12 Julio 2015
Daniel Blanco | Frente de Izquierda
El fenómeno de la corrupción está en el ADN del sistema capitalista
El fenómeno de la corrupción está en el ADN del sistema capitalista. En una sociedad dominada por la explotación y el engaño a los trabajadores, quienes monopolizan los medios de producción no pueden dejar de usar sus recursos para comprar la voluntad de gobernantes y políticos para hacer avanzar sus negocios. En contrapartida, los partidos y los políticos que defiende este orden, a cambio de favorecer determinados intereses, lograron enriquecerse. Lo mismo ocurre con la dirigencia burocrática de los sindicatos, que reciben de las patronales suculentos premios por entregar los reclamos de los trabajadores. Con los actuales gobernantes, la obra pública se transformó en grandes negociados, en los cuales contratistas favorecidos responden pagando un “peaje” por ser beneficiados. La falta de control, y el copamiento, por parte de gobernantes, de los organismos de control y hasta del poder judicial, favoreció aun más el desarrollo corrupto del poder político. El intento de LA GACETA por conocer cuanto efectivamente recibe cada legislador no halló respuesta, ni de oficialistas ni de opositores. La senadora Silvia Elías de Pérez denunció penalmente al Gobierno del intendente Domingo Amaya, por un faltante de $ 20 millones, pero, por obediencia partidaria, va acoplada con el denunciado en las elecciones. Planteamos: investigación independiente a todos los funcionarios del Gobierno y del Estado que se enriquecieron o que estén denunciados por enriquecimiento. Juicio de Residencia. Que ningún funcionario político gane por encima del sueldo de una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Que todos los cargos políticos sean electivos y revocables, incluidos fiscales y jueces. Que toda la obra pública se haga bajo administración y bajo control de los trabajadores. Que el presupuesto y todas las cuentas públicas sean sometidos a auditorías por parte de comités de auditores independientes, electos mediante el voto popular.
Ricardo Bussi | Fuerza Republicana
Nuestro lema, un compromiso: el que robe, en cana
Para combatir y para exterminar la corrupción en el Estado hay que trabajar en tres niveles. El primero es el cumplimiento de las leyes vigentes. Las principales fuentes de corrupción en todo el mundo actual provienen de los sectores privados que tienen negociados con el Estado o del narcotráfico. Debido a esta razón se debe hacer cumplir a rajatabla la obligación constitucional de llamar a licitación pública para la adquisición o para la enajenación de bienes y de servicios. Además de ello, se debe reglamentar la ley provincial de rinoscopía obligatoria para los funcionarios públicos. El segundo nivel es la creación de nuevas herramientas legales para combatir la corrupción. Proponemos: A) El restablecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, en la órbita del Poder Judicial. B) La obligación de presentar en calidad de información pública las declaraciones juradas por parte de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo -desde el rango de subdirector en adelante- y de todos los legisladores y funcionarios del Poder Legislativo -también desde el rango de subdirector en adelante-. C) Registro Público de Audiencias de los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y de visitantes a las sedes de ambos poderes. D) Sanción de una ley de acceso a la información pública, para que cualquier ciudadano pueda conseguir toda la documentación de lo que ocurre en el Estado. E) Creación de una Oficina Anticorrupción como organismo autárquico para que planifique políticas de transparencia, para que coordine programas de lucha contra la corrupción y para que canalice los pedidos de información pública de toda la ciudadanía. El tercer nivel es el ejemplo: no hay corrupción cuando desde la conducción del Estado no se admite la corrupción. Nuestro compromiso, en ese sentido, es conocido por todos los tucumanos porque es nuestro lema de campaña electoral: el que robe, en cana.
