Brito acude a la Corte y pelea por no ser juzgado

Pasaron más de tres años y medio desde el inicio de la investigación penal por presuntos hechos de corrupción en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), bajo la gestión del ingeniero Miguel Ángel Brito. Más allá de los reveses procesales que recibió a partir de entonces, el ex funcionario alperovichista no se resigna y, a través de su abogado defensor, Arnaldo Ahumada, interpuso nuevos planteos. Si prosperan, será la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) quien resuelva si el caso debe ser sometido a debate oral y público.

El representante legal de Brito recurrió el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, integrada por Euduro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone, según el cual correspondía hacer lugar al requerimiento de elevación a juicio impulsado por el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar y convalidado por la jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera.

La defensa del ex director de la DAU recusó además a los vocales de la Cámara de Apelaciones, quienes deben definir si se apartan de resolver el recurso de casación elevado por Ahumada. En ese caso, se debería conformar un nuevo tribunal con magistrados de la Cámara Penal. En el petitorio, el abogado de Brito advirtió que hacía reservas de acudir al alto tribunal nacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre 2008 y 2012

Brito, quien integró las filas del bussismo, estuvo a cargo de la DAU entre 2008 y agosto de 2012. Renunció luego de que LA GACETA publicara un acuerdo del Tribunal de Cuentas en el que se marcaban presuntos sobreprecios en un proyecto de obra para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno. Tras esto, los entonces legisladores radicales Silvia Elías de Pérez (hoy senadora nacional) y Ariel García (hoy vicepresidente 2° de la Cámara) formularon una denuncia penal señalando presuntas anomalías en la ejecución de obras públicas. Los fiscales de Instrucción Adriana Reinoso Cuello, Washington Navarro Dávila y Suasnábar se abstuvieron de hacerse cargo de la pesquisa, pero finalmente la jueza Lenis de Vera ordenó que este último llevara adelante el caso.

El fiscal Suasnábar tomó en cuenta pericias contables, informes tributarios y el relato de diversos testigos ligados a las empresas contratistas a las que Brito les otorgaba las obras por vía directa, por montos de hasta $ 150.000, gracias a una excepción normativa -aún en vigencia- para la Ley de Obras Públicas. A la causa se incorporó una auditoría del Tribunal de Cuentas que revelaba supuestas irregularidades en 86 expedientes de la DAU, sobre 423 analizados. El monto global de esos proyectos rondaba los $ 6 millones, según el informe del TC. Suasnábar solicitó la elevación a juicio de la causa, y le imputó a Brito los presuntos delitos de fraude a la Administración Pública y supuestos negocios incompatibles con la función. La jueza Lenis de Vera dio el visto bueno.

En marzo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción -más allá de algunas diferencias en los votos particulares- convalidó el procesamiento de Brito. El abogado Ahumada recurrió esa sentencia, y pidió que el expediente sea elevado al máximo tribunal provincial. “Venimos a proponer que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán declare procedente el remedio intentado, anulando la resolución impugnada y dictando una sentencia sustitutiva”, sostuvo la defensa del imputado. Y profundizó en la teoría de Brito referida a que sus actos habían sido sometidos a controles y aprobados por otros funcionarios públicos.

“Entendemos que, al anular el fallo impugnado, la Corte debe establecer que no puede elevarse a juicio una investigación incompleta, en la que no se han cumplido con las diligencias rituales puestas en la cabeza del Ministerio Público. Es obligación de los señores fiscales investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles que haya referido el imputado (Brito) en su declaración”, advirtió Ahumada en el escrito.