Llega a juicio el Operativo Independencia

Con las manos atrás, se puso casi de puntas de pie frente a la puerta para ver el interior del aula por una ventanita sin vidrio. “La primera era la de torturas. A mí me tenían en una de las de adelante”. Hace 40 años, T.S estuvo secuestrada en la escuela “Diego de Rojas”, el centro clandestino de detención y exterminio conocido como La Escuelita de Famaillá. “Me trajeron en septiembre de 1975 y fueron alevosos. Estaba embarazada y sufrí las torturas más atroces. Una vez se me cayeron las vendas y vi toda esa gente tirada… algunos muertos y otros semimuertos”. Tiene 70 años, 14 familiares detenidos desaparecidos y ganas de seguir contando su historia. “Es tremendo declarar pero no me voy a callar nunca”. T.S es una de las sobrevivientes del Operativo Independencia (OI) y su identidad se preserva porque fue víctima de delitos sexuales. “Los militares venían estudiando los métodos y los practicaron aquí. El ‘75 fue muy tremendo. Muy tremendo”.

T.S está entusiasmada y afirmó a LA GACETA que espera ser citada próximamente por la Justicia. El primer grupo de casos por crímenes en el contexto del OI llegará a la sala de audiencias el año próximo. La Secretaría de Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal, a cargo de Mariano García Zavalía, confirmó que el debate se abrirá el 5 de mayo y que las audiencias se celebrarán los jueves y viernes. Está previsto que dure cuanto menos un año y que sea el juicio más grande por el número de víctimas (269), de imputados (15) y de querellas (15). Los jueces que integrarán el TOF serán Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.

Ensayo y ocupación

El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el OI. La determinación, puesta en marcha días después durante el gobierno constitucional, desató en la provincia un violento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal. A cargo del plan estuvo en un primer momento Adel Edgardo Vilas y luego, Antonio Domingo Bussi. Tucumán fue un “tubo de ensayo” de las prácticas represivas y de terror que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado de mayo de 1976, según consta en el expediente.

A diferencia de los 11 juicios de lesa humanidad anteriores, en los que los casos se reunieron por centro clandestino, en esta oportunidad fue por las fechas en las que sucedieron los hechos y, por lo tanto, se abordarán delitos cometidos en todos los centros que formaron el circuito represivo. Entre ellos, está La Escuelita, que fue montado específicamente para desarrollar tareas de inteligencia a partir de la extracción de información a los detenidos mediante torturas. Este “modelo” se replicó un año después en todo el territorio nacional.

En la Justicia, los crímenes del OI están divididos en dos grupos de hechos (este, de 269 y otro de 300) y en tres de sospechosos. Los imputados que serán juzgados desde mayo son Roberto “El Tuerto” Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique Del Pino, Jorge Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Figueroa, Carlos Delia Larroca y Néstor Castelli. También estaba incluido Mario Benjamín Menéndez, pero murió en septiembre.

El titular de la oficina local de la procuraduría de crímenes contra la humanidad, el fiscal federal N°2 Pablo Camuña, advierte que el OI es identitario de la represión en la provincia. “Se juzga la parte central del plan de grupos encabezados por la fuerza militar para hacerse con la suma del poder público, lo que se concretaría un año después. Era fundamental en ese momento para ellos mostrarse como los actores políticos que eran capaces de llevar el orden a una sociedad desordenada y el OI fue una vidriera que usaron para eso. Mientras, por debajo, perfeccionaron las prácticas represivas más abyectas, como la tortura y la desaparición forzada”, explicó.

Una de las características, describió, fue el control territorial, con un despliegue que no fue tan grande en otras provincias. “Con la excusa de que la compañía de Monte estaba instalada allí, se ocupó todo el sur. Se controló poblaciones enteras, sometiéndolas a un dominio tan fuerte que desdibujaba la esfera entre lo público y lo privado”, caracterizó. Afirmó que, por ese motivo, una parte de las víctimas de la causa son pobladores del sur.

El resto de los afectados fueron, en general, trabajadores y sindicalistas azucareros; estudiantes universitarios y dirigentes sociales y políticos. El equipo de la procuraduría pudo determinar que el circuito de centros clandestinos que cumplieron la mayoría de las víctimas fue: La Escuelita-Jefatura o la delegación de la Policía Federal- cárcel de Villa Urquiza. “A veces eran llevados al Juzgado, otro eslabón del sistema aceitado. El sistema de desaparición de cuerpos tenía su propio circuito y lo estamos desandando con la investigación. Estaba integrado por el Hospital Militar, el Cementerio del Norte y, según las identificaciones, el Pozo de Vargas”, apuntó.

La Fiscalía ofreció, en 300 páginas, 1.400 testigos. En promedio, unos cinco testigos por afectado. “Espero que el nuevo Gobierno mantenga las políticas sensibles que hacen posible el desarrollo de los juicios. Como los programas de acompañamiento (de psicólogos) y de protección de testigos. También con las fuerzas de seguridad y los medios tecnológicos que permiten que se lleven adelante de manera seria. Es una preocupación, cuando es un juicio tan grande. Necesitaremos un acompañamiento significativo del Poder Ejecutivo”, instó.