Legislación acorde a las necesidades de los discapacitados

Domingo Amaya: Desde el Gobierno debemos estar atentos para generar políticas integradoras. Es indispensable adecuar nuestra legislación provincial y actuar gubernamental a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y a la Ley 26.378. Replicaremos en cada cabecera departamental lo hecho por el Municipio capitalino: la creación del Centro de Integración para Personas con Capacidades Especiales. Nuestras políticas tienen que ver con recrear espacios y cambiar paradigmas con un enfoque bio-psico-social para fortalecer y ajustar permanentemente los organismos públicos y privados. En este tema somos todos corresponsables. Con la experiencia de otros ámbitos organizaremos espacios de construcción participativa y propositiva, de capacitación profesional y familiar para la accesibilidad, el deporte, la cultura, la economía productiva y sostenible, el empleo, la salud, los soportes tecnológicos, que brinden el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos.

Daniel Blanco, Frente de Izquierda
Entre el 10 y 15% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Planteamos: plena ciudadanía para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, asegurando como un derecho, atención temprana, acceso gratuito e irrestricto a todos los medicamentos y material ortoprotésico, y que la salud pública y las obras sociales brinden atención integral y la totalidad de los tratamientos. En educación, la escuela debe adaptarse al alumno -y no a la inversa- y proporcionarle los recursos necesarios -humanos y materiales- que posibiliten su plena inclusión educativa y social, tenga o no, obra social. En lo laboral, asegurar a cargo del Estado la capacitación profesional y el 4% de cupo de puestos de trabajo en planta permanente en los ámbitos público y privado, con salarios de convenio. Apoyo a la Mutual de Lisiados: el Estado debe asegurarles la fuente de trabajo y los ingresos que van a perder por un nuevo negociado, al tercerizarse el cobro de los estacionamiento.

José Cano, Acuerdo Cívico y Social
Hoy hay un Estado grande, pero ausente. Hay leyes que garantizan derechos, pero los ciudadanos tienen demasiadas trabas para hacerlos efectivos. Sucede con los pases en el transporte público, con las obras sociales y con el cupo que estos deberían tener en la administración pública. Vamos a crear un área con poder de policía y de gestión para atender a un sector muy vulnerable. También queremos poner el acento en lo educativo. Primero para asegurar que todas las escuelas puedan recibir a las personas con necesidades educativas especiales e integrarlos con una pedagogía pensada en el niño. Es la única forma de romper con la discriminación. Luego vamos a abrir centros especializados para aquellos que lo precisen. Otro desafío es hacer transitables las calles. Centenares de personas en sillas de rueda o no videntes que no pueden salir de sus casas por las trabas que les imponen los baches y el desinterés oficial.

Juan Manzur, Frente para la Victoria
La inclusión de las personas con discapacidad será prioritaria, en asistencia y en generación de condiciones de accesibilidad. En 12 años de Gobierno se hizo mucho para dar prioridad a esta temática y generar oportunidades concretas de inclusión laboral; se construyeron plazas accesibles, se brindó transporte y se garantizaron los derechos culturales, económicos, a la salud y a la educación de estas personas. Multiplicaremos las articulaciones con empresas para la incorporación de personas con discapacidad en empleos formales; exigiremos y controlaremos la accesibilidad de las instituciones públicas y privadas, para que la persona con discapacidad halle cada vez menos obstáculos al hacer trámites, asistir a espectáculos o moverse por el espacio público de manera segura. Es clave seguir con el trabajo realizado para facilitar el acceso a gestiones, certificados y demandas que el Estado recibe por parte de las personas con discapacidad. Seguiremos capacitando y brindando ayudas técnicas.

Juan Luis Véliz, Frente de Izquierda 
En Tucumán casi no se cumplen las leyes existentes, como el cupo de 4% para empleos públicos. En las escuelas, la integración se dificulta porque faltan docentes e infraestructura. Las obras sociales -incluido el Programa Federal Salud- ven en la discapacidad un mal negocio y por eso estos deben recurrir a recursos de amparo para que cubran una terapia o la integración escolar. Es necesario luchar por presupuesto y obras públicas que incluyan rampas, semáforos sonoros y acceso al transporte. Los políticos tradicionales ven en la discapacidad un signo igual a la precariedad laboral. Así se vio respecto a la Mutual de Lisiados, a quienes les quitaron el cobro del estacionamiento para tercerizarlo. Es necesario verdaderos empleos y mientras tanto defender su fuente de ingreso. Nuestra política, al no defender los beneficios empresariales, estará dirigida a garantizar una verdadera integración, donde se pueda aportar a la sociedad según las capacidades y se pueda recibir según las necesidades.

