18 Abril 2015
La preservación de las actuaciones controvertidas del fiscal Guillermo Herrera deviene clave para garantizar la investigación y la independencia de Diego López Ávila, fiscal de Instrucción de la IV Nominación. Aquella preocupación dejaron Francisco García Posse y Rodolfo Gilli, respectivos presidente y prosecretario del Colegio de Abogados de la Capital, a Antonio Gandur, titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). “Por ello le solicitamos que, en ejercicio de las atribuciones constitucionales de superintendencia, disponga medidas excepcionales tendientes a asegurar y preservar la documentación y los expedientes judiciales mencionados o aludidos tanto en la denuncia del Colegio como en su ampliación”, expresaron en la nota que firmaron ayer.
Aunque celebraron la decisión de Gandur de abrir una auditoría, los letrados pidieron que esta no se circunscriba exclusivamente a las actuaciones de Herrera en “Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”. El 31 de marzo pasado, García Posse dijo a López Ávila que esos casos revelarían un patrón de conducta común consistente en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegan a un acuerdo patrimonial.
“Asimismo, le solicitamos que amplíe el cometido de dicha auditoría con el propósito de relevar la posible existencia de otras causas donde se verifique que la actuación de Herrera ha seguido el patrón descrito en la declaración del 31 de marzo”, plantearon el secretario Gilli y el presidente García Posse.
La auditoría ordenada por Gandur el 14 de abril tropezó este viernes con la resistencia del ministro público Edmundo Jiménez a desprenderse de las cinco actuaciones que objetó el Colegio. Salvo “Jorrat”, que está cerrada, los demás casos mencionados continúan en trámite y en poder de Herrera.
Aunque celebraron la decisión de Gandur de abrir una auditoría, los letrados pidieron que esta no se circunscriba exclusivamente a las actuaciones de Herrera en “Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”. El 31 de marzo pasado, García Posse dijo a López Ávila que esos casos revelarían un patrón de conducta común consistente en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegan a un acuerdo patrimonial.
“Asimismo, le solicitamos que amplíe el cometido de dicha auditoría con el propósito de relevar la posible existencia de otras causas donde se verifique que la actuación de Herrera ha seguido el patrón descrito en la declaración del 31 de marzo”, plantearon el secretario Gilli y el presidente García Posse.
La auditoría ordenada por Gandur el 14 de abril tropezó este viernes con la resistencia del ministro público Edmundo Jiménez a desprenderse de las cinco actuaciones que objetó el Colegio. Salvo “Jorrat”, que está cerrada, los demás casos mencionados continúan en trámite y en poder de Herrera.
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