La soberanía está en las urnas

Comparto, y mucho, la preocupación y molestia de muchos tucumanos por algunas características del sistema electoral de nuestra provincia. Mi propia participación en las recientes elecciones me ha permitido experimentarlo -y padecerlo­ “desde dentro”. Pero estimo también que deberíamos distinguir dos cosas: su eventual mejora hacia el futuro y el acto electoral ya sucedido.

Con respecto a lo primero, de cara al futuro, cabe toda la discusión pública y accionar consecuente para su revisión, análisis y eventual modificación. Me siento comprometido a trabajar por ello desde donde me toque hacerlo (la política, la academia, la ciudadanía). Deberíamos poder convocar a expertos nacionales e internacionales, políticos, académicos y líderes organizacionales para conocer, diagnosticar, comparar y proponer alternativas de reformas y mecanismos institucionales que mejoren lo actualmente existente. También con la certeza de que no hay sistemas ni herramientas electorales perfectas o de consenso universal. Si las hubiera, ya estarían mayoritariamente acordadas e implementadas, de manera similar, en todos los países.

En cuanto al acto electoral acaecido, estimo que su mejor resolución es por la vía institucional establecida. Como dijo recientemente el Foro de Habitantes a Ciudadanos de nuestra provincia, debemos “activar todos los recursos dentro del actual sistema electoral a fin de garantizar la transparencia y la legitimidad del escrutinio definitivo”.

La vía establecida en el actual sistema es la Junta Electoral de la Provincia, la institución creada por la Constitución para ello. Este acuerdo constitucional y normativo es el pacto común al que hemos llegado, y que ordena no sólo nuestra organización y accionar social, sino también la resolución de nuestros propios conflictos, como el que ahora estamos viviendo. La Junta, su funcionamiento y sus decisiones son la herramienta para la resolución constitucional de las circunstancias electorales que nos competen y hoy nos afligen. El tema no es menor. La provincia ha sido perjudicada de manera sensible, interna y externamente, por la puesta en duda del acto electoral. Entre otros, ello genera la percepción -y peor aún, el eventual antecedente- de que quien no ha triunfado en las urnas, o un sector movilizado de la población, puede revertir un acto de soberanía mayor como es la elección acaecida de nuestros gobernantes. Ello constituye una amenaza para nuestra vida institucional futura. Pero así como el conflicto y la puesta en duda ha generado un perjuicio actual y una amenaza futura, su misma resolución genera una oportunidad. Esto es, la gran oportunidad como sociedad de resolverlo por la vía pacífica y a través de los instrumentos de convivencia que nosotros mismos hemos acordado previamente. No se me escapa, para nada, que por atrás de este conflicto hay intereses grupales y partidarios, provinciales y nacionales, tácticas y estrategias más o menos organizadas, para la direccionalidad del resultado en sentidos distintos y eventualmente opuestos. Siempre es así, y esto es parte de la vida política misma. Estos incluyen los míos como funcionario y como competidor en estas elecciones pasadas. Ellos conviven con la preocupación e interés de muchos ciudadanos por el acto electoral acaecido. Ante ello, sólo puedo repetir que la vía institucional acordada sigue siendo el mecanismo más adecuado y conveniente para resolver los disensos que pudiéramos tener al respecto. La soberanía está en las urnas, no fuera de ella, y la Junta Electoral es la institución establecida para determinar y enmendar todo error o daño que pueda haberse perpetrado contra ellas en tal acto soberano Si cabe utilizar la imagen de un partido de fútbol, cerremos los 90 minutos con las reglas y el árbitro que hemos definido previamente hacerlo. Y nos dispongamos a generar todas las modificaciones del reglamento que nos interesa, para que el próximo partido sea el que ahora percibimos como preferible.