En la audiencia de la Corte se debatieron posibles soluciones a la crisis carcelaria

Tras casi dos horas, finalizó la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia provincial para escuchar los planteos de los fiscales de Instrucción Diego López Ávila y Adriana Giannoni, que presentaron un hábaeas corpus correctivo colectivo contra el Poder Ejectuvio para que los presos no sigan detenidos en las comisarías. La presentación fue realizada el 29 de junio, luego del fallecimiento de dos detenidos que estaban alojados en el calabozo de la Brigada de Investigaciónes Norte, en Yerba Buena.

López Ávila indicó que en el mitin solicitaron -junto con Giannoni- una serie de medidas de prueba. "Vamos a ver si la Corte acoge las medidas de prueba solicitadas. Mucha gente del poder judicial está muy interesada en que esto se resuelva a la bervedad", explicó. Su colega, Giannoni, sostuvo que la construcción de la alcaidía puede ser una de las patas de la solución de la crisis del sistema penitenciario. Gassenbauer, como anticipó LA GACETA en su edición en papel, se apegó a la propuesta de tres etapas para trasladar a los detenidos en comisarías al Penal de Villa Urquiza y a una Alcaidía de detenidos que se comenzaría a construir. Actualmente, según informó el ministro de Seguridad, el proyecto de Alcaidía se encuentra en el Tribunal de Cuentas, si no recibe observaciones se adjudicará la obra y comenzará la construcción.

López Ávila y Giannoni, los representantes del Ejecutivo y de la Justicia fueron recibidos por el presidente de la Corte, Antonio Gandur, y por los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. El único miembro de la corte ausente es René Goane, de licencia. El encuentro se desarrolla en el Salón de Acuerdos del Palacio de Justicia.

Los primeros funcionarios en darse cita fueron el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Jorge Gassenbauer, el director de Institutos Penales Guillermo Snaider, el secretario de Derechos Humanos Humberto Rava y el fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa. Luego arribaron la fiscal de Cámara, Juana Prieto de Sólimo, en representación del Ministro Fiscal Edmundo Jiménez; los dos fiscales denunciantes y el camarista penal Dante Ibáñez, en representación de los jueces penales.

En la denuncia, los fiscales solicitaron que se declare la emergencia carcelaria, que se traslade a los presos a lugares de alojamiento que cuenten con las condiciones mínimas de preservación de la dignidad humana y que las tareas de custodia sean realizadas por personal del servicio penitenciario de la provincia.

La Corte tiene competencia originaria en los hábeas corpus presentados contra el PE. La presentación de los fiscales fue notificada al gobierno, que respondió con una promesa de obras para ampliar los lugares de alojamiento en el penal de Villa Urquiza. La propuesta, programada en tres etapas, es que para el primer cuatrimestre de 2016 todos los presos por causas penales alojados en comisarías serán trasladados.