11 Diciembre 2015
La Legislatura ha batido un récord histórico ante el Tribunal de Cuentas (TC). En lo que va del año, el cuerpo colegiado ha justificado ante el ente de control erogaciones por más de $ 1.000 millones. Aunque la Cámara no publica cómo aplica sus recursos, la rendición de gastos permitió conocer que, en lo que va del año, el Poder Legislativo le costó al erario un promedio de casi $ 3 millones diarios.
El presupuesto de la Legislatura para 2015 -de ejecución en curso- asciende a $ 1.529 millones. Aunque restan 20 días para que concluya el ejercicio vigente, es habitual que la revisión de las planillas con la justificación de gastos se prolongue hasta febrero del período siguiente. Así, la Cámara tiene poco más de dos meses para presentar comprobantes por unos $ 500 millones, con lo que completaría sus rendiciones anuales (en caso de que agote todos sus recursos). El año pasado, la Legislatura había desembolsado un total de $ 846 millones; es decir, casi la mitad que en el período actual.
El Tribunal de Cuentas tiene una delegación instalada en el edificio de Muñecas 951. Todos los meses, el cuerpo eleva informes con los montos ejecutados. En noviembre, por ejemplo, las rendiciones superaron los $ 147 millones. Más allá de los trámites administrativos, el manejo de esos fondos sólo se conoce puertas adentro.
LA GACETA reveló mediante fotos y documentos cómo es el circuito de gran parte de los recursos de la Cámara. Se trata de la partida “ayudas sociales a personas”, que para este año tenía fondos por $ 505,6 millones (a fines de septiembre en esa caja de uso discrecional quedaban $ 15,5 millones).
Ese dinero era retirado por un empleado de Tesorería de la Cámara en valijas (en cada una entraban $ 6 millones, en billetes de $ 100). El traslado se hacía en una camioneta Toyota Hilux gris, registrada como vehículo oficial.
En agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados de la cuenta para gastos sociales $ 92,7 millones. En octubre, cuando se despidió la anterior conformación de la Cámara, hubo extracciones por $ 105,3 millones.
Denuncias
El ex candidato a legislador Oscar López, del peronismo disidente, formuló una denuncia penal en la Justicia provincial en contra de autoridades y de legisladores de la gestión previa. Entre los demandados están el ex vicegobernador y actual mandatario provincial, Juan Manzur; el ex secretario y hoy legislador oficialista, Juan Ruiz Olivares; y el entonces tesorero, Claudio Pérez (ahora secretario).
En paralelo, López aportó pruebas en una causa que investiga el juez federal Daniel Bejas por presunto lavado de activos. Según el peronista disidente, el sistema que se aplica para el manejo de los gastos sociales transgrede leyes impositivas y previsionales. Entre ellas, mencionó la Ley de Impuesto a las Ganancias y la de Procedimientos Fiscales. Agregó que las operaciones también violentan normas provinciales, como la de Administración Financiera.
“Surge prístina la ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta del sistema empleado desde enero del año 2008 -cuando empieza a regir la Ley de Administración Financiera- hasta el presente. Esto frustra y desbarata la recaudación impositiva nacional”, manifestó López en el escrito que elevó a Bejas.
La causa por presunto lavado había sido iniciada de oficio por el fiscal federal general Antonio Gómez, quien había abierto actuaciones preliminares tras las noticias de LA GACETA. Por un planteo del dirigente oficialista Manuel Fernández, ex vicepresidente segundo de la Cámara, el juez federal consideró que la pesquisa debía ser continuada por alguno de los dos fiscales federales de primera instancia. Por turno, el expediente recayó en manos del fiscal federal Pablo Camuña.
El presupuesto de la Legislatura para 2015 -de ejecución en curso- asciende a $ 1.529 millones. Aunque restan 20 días para que concluya el ejercicio vigente, es habitual que la revisión de las planillas con la justificación de gastos se prolongue hasta febrero del período siguiente. Así, la Cámara tiene poco más de dos meses para presentar comprobantes por unos $ 500 millones, con lo que completaría sus rendiciones anuales (en caso de que agote todos sus recursos). El año pasado, la Legislatura había desembolsado un total de $ 846 millones; es decir, casi la mitad que en el período actual.
El Tribunal de Cuentas tiene una delegación instalada en el edificio de Muñecas 951. Todos los meses, el cuerpo eleva informes con los montos ejecutados. En noviembre, por ejemplo, las rendiciones superaron los $ 147 millones. Más allá de los trámites administrativos, el manejo de esos fondos sólo se conoce puertas adentro.
LA GACETA reveló mediante fotos y documentos cómo es el circuito de gran parte de los recursos de la Cámara. Se trata de la partida “ayudas sociales a personas”, que para este año tenía fondos por $ 505,6 millones (a fines de septiembre en esa caja de uso discrecional quedaban $ 15,5 millones).
Ese dinero era retirado por un empleado de Tesorería de la Cámara en valijas (en cada una entraban $ 6 millones, en billetes de $ 100). El traslado se hacía en una camioneta Toyota Hilux gris, registrada como vehículo oficial.
En agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados de la cuenta para gastos sociales $ 92,7 millones. En octubre, cuando se despidió la anterior conformación de la Cámara, hubo extracciones por $ 105,3 millones.
Denuncias
El ex candidato a legislador Oscar López, del peronismo disidente, formuló una denuncia penal en la Justicia provincial en contra de autoridades y de legisladores de la gestión previa. Entre los demandados están el ex vicegobernador y actual mandatario provincial, Juan Manzur; el ex secretario y hoy legislador oficialista, Juan Ruiz Olivares; y el entonces tesorero, Claudio Pérez (ahora secretario).
En paralelo, López aportó pruebas en una causa que investiga el juez federal Daniel Bejas por presunto lavado de activos. Según el peronista disidente, el sistema que se aplica para el manejo de los gastos sociales transgrede leyes impositivas y previsionales. Entre ellas, mencionó la Ley de Impuesto a las Ganancias y la de Procedimientos Fiscales. Agregó que las operaciones también violentan normas provinciales, como la de Administración Financiera.
“Surge prístina la ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta del sistema empleado desde enero del año 2008 -cuando empieza a regir la Ley de Administración Financiera- hasta el presente. Esto frustra y desbarata la recaudación impositiva nacional”, manifestó López en el escrito que elevó a Bejas.
La causa por presunto lavado había sido iniciada de oficio por el fiscal federal general Antonio Gómez, quien había abierto actuaciones preliminares tras las noticias de LA GACETA. Por un planteo del dirigente oficialista Manuel Fernández, ex vicepresidente segundo de la Cámara, el juez federal consideró que la pesquisa debía ser continuada por alguno de los dos fiscales federales de primera instancia. Por turno, el expediente recayó en manos del fiscal federal Pablo Camuña.
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