La Junta Electoral funcionará con dos de sus tres integrantes

Más allá del resultado de los comicios de hoy, este ya es un turno electoral histórico. Ello es así porque cuando faltaban horas para el inicio de la votación, la Justicia decidió desintegrar a la Junta Electoral Provincial (JEP), órgano encargado de organizar y fiscalizar la elección, y separó al ministro público Edmundo Jiménez y a la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro (representa al vicegobernador Juan Manzur, que no puede intervenir porque aspira a ser elegido gobernador). Luego, otro juez decidió a su vez apartar en forma precautoria a José León, el legislador oficialista llamado a sustituir a Bordinaro respecto del control de la elección en Concepción. En los hechos, dichas resoluciones implican que la Junta se verá obligada a funcionar con dos de sus tres autoridades: Antonio Gandur, titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y Ana María Rosa Paz, fiscala en lo Civil, Comercial y del Trabajo, y reemplazante del ministro público Jiménez.

“La totalidad de los legisladores tienen un compromiso político. Estamos imposibilitados de llamar a un representante del vicegobernador o a suplentes. Por esa razón, nos manejaremos con la fiscala Paz”, explicó Gandur por teléfono. Previamente, ese magistrado había convocado a la fiscala en lo Civil, Comercial y del Trabajo de primera instancia después de descartar a Elena Noemí Sangenis de Terraf, fiscala de Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, que se excusó debido a un vínculo de parentesco con un interesado en los comicios. La resolución que designa a Paz indica que este era el orden de sustitución indicado para el Ministerio Público en función del principio de legalidad y de la materia electoral.

La sentencia de los camaristas Ebe López Piossek y Salvador Ruiz (reemplazó a Sergio Gandur, vocal titular de la Sala III, que se excusa por ser hijo del presidente de la Corte) definió el forcejeo que mantuvo en vilo a la Junta durante el momento crítico de la organización de los comicios. Tanto Jiménez como Bordinaro habían sido recusados sin éxito por la oposición. El primero, por ser ex ministro de Gobierno y Justicia histórico del oficialismo (asumió como ministro público hace un año); ex secretario general del Partido Justicialista; padre del legislador alperovichista Reinaldo Jiménez y de Edmundo Javier Jiménez, funcionario del Gobierno. Además, Jiménez fue cuestionado por sostener una reunión con Manzur a fines de julio, en un restaurante de Barrio Norte. Si bien Gandur votó a favor de separarlo, Bordinaro y Carlos Sale, fiscal de Cámara en lo Penal, sostuvieron al ministro público.

La oposición objetó a Bordinaro porque su yerno, el oficialista Franco Morelli, aspira a convertirse en intendente de Concepción. Esa parlamentaria accedió sólo a excusarse respecto de la jurisdicción mencionada, donde debía intervenir León. Pero este legislador, que es primo del gobernador José Alperovich, también fue recusado porque su esposa, María Eugenia D’Urso, es candidata a legisladora oficialista en la sección este.

La Convención presente

En el juicio iniciado por el Acuerdo para el Bicentenario (ApB), los jueces López Piossek y Ruiz dijeron que la decisión de sostener a Jiménez no respetó los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo atinente a la imparcialidad del juzgador y que tal accionar podría acarrear una eventual responsabilidad internacional del Estado argentino. Los jueces dijeron que el ministro público no satisface las garantías de imparcialidad e independencia como vocal de la JEP, por presentar una estrecha relación y una notoria vinculación de intereses con el Frente para la Victoria (FpV). “Es en ese escenario descrito en el cual cobra relevancia la difusión periodística que tuvo el encuentro entre Jiménez y Manzur, que se trata nada menos que del candidato a gobernador por el FpV, hecho acaecido durante el desarrollo del proceso electoral provincial”, destacaron.

Respecto de Bordinaro, los integrantes de la Sala III dijeron que la decisión de aceptar una excusación parcial lesionaba los intereses del Acuerdo para el Bicentenario puesto que no era posible “desdoblar” la Junta. “Escindir las funciones de un vocal de la JEP para integrar dicho órgano con una excusación que se limita ‘exclusivamente a las cuestiones electorales vinculadas al Municipio de Concepción’ se traduce, en la práctica, a trazar una línea lo suficientemente difusa como para afectar las garantías de imparcialidad e independencia que deben regir en un órgano como este”, razonaron López Piossek y Ruiz.

En el pleito que el ApB inició contra León este viernes, Carlos Giovanniello, presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, interpretó que la presencia de este legislador en la JEP también lesionaría la garantía de imparcialidad prevista en la Convención Americada de Derechos Humanos. En este caso, el apartamiento de León procedió por medio de una medida cautelar.