22 Diciembre 2015
Los miembros del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho enviaron una notificación al rectorado para solicitar que se cumpla con la recategorización de más de 100 docentes.
Según explicó la decana, Adela Seguí, los trámites se iniciaron hace varios meses, pero hasta el momento no se dieron las altas. “Como es costumbre la gente comenzó a preguntar cómo iba su trámite, pero de la oficina correspondiente les respondían que si eran de Derecho ‘no iba a salir’”. Esa fue la contestación que, según Seguí, recibieron varios docentes.
“Desconozco por qué no se ha dado el alta y las mejoras en las categorías. Todas las designaciones fueron hechas por el Consejo Directivo después de que el área Económica Financiera informó que existía el correspondiente respaldo presupuestario (puntos docentes)”, agregó la decana.
Acerca de cuáles podrían ser las razones por las que se han frenado los trámites para estas recategorizaciones, Seguí esbozó dos posibles causas: “podría obedecer a una desfinanciación de la Universidad o a alguna razón política que lleve a discriminar en el trato a la Facultad de Derecho”. Calificó la situación de grave y reiteró que la Facultad tiene los puntos necesarios (los puntos son unidades de medida que le permiten a una facultad crear cargos docentes o promocionar a quienes ya tienen uno). “No me hubiese imaginado que su utilización regular podría ser desconocida por la administración central”, insistió.
La decana contó que en una oportunidad le planteó el tema por teléfono a la rectora, Alicia Bardón. “Me dijo que tenía que analizar la historia de esos puntos docentes desde 2010 hacia acá. No sé, quizás le llamaba la atención la cantidad que tenía la Facultad”, dijo Seguí, quien aseguró que el tiempo pasó y la rectora no le dio una respuesta.
“Llega fin de año y los reclamos docentes se incrementaron”, agregó. Esa fue una de las razones por las que el Consejo decidió enviar la resolución, que ayer ingresó en el despacho de Bardón.
“Considero que la UNT está en un estado de falta de institucionalidad absoluta. No tiene circuitos administrativos aprobados que den certeza y siempre estamos sujetos a la firma de la rectora como si fuese un favor personal y no el reconocimiento de lo que nos corresponde a las facultades y a los docentes”, enfatizó la decana de Derecho. Además reclamó transparencia en el manejo de los fondos. “La situación es de total oscuridad”, advirtió.
Según explicó la decana, Adela Seguí, los trámites se iniciaron hace varios meses, pero hasta el momento no se dieron las altas. “Como es costumbre la gente comenzó a preguntar cómo iba su trámite, pero de la oficina correspondiente les respondían que si eran de Derecho ‘no iba a salir’”. Esa fue la contestación que, según Seguí, recibieron varios docentes.
“Desconozco por qué no se ha dado el alta y las mejoras en las categorías. Todas las designaciones fueron hechas por el Consejo Directivo después de que el área Económica Financiera informó que existía el correspondiente respaldo presupuestario (puntos docentes)”, agregó la decana.
Acerca de cuáles podrían ser las razones por las que se han frenado los trámites para estas recategorizaciones, Seguí esbozó dos posibles causas: “podría obedecer a una desfinanciación de la Universidad o a alguna razón política que lleve a discriminar en el trato a la Facultad de Derecho”. Calificó la situación de grave y reiteró que la Facultad tiene los puntos necesarios (los puntos son unidades de medida que le permiten a una facultad crear cargos docentes o promocionar a quienes ya tienen uno). “No me hubiese imaginado que su utilización regular podría ser desconocida por la administración central”, insistió.
La decana contó que en una oportunidad le planteó el tema por teléfono a la rectora, Alicia Bardón. “Me dijo que tenía que analizar la historia de esos puntos docentes desde 2010 hacia acá. No sé, quizás le llamaba la atención la cantidad que tenía la Facultad”, dijo Seguí, quien aseguró que el tiempo pasó y la rectora no le dio una respuesta.
“Llega fin de año y los reclamos docentes se incrementaron”, agregó. Esa fue una de las razones por las que el Consejo decidió enviar la resolución, que ayer ingresó en el despacho de Bardón.
“Considero que la UNT está en un estado de falta de institucionalidad absoluta. No tiene circuitos administrativos aprobados que den certeza y siempre estamos sujetos a la firma de la rectora como si fuese un favor personal y no el reconocimiento de lo que nos corresponde a las facultades y a los docentes”, enfatizó la decana de Derecho. Además reclamó transparencia en el manejo de los fondos. “La situación es de total oscuridad”, advirtió.
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