José Cano | Acuerdo para el Bicentenario
Sin "borrón y cuenta nueva" para la corrupción de esta década
Si logramos que cada peso que hoy se lleva la corrupción se destine al gasto público productivo, eficiente y transparente, en menos de un año Tucumán será otra provincia. Proponemos una tormenta ética que garantice la ejemplaridad como regla para recuperar un Estado por y para la gente. En los primeros 30 días de Gobierno vamos a promover una Ley de Ética Pública para obligar a todos los funcionarios a que hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes. No van más los que se hacen ricos de la noche a la mañana sólo por estar en la política. En los primeros 30 días de Gobierno también reabriremos la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a fijar por ley que ese despacho no pueda ser ocupado por un familiar nuestro, ni mucho menos por alguien que tenga vinculación política con el poder. Queremos alguien independiente, que investigue a los corruptos y que logre su castigo. En los primeros 30 días de gestión vamos a crear una oficina de Investigaciones Administrativas independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Su primera misión será la de investigar y denunciar la corrupción de esta década. No habrá borrón y cuenta nueva. Vamos a limitar la designación de familiares de quienes tengan cargos políticos y a impulsar normas que pongan vallas al nepotismo político en la provincia. No más “hijos de” en Tucumán. En los primeros 30 días de nuestra gestión vamos a sancionar una ley de Acceso a la Información Pública. Todos y cada uno de los ciudadanos deben tener la posibilidad de conocer las decisiones de sus funcionarios. Los decretos y resoluciones no pueden ser documentos secretos. Cualquier persona tiene el derecho a conocer qué hacen quienes gobiernan y a controlar en qué gastan el dinero que tienen asignado por ley. Ejemplaridad, transparencia y control. Tres pilares del Tucumán que viene.
Mario Koltan | Unión y Progeso Social
Se debe sancionar la ley de Ética y Transparencia Pública
Es común hablar de corrupción, en forma superficial y sin analizar cómo se debería encarar con seriedad el modo definitivo de erradicarla. Desde Unión y Progreso Social venimos sosteniendo la necesidad de tratar el proyecto de ley sobre Ética y Transparencia Públicas, presentado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, que fue sistemáticamente “cajoneado” por el oficialismo en la Legislatura. Es imprescindible erradicar la cultura de prebendas y sobornos -castigando a corruptores y corruptos sin distinción- y terminar con la práctica aberrante de usar al Estado para hacer negocios. Ente otros, sostenemos que para moralizar el sistema y prevenir los actos y focos de corruptela en el Estado se debe: 1) establecer un sistema de control interno en cada entidad pública, creando y fortaleciendo las Unidades de Auditoría Interna como un elemento básico del sistema; 2) destituir o castigar a los funcionarios responsables de ejercer control cuando estos, por complicidad, negligencia e interés personal de cualquier índole, no cumplan sus funciones o favorezcan actos de corrupción; 3) apartar del cargo y castigar conforme a las leyes al funcionario sin importar rango o posición y someterlo a la Justicia, cuando haya cometido actos de corrupción o haya sido denunciado por supuesta malversación de fondos públicos; 4) exigir al funcionario que asuma un cargo el depósito de una garantía, por eventuales daños al Estado en su desempeño, como lo exige la Ley de Sociedades Comerciales a los directores de una sociedad anónima; 5) prohibir el uso de instalaciones y servicios del Estado para su beneficio personal o de sus familiares; 6) estricto control en áreas de contratación directa o adjudicación de licitaciones, de que no intervenga en ninguna de sus etapas, familiares de funcionarios de todo nivel con empresas unipersonales o sociedades donde haya socios que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado.
Juan Manzur | Frente para la Victoria
La sociedad debe participar en el monitoreo de políticas públicas
El flagelo de la corrupción debe ser abordado desde una perspectiva sistémica. Para ello como gobernador impulsaré que Tucumán trabaje en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Implementaremos un plan financiado por el Banco Mundial para establecer políticas, sistemas y mecanismos de control y de lucha contra la corrupción. En la Argentina, el Gobierno federal participa con el 42% del gasto impositivo; y los gobiernos provinciales, con el 56%. No obstante, el 19% de los funcionarios públicos pertenecen a la Nación; el 64%, a las provincias, y 17%, a los municipios. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país, donde la gran mayoría de funcionarios pertenecen a las provincias y a los municipios, resulta importante que estos gobiernos implementen la CICC. Existen cuatro objetivos que guiarán la política anticorrupción: 1) fortalecer nuestras instituciones. La sociedad reclama un Estado presente. Para actuar con un nivel creciente de inteligencia mejoraremos la selección y capacitación de cuadros ejecutivos y técnicos. Esto sin olvidar la adecuada provisión de recursos tecnológicos. 2) aunar la transparencia y la eficiencia. Pienso trabajar con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, apuntalando y profundizando su trabajo y fortaleciendo el rol de esa institución respecto del orden de las cuentas públicas. 3) mejorar la asignación de recursos. Se fortalecerá el rol de control de gestión en cada una de las reparticiones públicas. Se deberá justificar las erogaciones para cada línea presupuestaria con un criterio de comparación. El Estado tiene recursos limitados para necesidades ilimitadas. 4) expandir la participación de la sociedad civil en la formulación y en el monitoreo de las políticas públicas. Convoco a toda la sociedad a participar. Un ejemplo a seguir en Tucumán es el IDEP, que con recursos del Estado, pero con un directorio mixto, implementó acciones exitosas para nuestras Pymes, en un marco de diálogo y transparencia.
