Goane recupera el sillón de vocal decano

Cinco meses y 11 días insumió el trámite de renovación de autoridades en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ese proceso con cuatro votaciones a puertas cerradas concluyó ayer con la elección de René Goane como vocal decano. Según consta en el acta publicada de inmediato en el portal institucional (justucuman.gov.ar), el presidente Antonio Gandur votó a Goane; este sufragó por sí mismo y logró el aval del vocal Antonio Estofán. En minoría quedaron los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse, que intercambiaron sufragios.

Al igual que en las elecciones anteriores, no hubo fotografía de familia. Sbdar y Posse ingresaron por el pasillo del Palacio de Justicia mientras que sus pares usaron los corredores internos. Luego del cónclave, que incluyó el tratamiento de la coyuntura judicial delicada y se prolongó durante casi 60 minutos, Estofán se mostró satisfecho con la elección de Goane. “Hemos logrado una buena salida institucional”, evaluó con tono seguro.

Preocupación

La última votación restituyó a Goane la vicepresidencia que venía ejerciendo desde 2001 (con renovaciones bianuales periódicas) hasta noviembre de 2015, cuando fue sustituido por Sbdar con los votos de esta, de Gandur y de Posse. Esa modificación ocasionó una fricción sin precedentes en el alto tribunal: Goane y Estofán pidieron la reconsideración de la designación de Sbdar con el argumento de que lesionaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, y anunciaron que estaban dispuestos a someter el contencioso ante los Tribunales.

El 22 de diciembre, Sbdar renunció en forma indeclinable a la función de número dos del cuerpo. Sin embargo, su interregno se extendió hasta el lunes puesto que los pares que la habían elegido se resistían a aceptar el paso al costado. En el ínterin, se intensificó la disputa entre la Corte, y el Ministerio Público Fiscal y Pupilar que dirige Edmundo Jiménez. Luego de visitar a Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, Jiménez anunció la existencia de una crisis estructural y general en el Poder Judicial de Tucumán. El alto tribunal discrepa con la visión del ex ministro de Gobierno y de Justicia histórico de la gestión de José Alperovich: según el criterio compartido entre los cinco miembros, el rendimiento del fuero civil muestra signos de mejora, y la situación crítica se circunscribe a causas concretas y al colapsado fuero penal.

Los conflictos con Jiménez se remontan al trámite de una denuncia penal presentada por el Colegio de Abogados de la Capital contra el ex fiscal Guillermo Herrera (se jubiló con el beneficio del 82% móvil en septiembre). El tironeo incluye el debate por la autarquía: esta potestad permitirá al jefe de los fiscales y defensores oficiales librarse de los controles que la Corte ejerce sobre el control del personal y del presupuesto. “Jiménez está enloquecido y medio zafadito”, había opinado al respecto Goane.

Estas y otras diferencias trascendieron el ámbito provincial (esta semana y en el Congreso de la Nación, la senadora opositora Silvia Elías de Pérez pidió públicamente a Garavano que atienda los conflictos judiciales de Tucumán), y dieron pie a que el Colegio de Abogados y legisladores opositores exigiesen la dimisión de Jiménez. El lunes, el dirigente judicial Julio Piumato dijo que había problemas serios de corrupción en la Justicia y responsabilizó al ministro público por el mal estado del fuero penal. Al día siguiente, el abogado Pedro Brito pidió a la Legislatura que destituya a Gandur, a quien atribuyó el descrédito en el que han caído los Tribunales (antes, ese letrado había denunciado a toda la Corte Suprema en sede penal, pero el fiscal Diego López Ávila pidió el archivo de la presentación -ver texto relacionado-).

Este panorama convulso estuvo presente en la reunión que la Corte mantuvo ayer. Según comentarios posteriores, los vocales acordaron respaldar al presidente. Se supo, además, que ingresó otra solicitud de destitución contra los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur -hijo del titular de la Corte-. Fuentes judiciales dijeron que se viven momentos de preocupación por el rumbo que tomarán las actuaciones iniciadas en la Legislatura. En febrero, Garavano advirtió que si las instituciones locales no solucionaban los males de la Justicia, podría haber una intervención federal.