Con el Pacto Social, resulta mal negocio ser un municipio austero

En materia de gastos en personal municipal que se encargue de brindar bienes y servicios a los ciudadanos, el Gobierno provincial invierte casi cuatro veces más en los vecinos de San Isidro de Lules que en los de Yerba Buena, a pesar de que estas dos municipalidades son de segunda categoría. Y de que los yerbabuenenses prácticamente triplican a los luleños.

Las municipalidades de primera categoría, en el interior, también presentan asimetrías. El gasto en sueldos municipales para Tafí Viejo es un 21% más alto que el de Concepción, a pesar de que la población de la “Perla del Sur” es un 21% mayor que la de la “Ciudad del Limón”.

Los contrastes surgen de cotejar datos incluidos en documentación oficial. Los decretos 635/3 y 636/3 de la Secretaría de Hacienda de la Provincia, ambos dictados el pasado 8 de marzo, establecen los “préstamos reintegrables” que el Poder Ejecutivo remite a 12 de las 18 municipalidades del interior, “para atender prioritariamente el pago de haberes de febrero de 2016”. Incluye la segunda y última cuota de $ 2.000 de la “Ayuda social” para empleados públicos, dada por Casa de Gobierno en enero.

Se trata, sin más, del “pseudo” Pacto Social que resucitó la actual gestión. El mecanismo, como se sabe, se instrumentó durante el primer gobierno de José Alperovich (2003-2007), cuando la mayoría de los intendentes adujeron que habían recibido de sus predecesores del mirandismo (1999-2003) administraciones inviables e incapaces, siquiera, de poder pagar los sueldos al día. Así que la Casa de Gobierno se hizo cargo de las planillas salariales, a cambio de los cual los jefes municipales cedieron la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales y congelaron los nombramientos en planta permanente.

Durante el último año del alperovichismo el Pacto Social no se reeditó, pero fue retomado por el manzurismo a poco de asumir. La mayoría de los actuales intendentes adujo lo mismo que quienes los antecedieron hace 12 años: no podían hacerse cargo de las planillas salariales heredadas, en muchos casos ferozmente engordadas durante el electoralísimo 2015.

Exceptuando el caso de Tafí del Valle, donde el censo no registra la fluctuante población de “veraneantes” que igualmente demanda bienes y servicios, las cifras oficiales exponen dos situaciones.

La primera es que las municipales que se han comportado de manera más austera reciben el mismo trato que aquellas que dieron rienda suelta a la empleomanía. Es más, para las que designaron personal sin empacho no hay reproche y, como evidencian las cifras, reciben varios millones más que las otras. El mensaje de las cifras, entonces, se torna alarmante: si da lo mismo designar personal que no hacerlo, porque la Provincia siempre se hará cargo de los salarios, dilapidar fondos públicos con la designación de empleados, con el consecuente rédito político costeado con fondos públicos, es aquí un negocio redondo.

La segunda es que son los ciudadanos los que pagan el costo del derroche. Alderetes prácticamente triplica en población a Bella Vista, pero cuando se divide por esa misma población el gasto provincial en los sueldos de esas municipalidades, resulta que la Provincia invierte casi el triple en los bellavistenses que en los alderetenses.