Gumersindo Parajón | Alternativa Popular
Hay corrupción porque hay plata
Si tengo la suerte de que el pueblo de Tucumán me elija gobernador, mis funcionarios y colaboradores en mi gestión de Gobierno deberán haber nacido honestos, porque la honestidad no es una virtud, sino una obligación. Mandaré a la Legislatura un proyecto de ley para que los funcionarios, magistrados, legisladores y concejales sean obligados a presentar una declaración jurada cuando sean designados y cuando dejen cualquier cargo que desempeñen. Esta declaración jurada deberá revestir carácter público, y quedará a disposición de cualquier ciudadano. También hay que reformar el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal, para que los delitos por enriquecimiento ilícito no sean excarcelables. Los fiscales del fuero penal tendrán que actuar de oficio ante cualquier denuncia sobre los políticos que se enriquecieron. El Estado no podrá comprar absolutamente nada sin un previo llamado a licitación pública. Y si uno de mis funcionarios otorga una adjudicación directa le pediré al renuncia, le iniciaré un sumario administrativo y giraré el expediente a la Justicia penal, para que sea investigado. Y al fiscal o juez que archiven la causa, el fiscal de Estado le iniciará el juicio político correspondiente. Si el Gobierno está sospechado de realizar actos de corrupción, no tendrá autoridad moral para sancionar a un agente público acusado de recibir coima, porque si la corrupción viene de arriba jamás se erradicará en los de abajo. Para erradicar la corrupción debemos tener un poder judicial independiente, y revisar el mecanismo de elección de magistrados; en especial en lo penal, para que los jueces penales no tengan dueño. Además, se debe estudiar la forma para que la designación de jueces no dependa del Ejecutivo; y si hay que reformar la Constitución lo haremos. Y si se consigue eso, Hipólito Yrigoyen volverá a mirar de frente a la Justicia. Hay corrupción porque hay plata, y hay impunidad porque no hay Justicia.
El fenómeno de la corrupción está en el ADN del sistema capitalista
El fenómeno de la corrupción está en el ADN del sistema capitalista. En una sociedad dominada por la explotación y el engaño a los trabajadores, quienes monopolizan los medios de producción no pueden dejar de usar sus recursos para comprar la voluntad de gobernantes y políticos para hacer avanzar sus negocios. En contrapartida, los partidos y los políticos que defiende este orden, a cambio de favorecer determinados intereses, lograron enriquecerse. Lo mismo ocurre con la dirigencia burocrática de los sindicatos, que reciben de las patronales suculentos premios por entregar los reclamos de los trabajadores. Con los actuales gobernantes, la obra pública se transformó en grandes negociados, en los cuales contratistas favorecidos responden pagando un “peaje” por ser beneficiados. La falta de control, y el copamiento, por parte de gobernantes, de los organismos de control y hasta del poder judicial, favoreció aun más el desarrollo corrupto del poder político. El intento de LA GACETA por conocer cuanto efectivamente recibe cada legislador no halló respuesta, ni de oficialistas ni de opositores. La senadora Silvia Elías de Pérez denunció penalmente al Gobierno del intendente Domingo Amaya, por un faltante de $ 20 millones, pero, por obediencia partidaria, va acoplada con el denunciado en las elecciones. Planteamos: investigación independiente a todos los funcionarios del Gobierno y del Estado que se enriquecieron o que estén denunciados por enriquecimiento. Juicio de Residencia. Que ningún funcionario político gane por encima del sueldo de una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Que todos los cargos políticos sean electivos y revocables, incluidos fiscales y jueces. Que toda la obra pública se haga bajo administración y bajo control de los trabajadores. Que el presupuesto y todas las cuentas públicas sean sometidos a auditorías por parte de comités de auditores independientes, electos mediante el voto popular.
