Por Fernando Stanich
06 Junio 2016
Juan Manzur se apresta a inaugurar una nueva forma de “crear” un funcionario. En esta semana, quedará extraoficialmente habilitada una escuela de Gobierno en el seno del Poder Ejecutivo. La salvedad es que, en este caso, un único alumno tomará clases particulares, personalizadas y aceleradas para llegar, en poco tiempo, al sillón de un nuevo ministerio.
El gobernador tiene decidido firmar el decreto mediante el que designará al comandante mayor (r) Claudio Adolfo Maley como subsecretario de Relaciones Interjurisdiccionales, un área vacante que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad que comanda Regino Amado. El despacho del futuro inquilino se acondiciona desde la semana pasada en el primer piso de la Casa de Gobierno. Sin embargo, desde hace meses que Manzur diseña con hermetismo el arribo del último director de Logística de Gendarmería Nacional. El titular del Poder Ejecutivo ha depositado muchas expectativas en Maley. Tantas, que prefirió no exponerlo, dejarlo que madure sin presiones el ofrecimiento de sumarse a la administración pública y, además, darle tiempo de rodaje en una oficina sin mayores responsabilidades. La idea es que el paso de Maley allí sea pasajero, porque la intención real es que, en un par de meses, el gendarme se convierta en el primer ministro de Seguridad de su gestión.
De concretarse la estrategia que pergeñó en el más absoluto silencio, Manzur admitirá en los hechos su primer error: la unificación de las áreas de Gobierno y de Seguridad. Ya desde lo formal, el sucesor de José Alperovich minimizó el drama que miles de tucumanos padecen: la inseguridad. Por eso no resulta casual que las mayores críticas de la oposición hayan apuntado en este tiempo hacia el secretario de Seguridad, Paul Hofer, a quien heredó de Jorge Gassenbauer, el hombre de confianza y último ministro de esa área durante el alperovichismo. Sobre el joven funcionario pesan varios pedidos de interpelación y citaciones de legisladores, inclusive oficialistas. Sin embargo, nunca logró la Cámara tener su presencia, algo que valió un rezongo público del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. El último incidente se produjo el viernes 20 de mayo, cuando Hofer concurrió a la Legislatura, pero sólo para exponer sobre los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo hacia 2025. Los legisladores de la oposición, indignados, tildaron de burla el ninguneo.
Desde antes de este suceso, Manzur tiene tomada la decisión de separar a Hofer y de crear nuevamente un Ministerio de Seguridad. Alperovich, en sus 12 años, tuvo tres ministros en esa silla caliente: a Pablo Baillo se lo llevó puesto el escándalo del crimen impune de Paulina Lebbos, en 2006; y a Mario López Herrera, en 2012, el vendaval que se desataba cada vez que Susana Trimarco abría la boca durante el kirchnerismo. Luego de ellos, y sin nadie a quien recurrir, Alperovich optó por su amigo Gassenbauer, a quien luego en 2014 adosó el Ministerio de Gobierno por la renuncia de un histórico, Edmundo Jiménez (asumió como ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia).
En el oficialismo pocos conocen de dónde proviene la relación entre el comandante mayor (r) y el gobernador. Sin embargo, Maley lleva algunos meses de notoriedad pública en el NOA y, puntualmente, en Tucumán. Sugestivamente, desembarcó en septiembre en la región como jefe de la unidad IV de Gendarmería, con asiento en Santiago del Estero, dos semanas después de la escandalosa elección que consagró a Manzur. En ese rol, condujo la estrategia judicial de esa fuerza de seguridad, cuestionada por su papel durante el convulsionado proceso electoral tucumano. La Junta Electoral Provincial (JEP) había contratado a Gendarmería para la custodia de las escuelas y de las urnas, por $ 6,3 millones. Ese acuerdo había sido negociado con el comandante general Federico Sosa, quien pasó a retiro tras el escándalo. Maley, apenas asumió, respondió a la requisitoria de la Justicia Federal por el bochorno de las cámaras de seguridad que no filmaron los movimientos en los depósitos de las urnas. En aquel escrito, el hombre que ahora eligió Manzur informó que la JEP era la que debía instalar las cámaras y que cinco días antes de los comicios del 23 de agosto, el secretario Darío Almaraz les derivó el asunto en forma verbal. “Como no contamos con medios ni personal técnico especializado, y por la premura del caso, contratamos a la empresa Info FOJ por cuenta y orden de la de Junta Electoral”, había justificado, en alusión a la insólita contratación de un joven inexperto para la prestación de ese servicio. Maley fue denunciado penalmente por José Cano y por Domingo Amaya, quienes integraron la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario. Los opositores llegaron a solicitar su detención, por considerarlo parte de una asociación ilícita para garantizar el fraude electoral. “Esta fuerza del Estado nacional garantizó la impunidad de todos los miembros de esta asociación ilícita, brindándole fuerza militar y seguridad a los fines de que nadie se interponga en su accionar doloso”, escribió el ApB en aquella demanda, finalmente desestimada por la Justicia Federal. En febrero de este año, Maley fue relevado por Claudio Domenichini, y pasó a desempeñarse como director de Logística. En ese rol, volvió a tener que dar explicaciones, esta vez ante la jueza porteña María Servini de Cubría. La magistrada, que investiga la causa sobre supuestos desmanejos de fondos públicos de Fútbol Para Todos, lo citó a declarar en marzo por un informe sobre el destino de 15 camionetas que la fuerza había recibido gracias a un acuerdo entre la empresa y el gobierno kirchnerista. En tribunales sospecharon que Gendarmería intentó burlar la respuesta a la Justicia: en 10 casos las matrículas de los vehículos fotografiados estaban censuradas y en varios casos la misma camioneta se hizo pasar por otras. Por eso, la jueza ordenó que exhibieran los vehículos y se estacionaran frente a Comodoro Py para certificar su existencia. Luego de ese escándalo, según consignó Perfil, el jefe de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, dispuso el pase a retiro de Maley, el primer alumno de esta escuela para ministros creada por Manzur.
