22 Marzo 2016
La figura de la ex presidenta Estela “Isabelita” Martínez de Perón sigue generando controversia en los Tribunales federales por su responsabilidad en el Operativo Independencia. A dos meses del inicio de las audiencias de la megacausa que juzgará los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa incursión militar masiva en la provincia, el Tribunal Oral Federal (TOF) local rechazó un pedido de la Defensa para que la ex mandataria -tiene 85 años y vive en España- sea citada a declarar como testigo en el proceso.
“Al ser público y notorio que Estela Martínez de Perón se encuentra denunciada e investigada por una supuesta intervención (...) no corresponde su comparencia como testigo”, consideraron los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Argumentaron que la mujer al testificar podría autoincriminarse.
Sucede que el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Pablo Camuña (titular de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), había requerido en la acusación original- en 2011- que Martínez fuera imputada junto a ex miembros de fuerzas de seguridad. El juez Daniel Bejas decidió no hacer lugar al llamado a indagatoria. El fiscal apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones, que confirmó el criterio de Bejas. Camuña y su equipo insistieron en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el asunto permanece pendiente de resolución.
“Consideramos que ella fue participe necesaria por haber dado una orden cuya ejecutoriedad no controló. Pedimos que se la imputara por haber firmado el decreto N° 261 de 1975 (puso en marcha el Operativo) y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión. Como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, tenía la obligación de evitarlo”, explicó Camuña. El fiscal consideró que citar a un sospechoso como testigo es una trampa. “Se lo cita y se lo hace hablar cuando todo lo que diga puede ser usado en su contra, porque está bajo juramento”, recordó.
Rechazo
“Pesa sobre este Tribunal un temor fundado de falta de independencia”, lanzo el abogado Facundo Maggio y criticó la resolución. El letrado es defensor de cuatro imputados (Camilo Orce, Enrique Bonifacino, Cayetano Fiorini y Miguel Chuchuy Linares). “Cuando se toca al PJ, el Tribunal resguarda la sensibilidad justicialista. La fórmula Perón-Perón habría dado inicio a este asunto, sus ministros y dirigentes. A ella se la resguarda tanto como imputada como testigo. Mi intención es técnica, estar en un debido proceso legal”, fustigó. Advirtió que analiza presentar una denuncia contra los jueces en el Consejo de la Magistratura.
El secretario de Derechos Humanos del TOF, Mariano García Zavalía, ratificó que las audiencias comenzarán el 5 de mayo. Los imputados que serán juzgados desde mayo por crímenes contra 269 víctimas suman hasta ahora 15 (podrían incluirse más una vez en marcha le juicio). García Zavalía calculó que unos 600 testigos pasarán por la sala y que el proceso se extenderá por más de un año.
“Al ser público y notorio que Estela Martínez de Perón se encuentra denunciada e investigada por una supuesta intervención (...) no corresponde su comparencia como testigo”, consideraron los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Argumentaron que la mujer al testificar podría autoincriminarse.
Sucede que el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Pablo Camuña (titular de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), había requerido en la acusación original- en 2011- que Martínez fuera imputada junto a ex miembros de fuerzas de seguridad. El juez Daniel Bejas decidió no hacer lugar al llamado a indagatoria. El fiscal apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones, que confirmó el criterio de Bejas. Camuña y su equipo insistieron en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el asunto permanece pendiente de resolución.
“Consideramos que ella fue participe necesaria por haber dado una orden cuya ejecutoriedad no controló. Pedimos que se la imputara por haber firmado el decreto N° 261 de 1975 (puso en marcha el Operativo) y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión. Como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, tenía la obligación de evitarlo”, explicó Camuña. El fiscal consideró que citar a un sospechoso como testigo es una trampa. “Se lo cita y se lo hace hablar cuando todo lo que diga puede ser usado en su contra, porque está bajo juramento”, recordó.
Rechazo
“Pesa sobre este Tribunal un temor fundado de falta de independencia”, lanzo el abogado Facundo Maggio y criticó la resolución. El letrado es defensor de cuatro imputados (Camilo Orce, Enrique Bonifacino, Cayetano Fiorini y Miguel Chuchuy Linares). “Cuando se toca al PJ, el Tribunal resguarda la sensibilidad justicialista. La fórmula Perón-Perón habría dado inicio a este asunto, sus ministros y dirigentes. A ella se la resguarda tanto como imputada como testigo. Mi intención es técnica, estar en un debido proceso legal”, fustigó. Advirtió que analiza presentar una denuncia contra los jueces en el Consejo de la Magistratura.
El secretario de Derechos Humanos del TOF, Mariano García Zavalía, ratificó que las audiencias comenzarán el 5 de mayo. Los imputados que serán juzgados desde mayo por crímenes contra 269 víctimas suman hasta ahora 15 (podrían incluirse más una vez en marcha le juicio). García Zavalía calculó que unos 600 testigos pasarán por la sala y que el proceso se extenderá por más de un año.
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