05 Enero 2016
“El fiscal Navarro Dávila debió excusarse”
López criticó que, mientras el titular de la Fiscalía V investigaba la ruta de las valijas, su esposa haya sido sobreseída en un juicio político En 2015, la Legislatura destinó más de $ 500 millones a “ayudas sociales a personas”. El peronista disidente recordó que el ministro fiscal es padre de un ex legislador.
EN LA “CITY”. Un empleado legislativo carga una valija. La llevará hasta la camioneta que tiene el baúl abierto. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
La llegada de la feria judicial dilatará, al menos hasta febrero, los avances en las investigaciones judiciales por las valijas de la Legislatura. Pero el receso veraniego no frenó la polémica por el uso de más de $ 500 millones para supuestas “ayudas sociales a personas” brindadas por el cuerpo colegiado durante 2015.
El ex candidato a legislador por el peronismo disidente, Oscar López, cuestionó que el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, haya continuado al frente de la pesquisa en el fuero provincial, pese a los planteos recusatorios. Según López, el magistrado debió haberse apartado del expediente de la ruta de las valijas, entre otros motivos, porque la comisión de Juicio Político de la Legislatura analizó -y desechó- una demanda por presunto mal desempeño contra su esposa, Liliana Vitar, quien es vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la Capital. “Se trata de una causal directa, prevista por la normativa. El fiscal debió haberse excusado”, insistió López, en entrevista con este diario. Añadió que la decisión de la Legislatura de descartar el proceso contra la magistrada alivió la supuesta tensión de intereses. “El trámite de juicio político en contra de la esposa del fiscal obviamente podría haber influido en su imparcialidad. Pero con el sobreseimiento, la causal ha desaparecido. Ya no existe la presión de los legisladores sobre los cuales Navarro Dávila debe realizar una pesquisa”, detalló López.
La acusación por presunto mal desempeño contra Vitar había sido formulada por el letrado Carlos José Varela Soria. Según el denunciante, la camarista no se inhibía en las causas previamente instruidas por su esposo. En la última semana del año pasado, la comisión de Juicio Político de la Legislatura, por impulso de la amplia mayoría oficialista, decidió archivar ese expediente. El titular de ese grupo parlamentario, el manzurista Zacarías Khoder, adujo que no había pruebas de supuestas intervenciones anómalas por parte de Vitar. El radical Eudoro Aráoz había criticado el tratamiento del caso. “Es un pésimo precedente”, señaló, respecto del archivo in limine.
Varela Soria también cuestionó la postura del comité legislativo. “Tomo esta lamentable decisión como un guiño político para todos los fiscales y jueces que actúen con impunidad, que por suerte son los menos. Ellos no serán removidos del cargo, hagan lo que hagan”, protestó. Y agregó: “ya sabe la sociedad, y en especial los abogados que ejercemos en el fuero penal, que no tenemos seguridad jurídica ni resguardo legal; mucho menos acogida política en casos de jueces con mala conducta o que intervengan en casos de corrupción”.
En una camioneta oficial
A partir de noviembre pasado, LA GACETA publicó una serie de notas referidas al manejo del efectivo de la Legislatura. Mediante fotos y documentos se mostró cómo un empleado de Tesorería recogía del banco valijas con dinero (en cada una cabían $ 6 millones, en billetes de $ 100). La plata era trasladada en una camioneta oficial -sin identificación ni custodia especial- desde la sucursal de San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro hasta el edificio parlamentario de calle Muñecas 951.
Según los registros bancarios, el año pasado fueron extraídos más de $ 500 millones en valijas de la cuenta para gastos sociales de la Legislatura. Es un misterio cómo fueron distribuidos esos fondos, ya que si bien se efectúan rendiciones ante el Tribunal de Cuentas (TC), el detalle de las erogaciones se mantiene en estricta reserva.
En principio, el presupuesto de la Cámara para 2015 iba a ser de $ 959 millones. Pero en la sesión del 9 de septiembre, ya con Juan Manzur como vicegobernador, la anterior conformación del cuerpo colegiado amplió sus recursos hasta $ 1.529 millones. También se aprovechó para triplicar los fondos para gastos sociales (que superaron así los $ 500 millones). Ninguno de estos cambios figuraba en el orden del día.
Con la difusión del caso de las valijas fueron abiertas diversas causas en la Justicia (ver aparte).
