Atacan a los jueces que anularon las elecciones

Parece que la paz pende de un hilo en Tucumán. Ese cordel delgado estuvo a punto de cortarse ayer. Hubo momentos de nerviosismo en el Palacio de Justicia, que desde el miércoles por la noche “convive” con la concentración de partidarios del oficialismo que ocupa la plaza Yrigoyen. Pero el estrés también se vivió en el edificio de la calle 24 de Septiembre donde tienen sus despachos Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, los camaristas que anularon las elecciones del 23 de agosto por pedido del Acuerdo para el Bicentenario. Las inmediaciones de ambas sedes exhibieron carteles intimidatorios contra esos jueces. Además, se supo que el domicilio particular de López Piossek fue atacado con piedras durante la madrugada del viernes.

Los afiches que atacan a los jueces tienen fondo rojo; incluyen sus retratos intervenidos con un signo peso ($) y dicen: “ellos son 2 y vulneraron la voluntad de 500 mil tucumanos”. Tales láminas aparecieron también en la concentración de la plaza Yrigoyen (al respecto, ver la fotografía incluida en esta página). En los últimos tiempos se ha vuelto común encontrar este tipo de escraches en la vía pública: como es costumbre, los afiches no llevan firma.

A esa agresión se sumó la apedreada que sufrió el domicilio particular de López Piossek. Fuentes judiciales informaron que las piedras llovieron en el frente y en el fondo, en horas en que la camarista y sus familiares estaban en la vivienda.

Subidos a las ventanas

Tanto López Piossek como Ruiz fueron a trabajar ayer y el jueves, y permanecieron en sus despachos, alejados de la prensa que había montado una guardia en la entrada del edificio de la calle 24 de Septiembre. Según trascendió, la camarista tiene un policía a disposición mientras que Ruiz es custodiado por un grupo de entre cuatro y cinco agentes. Ese magistrado está habituado a moverse con policías porque en 2013 fue víctima de dos episodios criminales en su vivienda: un intento de asalto en septiembre y un asalto consumado durante el 31 de diciembre.

Por segunda jornada consecutiva, la Policía restringió los accesos al Palacio de Justicia. La puerta principal, que da al pasaje Vélez Sarsfield, incluso fue reforzada con una soldadura. Un destacamento de agentes permaneció apostado en esa zona del edificio, que da justamente a la concentración de partidarios de la fórmula Juan Manzur-Osvaldo Jaldo. Del otro lado del muro, los distintos sectores del oficialismo fueron colocando sus banderas y consignas. La fachada exhibe, además, las pintadas que hicieron para exigir la revocación de la sentencia que anuló los comicios; para apoyar a los candidatos electos según el escrutinio definitivo, y para defenestrar a los rivales políticos.

Al igual que el jueves, hubo bombas de estruendo y cánticos, y rondas alrededor de la manzana. El clima se caldeó especialmente hacia el mediodía, cuando Marcelo Caponio, apoderado del Frente para la Victoria, y Armando Cortalezzi, interventor de la Caja Popular de Ahorros, ingresaron al Palacio para exigir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que se avoque en el juicio del Acuerdo para el Bicentenario mediante la aplicación del instituto del per saltum. En ese momento se produjo una efervescencia en la concentración de la plaza y un grupo intentó entrar por la puerta de la calle Congreso, la única habilitada. La Policía impidió el paso a los partidarios del Frente para la Victoria y cerró el acceso hasta que los manifestantes se dispersaron. Afuera, estos exigían entrar a los gritos. Durante algunos minutos, nadie pudo salir del Palacio de Justicia, y el nerviosismo se extendió con rapidez entre abogados, empleados, particulares, funcionarios y jueces. Los periodistas que corrían de un punto a otro alimentaron los temores y la confusión.

A la escena de la puerta de la calle Congreso hay que añadir los desbordes que ocurrieron afuera, donde algunos manifestantes se subieron a las ventanas con barrotes y desde allí arengaron el reclamo. Según distintas fuentes, los avances sobre el edificio sucedieron en presencia de Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación.

Tras el incidente de las ventanas, Antonio Gandur, presidente de la Corte, ordenó colocar vallas alrededor del edificio, pero la mañana pasó sin novedades. Ante una consulta de este diario, el magistrado dijo que iba a reforzar la seguridad de todas las sedes judiciales y a exigir medidas de protección para la magistratura. Luego trascendió que la preocupación fue trasladada a Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana, pero nadie pudo confirmar si el Gobierno había adoptado las precauciones solicitadas. Este diario intentó comunicarse con Hofer ayer, pero el funcionario no respondió ni a los llamados ni a los mensajes de texto.