Ricardo Bussi | Fuerza Republicana
Nuestro lema, un compromiso: el que robe, en cana
Para combatir y para exterminar la corrupción en el Estado hay que trabajar en tres niveles. El primero es el cumplimiento de las leyes vigentes. Las principales fuentes de corrupción en todo el mundo actual provienen de los sectores privados que tienen negociados con el Estado o del narcotráfico. Debido a esta razón se debe hacer cumplir a rajatabla la obligación constitucional de llamar a licitación pública para la adquisición o para la enajenación de bienes y de servicios. Además de ello, se debe reglamentar la ley provincial de rinoscopía obligatoria para los funcionarios públicos. El segundo nivel es la creación de nuevas herramientas legales para combatir la corrupción. Proponemos: A) El restablecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, en la órbita del Poder Judicial. B) La obligación de presentar en calidad de información pública las declaraciones juradas por parte de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo -desde el rango de subdirector en adelante- y de todos los legisladores y funcionarios del Poder Legislativo -también desde el rango de subdirector en adelante-. C) Registro Público de Audiencias de los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y de visitantes a las sedes de ambos poderes. D) Sanción de una ley de acceso a la información pública, para que cualquier ciudadano pueda conseguir toda la documentación de lo que ocurre en el Estado. E) Creación de una Oficina Anticorrupción como organismo autárquico para que planifique políticas de transparencia, para que coordine programas de lucha contra la corrupción y para que canalice los pedidos de información pública de toda la ciudadanía. El tercer nivel es el ejemplo: no hay corrupción cuando desde la conducción del Estado no se admite la corrupción. Nuestro compromiso, en ese sentido, es conocido por todos los tucumanos porque es nuestro lema de campaña electoral: el que robe, en cana.
José Cano | Acuerdo para el Bicentenario
Sin "borrón y cuenta nueva" para la corrupción de esta década
Si logramos que cada peso que hoy se lleva la corrupción se destine al gasto público productivo, eficiente y transparente, en menos de un año Tucumán será otra provincia. Proponemos una tormenta ética que garantice la ejemplaridad como regla para recuperar un Estado por y para la gente. En los primeros 30 días de Gobierno vamos a promover una Ley de Ética Pública para obligar a todos los funcionarios a que hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes. No van más los que se hacen ricos de la noche a la mañana sólo por estar en la política. En los primeros 30 días de Gobierno también reabriremos la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a fijar por ley que ese despacho no pueda ser ocupado por un familiar nuestro, ni mucho menos por alguien que tenga vinculación política con el poder. Queremos alguien independiente, que investigue a los corruptos y que logre su castigo. En los primeros 30 días de gestión vamos a crear una oficina de Investigaciones Administrativas independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo. Su primera misión será la de investigar y denunciar la corrupción de esta década. No habrá borrón y cuenta nueva. Vamos a limitar la designación de familiares de quienes tengan cargos políticos y a impulsar normas que pongan vallas al nepotismo político en la provincia. No más “hijos de” en Tucumán. En los primeros 30 días de nuestra gestión vamos a sancionar una ley de Acceso a la Información Pública. Todos y cada uno de los ciudadanos deben tener la posibilidad de conocer las decisiones de sus funcionarios. Los decretos y resoluciones no pueden ser documentos secretos. Cualquier persona tiene el derecho a conocer qué hacen quienes gobiernan y a controlar en qué gastan el dinero que tienen asignado por ley. Ejemplaridad, transparencia y control. Tres pilares del Tucumán que viene.
Mario Koltan | Unión y Progeso Social
Se debe sancionar la ley de Ética y Transparencia Pública
Es común hablar de corrupción, en forma superficial y sin analizar cómo se debería encarar con seriedad el modo definitivo de erradicarla. Desde Unión y Progreso Social venimos sosteniendo la necesidad de tratar el proyecto de ley sobre Ética y Transparencia Públicas, presentado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, que fue sistemáticamente “cajoneado” por el oficialismo en la Legislatura. Es imprescindible erradicar la cultura de prebendas y sobornos -castigando a corruptores y corruptos sin distinción- y terminar con la práctica aberrante de usar al Estado para hacer negocios. Ente otros, sostenemos que para moralizar el sistema y prevenir los actos y focos de corruptela en el Estado se debe: 1) establecer un sistema de control interno en cada entidad pública, creando y fortaleciendo las Unidades de Auditoría Interna como un elemento básico del sistema; 2) destituir o castigar a los funcionarios responsables de ejercer control cuando estos, por complicidad, negligencia e interés personal de cualquier índole, no cumplan sus funciones o favorezcan actos de corrupción; 3) apartar del cargo y castigar conforme a las leyes al funcionario sin importar rango o posición y someterlo a la Justicia, cuando haya cometido actos de corrupción o haya sido denunciado por supuesta malversación de fondos públicos; 4) exigir al funcionario que asuma un cargo el depósito de una garantía, por eventuales daños al Estado en su desempeño, como lo exige la Ley de Sociedades Comerciales a los directores de una sociedad anónima; 5) prohibir el uso de instalaciones y servicios del Estado para su beneficio personal o de sus familiares; 6) estricto control en áreas de contratación directa o adjudicación de licitaciones, de que no intervenga en ninguna de sus etapas, familiares de funcionarios de todo nivel con empresas unipersonales o sociedades donde haya socios que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado.
