Por LA GACETA
21 Diciembre 2015
Las crónicas de los últimos días han dado cuenta de que varias plazas y espacios públicos ubicados en importantes barriadas de nuestra ciudad han sufrido daños y ataques a sus infraestructuras, en especial a las zonas de juegos infantiles, aunque también se advirtió que la falta de mantenimiento y cuidado han degradado estos lugares destinados al esparcimiento, la sociabilidad y el descanso.
Esos informes, basados en denuncias y testimonios gráficos de vecinos y de lectores, y luego comprobados por las autoridades respectivas, dejaron en claro que la mayoría de estos hechos fueron perpetrados por individuos inescrupulosos, que actuaron tanto individualmente como en grupos, y movilizados por inexplicables actitudes vandálicas. El último incidente que encrespó el ánimo de la opinión pública ocurrió en la plaza de Villa Luján, a un mes de su reinauguración en donde se detectó el derribo de una de las mesas de hierro y cemento instaladas por la administración municipal.
Ya antes los lectores habían advertido sobre la frustración e impedimientos que sufren las familias que llevan sus hijos a jugar a la plaza Urquiza, en razón de que la mayoría de los juegos infantiles instalados en el lugar han sufrido destrozos. Y otro tanto ocurrió en el parque Avellaneda, donde se constataron daños en la calesita, amén de problemas en la recolección de residuos y en la plaza Belgrano, lugar en el que los vecinos han denunciado la desaparición de una hamaca para discapacitados y roturas de diversos órdenes.
Aunque también se disponen informes sobre situaciones similares en otros sitios públicos de la Capital, el presente repaso se descuenta como suficiente para inferir que los vecinos y la administración municipal enfrentan un cuadro de situación prácticamente crítico respecto del control y el disfrute de esos espacios públicos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán que tiene a su cargo la atención de 307 plazas y cinco parques viene desarrollando un programa de revalorización y mantenimiento de esos espacios con una importante inversión estimada en varios millones de pesos. Esa política, sin embargo, parece chocar con limitaciones en su concreción en razón de que no ha logrado resolver la problemática del cuidado y la seguridad de esos lugares.
Aunque también resulta evidente que las inconductas sociales y las actitudes desaprensivas están poniendo en entredicho la convivencia ciudadana en el espacio público. ¿Habría que redoblar la vigilancia policial en esos lugares para mantener a raya a los inadaptados? ¿Será oportuno para controlar esos desmanes y mejorar la custodia de las plazas y parques -como muchos vecinos lo reclaman- el regreso de la función del placero? Pero ¿no sería oportuno estudiar estas reacciones vandálicas o episodios de violencias como una consecuencia del incremento de la marginalidad social y la inseguridad que golpea a todos los estratos y territorios para buscar respuestas más amplias, integradoras y profundas? Hace poco días, la municipalidad capitalina sacó a la calle una patrulla compuesta por policías y empleados municipales con la intención de mejorar el control de estos lugares comunitarios -sobre todo para buscar eliminar basurales- y anunció un plan de concientización para promover conductas y prácticas culturales solidarias, además de reparar los destrozos. La gravedad de la situación y daño que se provoca al patrimonio común deberían alertar también a todos los actores sociales y gubernamentales para juramentarse estrategias mucho más comprometidas y responsables en la resolución de una problemática dolorosa, dañina, antisocial.
Esos informes, basados en denuncias y testimonios gráficos de vecinos y de lectores, y luego comprobados por las autoridades respectivas, dejaron en claro que la mayoría de estos hechos fueron perpetrados por individuos inescrupulosos, que actuaron tanto individualmente como en grupos, y movilizados por inexplicables actitudes vandálicas. El último incidente que encrespó el ánimo de la opinión pública ocurrió en la plaza de Villa Luján, a un mes de su reinauguración en donde se detectó el derribo de una de las mesas de hierro y cemento instaladas por la administración municipal.
Ya antes los lectores habían advertido sobre la frustración e impedimientos que sufren las familias que llevan sus hijos a jugar a la plaza Urquiza, en razón de que la mayoría de los juegos infantiles instalados en el lugar han sufrido destrozos. Y otro tanto ocurrió en el parque Avellaneda, donde se constataron daños en la calesita, amén de problemas en la recolección de residuos y en la plaza Belgrano, lugar en el que los vecinos han denunciado la desaparición de una hamaca para discapacitados y roturas de diversos órdenes.
Aunque también se disponen informes sobre situaciones similares en otros sitios públicos de la Capital, el presente repaso se descuenta como suficiente para inferir que los vecinos y la administración municipal enfrentan un cuadro de situación prácticamente crítico respecto del control y el disfrute de esos espacios públicos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán que tiene a su cargo la atención de 307 plazas y cinco parques viene desarrollando un programa de revalorización y mantenimiento de esos espacios con una importante inversión estimada en varios millones de pesos. Esa política, sin embargo, parece chocar con limitaciones en su concreción en razón de que no ha logrado resolver la problemática del cuidado y la seguridad de esos lugares.
Aunque también resulta evidente que las inconductas sociales y las actitudes desaprensivas están poniendo en entredicho la convivencia ciudadana en el espacio público. ¿Habría que redoblar la vigilancia policial en esos lugares para mantener a raya a los inadaptados? ¿Será oportuno para controlar esos desmanes y mejorar la custodia de las plazas y parques -como muchos vecinos lo reclaman- el regreso de la función del placero? Pero ¿no sería oportuno estudiar estas reacciones vandálicas o episodios de violencias como una consecuencia del incremento de la marginalidad social y la inseguridad que golpea a todos los estratos y territorios para buscar respuestas más amplias, integradoras y profundas? Hace poco días, la municipalidad capitalina sacó a la calle una patrulla compuesta por policías y empleados municipales con la intención de mejorar el control de estos lugares comunitarios -sobre todo para buscar eliminar basurales- y anunció un plan de concientización para promover conductas y prácticas culturales solidarias, además de reparar los destrozos. La gravedad de la situación y daño que se provoca al patrimonio común deberían alertar también a todos los actores sociales y gubernamentales para juramentarse estrategias mucho más comprometidas y responsables en la resolución de una problemática dolorosa, dañina, antisocial.
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