02 Abril 2016
Primero fueron los funcionarios del área de Seguridad, que dejaron con ganas de sendas entrevistas a los legisladores de las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad. Ayer, quienes quedaron a la espera fueron los parlamentarios de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara. Tras el tercer desaire del Poder Ejecutivo (PE) a la Legislatura en una semana, quedó un clima de tensión en Muñecas 951.
La convocatoria de ayer estaba destinada a la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino; al secretario de Coordinación con Comunas y Municipios de la Provincia, Ángel Córdoba; y al titular de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Manuel Arias. “Sólo Arias justificó su ausencia. Era una simple citación, no una interpelación. El objetivo era que abordáramos el problema de los daños que dejaron las inundaciones de febrero en el sur provincial. Es lamentable que hayamos sufrido este desaire”, afirmó el vicepresidente de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura, Raúl Albarracín (UCR). El titular ese equipo de trabajo, Juan Enrique Orellana (bloque Tucumán Crece), confirmó la inasistencia de los funcionarios convocados, aunque prefirió no hacer declaraciones por ahora al respecto. El comité acordó que en los próximos días enviará una nota al PE para expresar su malestar por el “faltazo”.
Albarracín aclaró que tampoco concurrieron los comisionados rurales de las zonas sur y este, que debían ser invitados por el PE. “Sólo pudimos escuchar al intendente de Concepción, Roberto Sánchez, quien nos exhibió los puntos críticos que tiene en la jurisdicción por los ríos que la cruzan. Además, dio detalles sobre el peligro que significa la estructura del puente Ferroviario, que quedó dañada después de las inundaciones, y que pone en riesgo el puente de acceso norte a Concepción”, indicó Albarracín. Además de él y de Orellana, participaron de la reunión los oficialistas Roque Cativa, Ramón Santiago Cano, Leoncio Gutiérrez, Daniel Heredia y el radical Luis González.
Esta semana, las frustradas convocatorias a funcionarios del área de Seguridad habían generado malestar en el cuerpo colegiado. El radical Fernando Valdez, titular de la comisión de Derechos Humanos, había convocado al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, para que expusiera el jueves sobre los planes contra la inseguridad en la provincia. El monterizo alegó que tenía la agenda completa, y que había sido invitado además por la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura para el martes próximo. Valdez afirmó: “lamento que no podamos sentarnos a hablar de políticas de Estado con los integrantes del Ejecutivo”. Ayer, el radical repitió la citación para Amado. Esta vez, le ofreció que asista “el día y la hora que su agenda de trabajo le permita”. “Reitero que el motivo de esta convocatoria es tratar el tema de urgente gravedad de la inseguridad instalada en la provincia”, remarcó Valdez.
Reunión desactivada
En los primeros días de la semana, el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el oficialista Javier Pucharras, había pedido que se remitieran invitaciones al ministro Amado, al secretario de Seguridad, Paul Hofer, al subsecretario de Participación Ciudadana de esa área, José Farhat, y al jefe de Policía, Dante Bustamante. El ex intendente de Tafí Viejo había organizado el encuentro vía telefónica con los funcionarios, y estaba todo listo para que se reunieran el martes. Sin embargo, el jueves recibió la “sugerencia” de desactivar la reunión. Según trascendió, el tema de la relación entre los funcionarios y los legisladores fue abordado en un asado que se realizó el jueves a la noche en la casa del gobernador, Juan Manzur, y del que participaron el vicegobernador Osvaldo Jaldo, parlamentarios oficialistas y ministros del PE. Ayer, titulares de las comisiones legislativas recibieron una directiva: cada vez que quieran invitar a un funcionario, deberán notificar antes a la Presidencia de la Cámara, según confirmaron desde el oficialismo y la oposición.
La convocatoria de ayer estaba destinada a la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino; al secretario de Coordinación con Comunas y Municipios de la Provincia, Ángel Córdoba; y al titular de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Manuel Arias. “Sólo Arias justificó su ausencia. Era una simple citación, no una interpelación. El objetivo era que abordáramos el problema de los daños que dejaron las inundaciones de febrero en el sur provincial. Es lamentable que hayamos sufrido este desaire”, afirmó el vicepresidente de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura, Raúl Albarracín (UCR). El titular ese equipo de trabajo, Juan Enrique Orellana (bloque Tucumán Crece), confirmó la inasistencia de los funcionarios convocados, aunque prefirió no hacer declaraciones por ahora al respecto. El comité acordó que en los próximos días enviará una nota al PE para expresar su malestar por el “faltazo”.
Albarracín aclaró que tampoco concurrieron los comisionados rurales de las zonas sur y este, que debían ser invitados por el PE. “Sólo pudimos escuchar al intendente de Concepción, Roberto Sánchez, quien nos exhibió los puntos críticos que tiene en la jurisdicción por los ríos que la cruzan. Además, dio detalles sobre el peligro que significa la estructura del puente Ferroviario, que quedó dañada después de las inundaciones, y que pone en riesgo el puente de acceso norte a Concepción”, indicó Albarracín. Además de él y de Orellana, participaron de la reunión los oficialistas Roque Cativa, Ramón Santiago Cano, Leoncio Gutiérrez, Daniel Heredia y el radical Luis González.
Esta semana, las frustradas convocatorias a funcionarios del área de Seguridad habían generado malestar en el cuerpo colegiado. El radical Fernando Valdez, titular de la comisión de Derechos Humanos, había convocado al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, para que expusiera el jueves sobre los planes contra la inseguridad en la provincia. El monterizo alegó que tenía la agenda completa, y que había sido invitado además por la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura para el martes próximo. Valdez afirmó: “lamento que no podamos sentarnos a hablar de políticas de Estado con los integrantes del Ejecutivo”. Ayer, el radical repitió la citación para Amado. Esta vez, le ofreció que asista “el día y la hora que su agenda de trabajo le permita”. “Reitero que el motivo de esta convocatoria es tratar el tema de urgente gravedad de la inseguridad instalada en la provincia”, remarcó Valdez.
Reunión desactivada
En los primeros días de la semana, el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el oficialista Javier Pucharras, había pedido que se remitieran invitaciones al ministro Amado, al secretario de Seguridad, Paul Hofer, al subsecretario de Participación Ciudadana de esa área, José Farhat, y al jefe de Policía, Dante Bustamante. El ex intendente de Tafí Viejo había organizado el encuentro vía telefónica con los funcionarios, y estaba todo listo para que se reunieran el martes. Sin embargo, el jueves recibió la “sugerencia” de desactivar la reunión. Según trascendió, el tema de la relación entre los funcionarios y los legisladores fue abordado en un asado que se realizó el jueves a la noche en la casa del gobernador, Juan Manzur, y del que participaron el vicegobernador Osvaldo Jaldo, parlamentarios oficialistas y ministros del PE. Ayer, titulares de las comisiones legislativas recibieron una directiva: cada vez que quieran invitar a un funcionario, deberán notificar antes a la Presidencia de la Cámara, según confirmaron desde el oficialismo y la oposición.
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