17 Abril 2015
ESCOMBROS. El atentado a la AMIA se produjo hace más de 20 años. NA (archivo)
BUENOS AIRES. - La Cámara Federal de Casación Penal pidió que se realice una traducción de inglés a castellano del memorándum firmado en 2013 con Irán por la causa AMIA que le envió el Gobierno, antes de resolver si ese acuerdo es constitucional o no. Fuentes judiciales informaron que la Sala II del máximo tribunal tomó esa decisión por dos votos afirmativos, de los camaristas Luis María Cabral y Ana María Figueroa, y uno en disidencia, de Juan Carlos Gemignani, para resolver posibles diferencias en el contenido del escrito. Es que el texto original del memorándum está en tres idiomas: castellano, farsí e inglés, pero los jueces quieren traducir la versión que está en inglés para determinar si hay divergencias con la copia en castellano, ya que ante cualquier diferencia el que vale es el texto en inglés.
La Sala II ordenó en marzo que el Estado Nacional le presentara en cinco días toda la información documentada previa y posterior al memorándum, tras escuchar a los abogados del Estado que defendieron la firma del tratado.
En ese encuentro, los abogados Horacio Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación, y Luciano Hazán, del Ministerio de Justicia, dijeron que se debe anular el fallo por “inconstitucional”, argumentando que “se quebrantaron normas del proceso”, sobre un caso “no judiciable”, ya que fue una decisión del Poder Ejecutivo y que, aun así, el tema no es relevante porque el pacto no entró en vigencia.
Pero el fiscal Raúl Pleé y la querella de la DAIA volvieron a tachar el Memorándum por considerarlo violatorio de la Constitucional Nacional, advirtieron el peligro de dejar en pie ese convenio, y denunciaron que el Gobierno dejó afuera a las víctimas a la hora de conciliar ese acuerdo.
El Gobierno anunció a fines de enero de 2013 que había llegado a un acuerdo con Irán para crear una ‘comisión de la verdad’ que analizara la causa AMIA, con vista a destrabar la indagatoria de los iraníes prófugos de la Justicia, acusados de haber planificado la voladura de la mutual judía. Para la comunidad judía, la oposición, y el fiscal de la Unidad-AMIA, Alberto Nisman, el acuerdo enmascaraba el levantamiento de las circulares rojas sobre cinco de esos ocho imputados por la masacre.
El juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral entendió que resolver sobre el tema era improcedente, porque el acuerdo no estaba en vigencia, pero la Cámara Federal dictó la inconstitucionalidad del acuerdo y el caso llegó a Casación Penal por pedido del Gobierno. (DyN)
La Sala II ordenó en marzo que el Estado Nacional le presentara en cinco días toda la información documentada previa y posterior al memorándum, tras escuchar a los abogados del Estado que defendieron la firma del tratado.
En ese encuentro, los abogados Horacio Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación, y Luciano Hazán, del Ministerio de Justicia, dijeron que se debe anular el fallo por “inconstitucional”, argumentando que “se quebrantaron normas del proceso”, sobre un caso “no judiciable”, ya que fue una decisión del Poder Ejecutivo y que, aun así, el tema no es relevante porque el pacto no entró en vigencia.
Pero el fiscal Raúl Pleé y la querella de la DAIA volvieron a tachar el Memorándum por considerarlo violatorio de la Constitucional Nacional, advirtieron el peligro de dejar en pie ese convenio, y denunciaron que el Gobierno dejó afuera a las víctimas a la hora de conciliar ese acuerdo.
El Gobierno anunció a fines de enero de 2013 que había llegado a un acuerdo con Irán para crear una ‘comisión de la verdad’ que analizara la causa AMIA, con vista a destrabar la indagatoria de los iraníes prófugos de la Justicia, acusados de haber planificado la voladura de la mutual judía. Para la comunidad judía, la oposición, y el fiscal de la Unidad-AMIA, Alberto Nisman, el acuerdo enmascaraba el levantamiento de las circulares rojas sobre cinco de esos ocho imputados por la masacre.
El juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral entendió que resolver sobre el tema era improcedente, porque el acuerdo no estaba en vigencia, pero la Cámara Federal dictó la inconstitucionalidad del acuerdo y el caso llegó a Casación Penal por pedido del Gobierno. (DyN)
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