Lula aceptó ser superministro y tendrá fueros

BRASILIA.- El ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva aceptó asumir un ministerio en el Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, sostiene la página web del diario “O Globo”.

Según la versión periodística, el ex mandatario ya les comunicó su decisión a sus correligionarios en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sólo aguarda reunirse con Rousseff para anunciar la decisión. Pero el desembarco de Lula sería con algunas condiciones, como por ejemplo tener garantías de que cambiará el rumbo de la política económica.

Según estiman, la probable llegada del ex mandatario provocará un giro a la izquierda. Es que Lula sólo ve una salida para esta crisis: reconectarse con la base social del PT, insatisfecha con la reforma de la seguridad social y con los recortes de los gastos sociales.

El portal “G1”, también del grupo Globo, añade a su vez que el ex mandatario, quien gobernó el país entre 2003 y 2010, es aguardado en Brasilia para discutir con su sucesora las condiciones de su entrada en EL Gobierno.

La asunción de Lula como ministro se puede observar desde dos ángulos. Por un lado, Lula tendría poderes de “superministro” con el fin de emprender dos misiones claves para el Gobierno: reunificar la coalición oficialista, en la que el principal socio, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), amenazó con romper la alianza; y lograr frenar el avance del proceso que se tramita en la Cámara Baja con miras a destituir a Rousseff.

Por otro lado, la investidura de ministro le concedería a Lula el privilegio de los fueros, con lo cual todo y cualquier proceso en su contra deberá ser analizado, exclusivamente, por el Supremo Tribunal Federal. Este privilegio no es menor, una vez que el ex presidente fue denunciado penalmente, y tiene, además, un pedido de prisión preventiva, por presuntos nexos con el escándalo de corrupción en Petrobras.

Prisión en suspenso

El lunes, la jueza del tribunal de San Pablo que analiza esta acción decidió trasladarla al ámbito de la Justicia Federal del estado de Paraná, puntualmente a manos del juez federal Sérgio Moro, el “implacable” magistrado que encabeza los procesos de la operación Lava Jato de la Policía Federal, que investiga la trama de corrupción que operó en la petrolera estatal.

No obstante, la estrategia del PT podría verse dañada a raíz de las explosivas declaraciones que, según informan medios locales, hizo el senador Delcídio Amaral, ex líder de partido en la Cámara Alta.

Esto puede provocar una “implosión” en el partido de izquierda y en el del Gobierno, puesto que de todos los implicados en los fraudes en Petrobras que contaron a cambio de beneficios en sus condenas, Amaral es uno de los más próximos a la Presidenta y su antecesor y el que maneja más detalles sobre los desmanes en la petrolera y sus nexos con el Gobierno.

Manifestaciones

El pase de las actuaciones judiciales bajo competencia de Moro, a quien critican desde el PT por la supuesta “parcialidad” de su desempeño, cae después de las protestas multitudinarias que el domingo último sacudieron las calles de todo el país, y cuando el gobierno y la oposición comienzan a prepararse para un eventual juicio político contra la mandataria. Así es como Dilma Rousseff, que aclaró el viernes pasado que no iba a renunciar, quien analizó con sus asesores el impacto político de las movilizaciones del domingo que abren camino a varias opciones barajadas por la oposición como el impeachment (juicio político) la renuncia y la reforma del modelo de gobierno. “No podemos desconocer el tamaño de la manifestación”, declaró el jefe del grupo oficialista en el Congreso, José Pimentel, sobre las manifestaciones, consideradas las mayores en la historia del país y que movilizaron al menos a más de 3 millones de personas para exigir la destitución de la mandataria.

En ese encuentro, se decidió que el oficialismo promueva el diálogo para impedir que el proceso contra Rousseff prospere. “Tenemos que conversar y escuchar mucho” y eso debe hacerse con “todos” los partidos políticos, incluidos los de la oposición, que son los que alientan el proceso, afirmó Pimentel.

Para la oposición, en tanto, el mensaje enviado desde las calles es “clarísimo”. Los brasileños “han dicho que quieren que este Gobierno acabe”, declaró Antonio Imbassahy, jefe del bloque de diputados del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD).

Juicio político

El proceso con miras a la posible destitución de Rousseff comenzó el año pasado, pero fue interrumpido en diciembre por una decisión de la Corte Suprema, que detectó “errores de procedimiento” en los trámites. El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, anticipó que su intención es que el proceso sea retomado mañana, un día después de que la Corte Suprema se pronuncie sobre esos errores y sobre cómo se debe seguir el trámite. Pero Cunha también es investigado por supuestos casos de corrupción política. (DPA-Reuters-Especial)