02 Diciembre 2015
MOSTRADOR ACTIVO. La fila en el hall de la Legislatura fue constante ayer a la mañana. Según legisladores, ya pudieron designar a sus asesores. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La Justicia federal seguirá adelante con la pesquisa por la ruta de las valijas de la Legislatura con millones de pesos en efectivo. El ex legislador Manuel Fernández, quien fue vicepresidente segundo de la anterior conformación del cuerpo colegiado, le había solicitado al juez federal Daniel Bejas que se anularan todas las medidas adoptadas por el fiscal federal general Antonio Gómez. Este último había obtenido una serie de informes de diferentes órganos del Estado -entre ellos, el Poder Legislativo-, en el marco de las actuaciones preliminares iniciadas por presunto lavado de activos.
Según fuentes judiciales, Bejas rechazó el planteo del ex legislador oficialista para anular las pruebas obtenidas por Gómez. Tampoco le permitió que se incorporara como parte a la causa. Sin embargo, el juez federal sí consideró que -por cuestiones de grado- correspondía girar el expediente a un fiscal federal de primera instancia. Así, por fecha de turno, la pesquisa recayó en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Pablo Camuña, quien ya habría solicitado las primeras medidas.
Este año, la Legislatura gastará unos $ 1.500 millones. El monto prácticamente duplica las erogaciones del cuerpo colegiado durante 2014, cuando alcanzó los $ 846 millones.
¿A qué se debió el incremento? Gracias a la ampliación presupuestaria de la sesión del 9 de septiembre, los recursos para “ayudas sociales a personas” se triplicaron y pasaron de $ 156 millones a $ 505,6 millones. Según los registros bancarios a los que accedió este diario, ya se ha superado el tope fijado en el recinto. Fuentes de la Cámara explicaron que se podrían haber reasigando partidas mediante un decreto u otro instrumento que no fue publicado.
El 1 de noviembre, LA GACETA publicó la primera nota sobre la ruta de las valijas. Mediante fotos y documentos se reveló que un empleado de Tesorería de la Legislatura recogía dinero en efectivo de la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. De allí retiraba el dinero (en cada valija entraban unos $ 6 millones) y lo llevaba hasta el edificio de la Cámara en una camioneta oficial.
Entre enero y noviembre fueron extraídos de la cuenta bancaria para gastos sociales legislativos más de $ 520 millones. La cifra más alta se registró en octubre, mes del recambio de autoridades, cuando salieron de la “caja” para uso discrecional $ 105,3 millones. Además, el 29 de octubre hubo una transferencia de $ 25 millones a una cuenta oficial no determinada.
Existe una causa penal en trámite en el fuero provincial. El demandante, Oscar López -ex candidato a legislador-, está a la espera de que se resuelva su planteo de recusación contra el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila. López acusó a autoridades e integrantes de la anterior conformación del cuerpo colegiado, como Juan Manzur, Regino Amado, Juan Ruiz Olivares, Claudio Antonio Pérez y el ex legislador Fernández.
Este último se había presentado hace dos semanas en el fuero federal para pedir la nulidad de las actuaciones realizadas de oficio por el fiscal general Gómez. Según fuentes judiciales, el juez Bejas denegó este pedido. Así, se mantienen en pie varias medidas que podrían resultar clave. Por ejemplo, la Legislatura le informó a la Justicia federal que sólo tenía cuatro cuentas oficiales (“gastos y funcionamiento”, “sueldos”, “dietas” y “honorarios”). Sin embargo, la transferencia de $ 25 millones del día de la asunción de Manzur y Jaldo presuntamente se realizó en una quinta cuenta, ya que la suma no fue acreditada en las demás. No hubo explicaciones oficiales aún por ese giro.
Según fuentes judiciales, Bejas rechazó el planteo del ex legislador oficialista para anular las pruebas obtenidas por Gómez. Tampoco le permitió que se incorporara como parte a la causa. Sin embargo, el juez federal sí consideró que -por cuestiones de grado- correspondía girar el expediente a un fiscal federal de primera instancia. Así, por fecha de turno, la pesquisa recayó en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Pablo Camuña, quien ya habría solicitado las primeras medidas.
Este año, la Legislatura gastará unos $ 1.500 millones. El monto prácticamente duplica las erogaciones del cuerpo colegiado durante 2014, cuando alcanzó los $ 846 millones.
¿A qué se debió el incremento? Gracias a la ampliación presupuestaria de la sesión del 9 de septiembre, los recursos para “ayudas sociales a personas” se triplicaron y pasaron de $ 156 millones a $ 505,6 millones. Según los registros bancarios a los que accedió este diario, ya se ha superado el tope fijado en el recinto. Fuentes de la Cámara explicaron que se podrían haber reasigando partidas mediante un decreto u otro instrumento que no fue publicado.
El 1 de noviembre, LA GACETA publicó la primera nota sobre la ruta de las valijas. Mediante fotos y documentos se reveló que un empleado de Tesorería de la Legislatura recogía dinero en efectivo de la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. De allí retiraba el dinero (en cada valija entraban unos $ 6 millones) y lo llevaba hasta el edificio de la Cámara en una camioneta oficial.
Entre enero y noviembre fueron extraídos de la cuenta bancaria para gastos sociales legislativos más de $ 520 millones. La cifra más alta se registró en octubre, mes del recambio de autoridades, cuando salieron de la “caja” para uso discrecional $ 105,3 millones. Además, el 29 de octubre hubo una transferencia de $ 25 millones a una cuenta oficial no determinada.
Existe una causa penal en trámite en el fuero provincial. El demandante, Oscar López -ex candidato a legislador-, está a la espera de que se resuelva su planteo de recusación contra el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila. López acusó a autoridades e integrantes de la anterior conformación del cuerpo colegiado, como Juan Manzur, Regino Amado, Juan Ruiz Olivares, Claudio Antonio Pérez y el ex legislador Fernández.
Este último se había presentado hace dos semanas en el fuero federal para pedir la nulidad de las actuaciones realizadas de oficio por el fiscal general Gómez. Según fuentes judiciales, el juez Bejas denegó este pedido. Así, se mantienen en pie varias medidas que podrían resultar clave. Por ejemplo, la Legislatura le informó a la Justicia federal que sólo tenía cuatro cuentas oficiales (“gastos y funcionamiento”, “sueldos”, “dietas” y “honorarios”). Sin embargo, la transferencia de $ 25 millones del día de la asunción de Manzur y Jaldo presuntamente se realizó en una quinta cuenta, ya que la suma no fue acreditada en las demás. No hubo explicaciones oficiales aún por ese giro.
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