo Código Civil!”. Con esta exclamación recibía ayer Adela Seguí, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a las autoridades universitarias invitadas a saludar a Ricardo Luis Lorenzetti (1955, Rafaela, Santa Fe). El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); titular de la comisión que elaboró el anteproyecto de Código Civil y Comercial, y director del Programa de Actualización que coordina Seguí cumplió la agenda protocolar apretada que había preparado la decana y amiga “de hace más de 20 años”, y, antes de dictar su conferencia, se refirió a la versión que indica que el kirchnerismo analiza volver al máximo tribunal de nueve miembros. “Cuidemos el prestigio de la Corte de la Nación”, pidió.

La entrevista de 15 minutos transcurrió en el Decanato con sala de reunión contigua y salón de estar ubicado en el primer piso de la señorial casa “Remis”. En esa misma sede, hace siete meses, Lorenzetti había dicho que el juez que no era independiente no podía ser considerado juez. Este miércoles, su preocupación parecía concentrada -sobre todo- en la impunidad derivada de la imposibilidad o incapacidad para investigar el delito. En más de una ocasión expresó que las dificultades del fuero penal proyectan su sombra sobre toda la Justicia y que la Corte que encabeza se había propuesto llamar la atención sobre ello.

Reacio a posar para la fotógrafa, Lorenzetti aceptó primero a regañadientes sentarse en el sofá y, luego, salir al balcón del Decanato para ser retratado con el fondo de la calle 25 de Mayo. “Mi sueño para la celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia es que el país sea federal, y que las regiones recuperen la autonomía y la identidad. También sueño con que podamos disponer en plenitud de los derechos que consagra el nuevo Código Civil y Comercial, que comenzará a ser aplicado a partir de agosto”, sentenció al final de la conversación a solas.

-Existe una vieja creencia de que la CSJN juzga el caso, pero, también, cuándo es el momento oportuno para emitir un pronunciamiento. El ministro Carlos Fayt bautizó a esto “cronoterapia” y viene a cuento de que recién el martes, en la víspera de su visita, fallaron en el juicio “Colegio de Abogados”, que data de 2009...

-El trámite en la Corte incluye también a la Procuración General de la Nación, donde, a veces, las causas pasan mucho tiempo. Cuando el caso “Colegio de Abogados” volvió a la Corte, en realidad, no hubo demoras, pero, después, fallecieron Carmen Argibay y Enrique Petracchi, y hubo que rehacer todo el fallo, por eso recién lo terminamos ahora. Es muy importante señalar que esta sentencia da la posibilidad a los ciudadanos de reclamar para proteger las reglas republicanas. Se trata de un precedente significativo porque habilita a la ciudadanía a peticionar a la Justicia para que la república prevista en la Constitución Nacional tenga un significado concreto.

-¿A ello responde la afirmación de que hay ciertas reglas que ninguna mayoría puede cambiar en ningún momento porque ninguna persona razonable querría vivir donde sucediese lo contrario?

-Exacto. Es el contrato social, una idea sobre la que hemos insistido mucho y sobre la que también he escrito. Nosotros ingresamos en la sociedad con la expectativa de ser bien tratados; de que los derechos serán respetados; de que existirá libertad y de que cada uno podrá decidir su vida como quiera. Si esas cuestiones fundamentales no son respetadas, el contrato social se quiebra, y, entonces, comienzan las tensiones y las disputas. Tenemos que trabajar mucho para fortalecer las instituciones que garantizan este contrato y que están contenidas en el sistema republicano.

-Hablando de instituciones y de república, hoy (por ayer) fue cancelado el tratamiento del pliego de Roberto Carlés, el abogado elegido por el Poder Ejecutivo para llenar la vacante que dejó el ex ministro Raúl Zaffaroni. ¿Tiene alguna reflexión al respecto?

-Nosotros no podemos opinar sobre un asunto que hace al funcionamiento del Congreso de la Nación: así como pedimos independencia para la Justicia, también tenemos que dársela a los otros poderes.

-Por lo pronto y hasta nuevo aviso, el máximo tribunal del país tendrá que seguir funcionando con cuatro miembros, cosa que a usted no le resulta preocupante...

-Es nuestra responsabilidad seguir funcionando bien pese al despacho vacante así como los otros poderes tienen la responsabilidad institucional de integrar la Corte. Pero esta situación no es nueva: cuando entré, pasamos dos años sin cobertura de cargos de dos ministros. Y nosotros seguimos trabajando porque tenemos que responder a los ciudadanos argentinos que esperan justicia. No podemos decir que no vamos a hacer nuestra tarea porque nos falte uno.

-En cuanto a la posibilidad de ampliar el número de miembros del alto tribunal (actualmente son cinco), ¿cuán nocivo podría ser volver a los nueve ministros?

-El problema no es el número, sino los contextos. La experiencia argentina muestra que cuando se hizo un cambio grande en la Corte, durante la presidencia de Carlos Menem, después hubo una gran crisis porque se intentó modificar las mayorías con desprestigio grave para el tribunal. Como consecuencia de ello, hubo toda una intervención en la Corte y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para revertir la situación. Cuidemos el prestigio de la Corte de la Nación; no repitamos los errores del pasado y respetemos las instituciones. Decir que una ley es inconstitucional porque afecta los derechos de los jubilados o de los trabajadores o poner límites a los poderes públicos y económicos o establecer equilibrios en la protección del ambiente no son temas menores... demos estabilidad a la Corte y a todas las instituciones.

-El último acto de apertura del año judicial dio lugar a diversas críticas. Entre ellas, hubo reparos a la decisión de incluir un retrato del fiscal Alberto Nisman en un video institucional. ¿Cuál fue el objetivo de mostrar esa imagen?

-Ocurre que hay distintas miradas y estas son legítimas. El problema de los desaparecidos no es igual que el problema de Julio López o el asesinato no aclarado de una adolescente como el caso Ángeles Rawson no es igual al caso de Nisman, pero todos aparecen en el video. Son situaciones distintas política y socialmente, también en su magnitud, pero, desde el punto de vista del Poder Judicial y de la Justicia penal, la clave es la impunidad que generan las causas cuando no se esclarecen, cuando los procesos no terminan y cuando no hay resultados. Pensamos que existe un reclamo de la sociedad respecto de la impunidad y que eso tiene que ver con no aclarar los homicidios o los suicidios. Hay gente que ve esto desde el punto de vista político, pero nosotros creemos que es un problema de los Tribunales y que hace falta una cooperación entre los poderes del Estado para que haya una Policía Judicial capaz de investigar con las estructuras tecnológicas adecuadas y rápidamente.