El abogado López, autor de la demanda en el fuero provincial, pidió a mediados de noviembre la recusación de Navarro Dávila. Sin embargo, el fiscal continuó a cargo del expediente (ayer este diario trató de contactarse con él de manera telefónica, pero no tuvo éxito). Con este panorama, el denunciante expresó su preocupación. Y agregó otro motivo: que el ministro fiscal Edmundo Jiménez es padre de Reinaldo Jiménez, un dirigente oficialista que fue legislador del bloque Tucumán Crece hasta octubre pasado. “Edmundo Jiménez es el jefe de todos los fiscales. Y puede tener influencia (en su desempeño). Sobre sus laderos, seguro; y sobre el resto de los fiscales es muy probable que sea así”, remarcó el abogado López.
El ex candidato a legislador por el peronismo disidente, Oscar López, cuestionó que el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, haya continuado al frente de la pesquisa en el fuero provincial, pese a los planteos recusatorios. Según López, el magistrado debió haberse apartado del expediente de la ruta de las valijas, entre otros motivos, porque la comisión de Juicio Político de la Legislatura analizó -y desechó- una demanda por presunto mal desempeño contra su esposa, Liliana Vitar, quien es vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la Capital. “Se trata de una causal directa, prevista por la normativa. El fiscal debió haberse excusado”, insistió López, en entrevista con este diario. Añadió que la decisión de la Legislatura de descartar el proceso contra la magistrada alivió la supuesta tensión de intereses. “El trámite de juicio político en contra de la esposa del fiscal obviamente podría haber influido en su imparcialidad. Pero con el sobreseimiento, la causal ha desaparecido. Ya no existe la presión de los legisladores sobre los cuales Navarro Dávila debe realizar una pesquisa”, detalló López.
La acusación por presunto mal desempeño contra Vitar había sido formulada por el letrado Carlos José Varela Soria. Según el denunciante, la camarista no se inhibía en las causas previamente instruidas por su esposo. En la última semana del año pasado, la comisión de Juicio Político de la Legislatura, por impulso de la amplia mayoría oficialista, decidió archivar ese expediente. El titular de ese grupo parlamentario, el manzurista Zacarías Khoder, adujo que no había pruebas de supuestas intervenciones anómalas por parte de Vitar. El radical Eudoro Aráoz había criticado el tratamiento del caso. “Es un pésimo precedente”, señaló, respecto del archivo in limine.
Varela Soria también cuestionó la postura del comité legislativo. “Tomo esta lamentable decisión como un guiño político para todos los fiscales y jueces que actúen con impunidad, que por suerte son los menos. Ellos no serán removidos del cargo, hagan lo que hagan”, protestó. Y agregó: “ya sabe la sociedad, y en especial los abogados que ejercemos en el fuero penal, que no tenemos seguridad jurídica ni resguardo legal; mucho menos acogida política en casos de jueces con mala conducta o que intervengan en casos de corrupción”.
En una camioneta oficial
A partir de noviembre pasado, LA GACETA publicó una serie de notas referidas al manejo del efectivo de la Legislatura. Mediante fotos y documentos se mostró cómo un empleado de Tesorería recogía del banco valijas con dinero (en cada una cabían $ 6 millones, en billetes de $ 100). La plata era trasladada en una camioneta oficial -sin identificación ni custodia especial- desde la sucursal de San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro hasta el edificio parlamentario de calle Muñecas 951.
Según los registros bancarios, el año pasado fueron extraídos más de $ 500 millones en valijas de la cuenta para gastos sociales de la Legislatura. Es un misterio cómo fueron distribuidos esos fondos, ya que si bien se efectúan rendiciones ante el Tribunal de Cuentas (TC), el detalle de las erogaciones se mantiene en estricta reserva.
En principio, el presupuesto de la Cámara para 2015 iba a ser de $ 959 millones. Pero en la sesión del 9 de septiembre, ya con Juan Manzur como vicegobernador, la anterior conformación del cuerpo colegiado amplió sus recursos hasta $ 1.529 millones. También se aprovechó para triplicar los fondos para gastos sociales (que superaron así los $ 500 millones). Ninguno de estos cambios figuraba en el orden del día.
Con la difusión del caso de las valijas fueron abiertas diversas causas en la Justicia (ver aparte).
El abogado López, autor de la demanda en el fuero provincial, pidió a mediados de noviembre la recusación de Navarro Dávila. Sin embargo, el fiscal continuó a cargo del expediente (ayer este diario trató de contactarse con él de manera telefónica, pero no tuvo éxito). Con este panorama, el denunciante expresó su preocupación. Y agregó otro motivo: que el ministro fiscal Edmundo Jiménez es padre de Reinaldo Jiménez, un dirigente oficialista que fue legislador del bloque Tucumán Crece hasta octubre pasado. “Edmundo Jiménez es el jefe de todos los fiscales. Y puede tener influencia (en su desempeño). Sobre sus laderos, seguro; y sobre el resto de los fiscales es muy probable que sea así”, remarcó el abogado López.
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