Mario Koltan, Unión y Progreso Social 
En Tucumán viven más de 200.000 personas con discapacidad. Y al representar el 15% de la población, es necesario tratar este tema como una Política de Estado que trascienda la administración de cualquier Gobierno. Es fundamental: permitirles la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas y de transporte; inclusión educativa en todos los niveles, incluido universitario y posgrados; inclusión en deportes, trabajo, alimentación, salud; creación de redes de rehabilitación, de unidades productivas inclusivas (Promoción Artísticas, Observatorios Locales, Equipamiento de Servicios de Salud Mental y Transporte Institucional); provisión de bancos de máquinas braile y de bancos descentralizados de ayudas técnicas; crear un organismo de contralor de nivel provincial, independiente de la Dirección Provincial de Discapacidad, que asegure la participación de personas con discapacidad como miembros con voto mayoritario.

Ricardo Bussi, Fuerza Republicana 
El principio de subsidiariedad previsto en la Doctrina Social de la Iglesia sostiene que los particulares deben satisfacer autónomamente sus necesidades, salvo situaciones de excepción; allí debe interferir “subsidiariamente” el Estado para aliviar una angustiosa situación particular. Fuerza Republicana siempre adoptó esta postura y considera que en Tucumán las personas discapacitadas son ignoradas por el Estado, puesto que la Ley 6.830 (de Protección a estos) apenas cumple un rol paródico al no ser instrumentada por culpa de un Gobierno que prioriza financiar compromisos demagógicos en vez amparar a los verdaderos necesitados que, como el caso de quienes padecen alguna discapacidad, deberían ser los legítimos depositarios del amparo estatal. Proponemos invertir el orden de prioridades del gasto público y exhortamos a la ciudadanía a no ser indiferente para con quienes padecen impedimentos que les obstaculizan satisfacer o realizar sus necesidades personales elementales.

José Manuel Avellaneda, PRO
Todas las personas con disminuciones de sus capacidades físicas o intelectuales deben tener condiciones de vida acordes a sus requerimientos. Es importante que el Estado, los medios de comunicación y la sociedad trabajen juntos en esta temática. El Estado debe proveer, legislar y hacer cumplir las leyes. Afortunadamente se va tomando conciencia de las falencias, pero no es suficiente. La calidad de vida debe ser contemplada desde lo mínimo hasta las grandes obras que se realizan, teniendo en cuenta las necesidades de esas personas para llevar una vida digna. Un discapacitado debe tener derecho a la protección jurídica en caso de ser discriminados, acceso edilicio y protección social, ya sea contemplando tratamientos de salud o bonificaciones tributarias. Como Gobierno se debe promover el deporte, turismo, actividad artística y tecnológica, como así también accesibilidad a los medios de transporte y la inserción y estabilidad laboral, tanto para ellos como para sus familias.

Gumersindo Parajón, Alternativa Popular 
Si tengo la suerte de ser gobernador no habrá más discriminación hacia las personas discapacitadas. Le exigiré al Subsidio de Salud y a algunas prepagas que cubran las prótesis y todos los servicios sociales que necesiten estos ciudadanos. Si se trata de una persona mayor de 18 años le brindaremos un trabajo digno para que pueda mantenerse e, inclusive, formar una familia; si es menor, le otorgaremos una pensión, para que sea administrada por sus padres. Las escuelas tienen que tener más presupuesto, para jornada completa; contrataremos profesionales en todas las áreas, para garantizar su educación, su salud y su alimentación. El Estado tiene la obligación de darle una vivienda adecuada a las personas con alguna discapacidad. No nos olvidamos de sus padres que, teniendo el sufrimiento de tener un hijo discapacitado, no tienen trabajo, porque muchas veces la pensión de sus hijos la usan como sostén de la familia.