La Provincia concurrió a la Justicia para que la Nación le devuelva fondos de la Coparticipación

La Provincia concretó dos presentaciones judiciales para recuperar sumas millonarias de la Coparticipación Federal que la Nación le retuvo, según sostiene, indebidamente.

El gobernador Juan Manzur había instruido primero al ministro de Economía, Eduardo Garvich, y luego, al fiscal de Estado, Daniel Leiva para que tomaran las medidas administrativas y judiciales necesarias para lograr el objetivo.

La iniciativa provincial derivó de tres hechos:

1- El 24 de noviembre, a raíz de presentaciones de San Luis, Santa Fe y Córdoba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma que dispuso la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a los distritos provinciales.

2- La entonces Presidenta, Cristina Fernández, determinó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) extender la devolución a todas las provincias.

3- A principios de diciembre, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland dictó una medida cautelar interina que ordenó al Gobierno que suspenda el DNU.

“Dos Argentinas”

“Es lo que corresponde”, lanzó durante la mañana de ayer Manzur tras supervisar trabajos de Vialidad en canales y drenajes a la vera de la ruta 315, en Tafí Viejo. “Santa Fe, Córdoba y San Luis reciben coparticipación plena y el resto, un 15% menos que ellos. Hoy, entonces, tenemos dos Argentinas. Creo que esta situación anómala se va a subsanar en los próximos tiempos”, graficó el mandatario nacional.

Estimó que el monto mensual que la Provincia no estaría recibiendo ascendería a los $ 200 millones. “Es una suma importante para Tucumán, que la necesita, como todas las otras provincias. Es un hecho de justicia, independintemente del signo político. El fiscal de Estado está haciendo un excelente trabajo con sus colaboradores para que esto se resuelva a la brevedad”, valoró.

De acuerdo con registros del Tribunal de Cuentas, durante el año pasado Tucumán recibió un promedio de entre $ 800 y $ 1.000 millones mensuales en concepto de Coparticipación.

Leiva, jefe de los abogados del Estado, explicó a LA GACETA que la primera presentación se efectuó en la Corte Suprema el 21 de diciembre. “Se promovió la demanda que solicita que se declare la incostitucionalidad del artículo 59 de la ley N° 26.078 y del decreto 1.399/01 que implicaba una detracción del 1,9% de toda la masa coparticipable para financiar la operatoria de la Afip. Como consecuencia pedimos que se ordene el pago a la provincia”, puntualizó.

La segunda, consignó el letrado, se realizó el 28 de diciembre ante el juzgado de Heiland. “Nos presentamos junto a otras 15 provincias mediante un recurso de reposición para que la jueza federal que dictó esa sentencia se declare incompetente. Por la naturaleza del asunto, es competencia originaria de la Corte. Y que, por lo tanto, remita al máximo tribunal las actuaciones a los fines de que ésta oportunamente deje sin efecto esa medida provisoria”, expresó. Un numeroso equipo de la Fiscalía, encabezado por Leiva y el fiscal adjunto, Federico José Nazur, estuvo abocado a estos escritos en las últimas semanas.

La Coparticipación es el mecanismo mediante el que la Nación y las provincias se reparten los ingresos de la recaudación de impuestos. Según la ley original, la mayor parte del monto total recaudado debía distribuirse el 42,34% en forma automática a la Nación y el 54,66% de igual manera entre todos los distritos.