Juan Manzur | Frente para la Victoria
La sociedad debe participar en el monitoreo de políticas públicas
El flagelo de la corrupción debe ser abordado desde una perspectiva sistémica. Para ello como gobernador impulsaré que Tucumán trabaje en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Implementaremos un plan financiado por el Banco Mundial para establecer políticas, sistemas y mecanismos de control y de lucha contra la corrupción. En la Argentina, el Gobierno federal participa con el 42% del gasto impositivo; y los gobiernos provinciales, con el 56%. No obstante, el 19% de los funcionarios públicos pertenecen a la Nación; el 64%, a las provincias, y 17%, a los municipios. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país, donde la gran mayoría de funcionarios pertenecen a las provincias y a los municipios, resulta importante que estos gobiernos implementen la CICC. Existen cuatro objetivos que guiarán la política anticorrupción: 1) fortalecer nuestras instituciones. La sociedad reclama un Estado presente. Para actuar con un nivel creciente de inteligencia mejoraremos la selección y capacitación de cuadros ejecutivos y técnicos. Esto sin olvidar la adecuada provisión de recursos tecnológicos. 2) aunar la transparencia y la eficiencia. Pienso trabajar con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, apuntalando y profundizando su trabajo y fortaleciendo el rol de esa institución respecto del orden de las cuentas públicas. 3) mejorar la asignación de recursos. Se fortalecerá el rol de control de gestión en cada una de las reparticiones públicas. Se deberá justificar las erogaciones para cada línea presupuestaria con un criterio de comparación. El Estado tiene recursos limitados para necesidades ilimitadas. 4) expandir la participación de la sociedad civil en la formulación y en el monitoreo de las políticas públicas. Convoco a toda la sociedad a participar. Un ejemplo a seguir en Tucumán es el IDEP, que con recursos del Estado, pero con un directorio mixto, implementó acciones exitosas para nuestras Pymes, en un marco de diálogo y transparencia.
Gumersindo Parajón | Alternativa Popular
Hay corrupción porque hay plata
Si tengo la suerte de que el pueblo de Tucumán me elija gobernador, mis funcionarios y colaboradores en mi gestión de Gobierno deberán haber nacido honestos, porque la honestidad no es una virtud, sino una obligación. Mandaré a la Legislatura un proyecto de ley para que los funcionarios, magistrados, legisladores y concejales sean obligados a presentar una declaración jurada cuando sean designados y cuando dejen cualquier cargo que desempeñen. Esta declaración jurada deberá revestir carácter público, y quedará a disposición de cualquier ciudadano. También hay que reformar el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal, para que los delitos por enriquecimiento ilícito no sean excarcelables. Los fiscales del fuero penal tendrán que actuar de oficio ante cualquier denuncia sobre los políticos que se enriquecieron. El Estado no podrá comprar absolutamente nada sin un previo llamado a licitación pública. Y si uno de mis funcionarios otorga una adjudicación directa le pediré al renuncia, le iniciaré un sumario administrativo y giraré el expediente a la Justicia penal, para que sea investigado. Y al fiscal o juez que archiven la causa, el fiscal de Estado le iniciará el juicio político correspondiente. Si el Gobierno está sospechado de realizar actos de corrupción, no tendrá autoridad moral para sancionar a un agente público acusado de recibir coima, porque si la corrupción viene de arriba jamás se erradicará en los de abajo. Para erradicar la corrupción debemos tener un poder judicial independiente, y revisar el mecanismo de elección de magistrados; en especial en lo penal, para que los jueces penales no tengan dueño. Además, se debe estudiar la forma para que la designación de jueces no dependa del Ejecutivo; y si hay que reformar la Constitución lo haremos. Y si se consigue eso, Hipólito Yrigoyen volverá a mirar de frente a la Justicia. Hay corrupción porque hay plata, y hay impunidad porque no hay Justicia.
Lo más popular