El gobernador tiene decidido firmar el decreto mediante el que designará al comandante mayor (r) Claudio Adolfo Maley como subsecretario de Relaciones Interjurisdiccionales, un área vacante que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad que comanda Regino Amado. El despacho del futuro inquilino se acondiciona desde la semana pasada en el primer piso de la Casa de Gobierno. Sin embargo, desde hace meses que Manzur diseña con hermetismo el arribo del último director de Logística de Gendarmería Nacional. El titular del Poder Ejecutivo ha depositado muchas expectativas en Maley. Tantas, que prefirió no exponerlo, dejarlo que madure sin presiones el ofrecimiento de sumarse a la administración pública y, además, darle tiempo de rodaje en una oficina sin mayores responsabilidades. La idea es que el paso de Maley allí sea pasajero, porque la intención real es que, en un par de meses, el gendarme se convierta en el primer ministro de Seguridad de su gestión.
De concretarse la estrategia que pergeñó en el más absoluto silencio, Manzur admitirá en los hechos su primer error: la unificación de las áreas de Gobierno y de Seguridad. Ya desde lo formal, el sucesor de José Alperovich minimizó el drama que miles de tucumanos padecen: la inseguridad. Por eso no resulta casual que las mayores críticas de la oposición hayan apuntado en este tiempo hacia el secretario de Seguridad, Paul Hofer, a quien heredó de Jorge Gassenbauer, el hombre de confianza y último ministro de esa área durante el alperovichismo. Sobre el joven funcionario pesan varios pedidos de interpelación y citaciones de legisladores, inclusive oficialistas. Sin embargo, nunca logró la Cámara tener su presencia, algo que valió un rezongo público del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. El último incidente se produjo el viernes 20 de mayo, cuando Hofer concurrió a la Legislatura, pero sólo para exponer sobre los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo hacia 2025. Los legisladores de la oposición, indignados, tildaron de burla el ninguneo.
Desde antes de este suceso, Manzur tiene tomada la decisión de separar a Hofer y de crear nuevamente un Ministerio de Seguridad. Alperovich, en sus 12 años, tuvo tres ministros en esa silla caliente: a Pablo Baillo se lo llevó puesto el escándalo del crimen impune de Paulina Lebbos, en 2006; y a Mario López Herrera, en 2012, el vendaval que se desataba cada vez que Susana Trimarco abría la boca durante el kirchnerismo. Luego de ellos, y sin nadie a quien recurrir, Alperovich optó por su amigo Gassenbauer, a quien luego en 2014 adosó el Ministerio de Gobierno por la renuncia de un histórico, Edmundo Jiménez (asumió como ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia).
En el oficialismo pocos conocen de dónde proviene la relación entre el comandante mayor (r) y el gobernador. Sin embargo, Maley lleva algunos meses de notoriedad pública en el NOA y, puntualmente, en Tucumán. Sugestivamente, desembarcó en septiembre en la región como jefe de la unidad IV de Gendarmería, con asiento en Santiago del Estero, dos semanas después de la escandalosa elección que consagró a Manzur. En ese rol, condujo la estrategia judicial de esa fuerza de seguridad, cuestionada por su papel durante el convulsionado proceso electoral tucumano. La Junta Electoral Provincial (JEP) había contratado a Gendarmería para la custodia de las escuelas y de las urnas, por $ 6,3 millones. Ese acuerdo había sido negociado con el comandante general Federico Sosa, quien pasó a retiro tras el escándalo. Maley, apenas asumió, respondió a la requisitoria de la Justicia Federal por el bochorno de las cámaras de seguridad que no filmaron los movimientos en los depósitos de las urnas. En aquel escrito, el hombre que ahora eligió Manzur informó que la JEP era la que debía instalar las cámaras y que cinco días antes de los comicios del 23 de agosto, el secretario Darío Almaraz les derivó el asunto en forma verbal. “Como no contamos con medios ni personal técnico especializado, y por la premura del caso, contratamos a la empresa Info FOJ por cuenta y orden de la de Junta Electoral”, había justificado, en alusión a la insólita contratación de un joven inexperto para la prestación de ese servicio. Maley fue denunciado penalmente por José Cano y por Domingo Amaya, quienes integraron la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario. Los opositores llegaron a solicitar su detención, por considerarlo parte de una asociación ilícita para garantizar el fraude electoral. “Esta fuerza del Estado nacional garantizó la impunidad de todos los miembros de esta asociación ilícita, brindándole fuerza militar y seguridad a los fines de que nadie se interponga en su accionar doloso”, escribió el ApB en aquella demanda, finalmente desestimada por la Justicia Federal. En febrero de este año, Maley fue relevado por Claudio Domenichini, y pasó a desempeñarse como director de Logística. En ese rol, volvió a tener que dar explicaciones, esta vez ante la jueza porteña María Servini de Cubría. La magistrada, que investiga la causa sobre supuestos desmanejos de fondos públicos de Fútbol Para Todos, lo citó a declarar en marzo por un informe sobre el destino de 15 camionetas que la fuerza había recibido gracias a un acuerdo entre la empresa y el gobierno kirchnerista. En tribunales sospecharon que Gendarmería intentó burlar la respuesta a la Justicia: en 10 casos las matrículas de los vehículos fotografiados estaban censuradas y en varios casos la misma camioneta se hizo pasar por otras. Por eso, la jueza ordenó que exhibieran los vehículos y se estacionaran frente a Comodoro Py para certificar su existencia. Luego de ese escándalo, según consignó Perfil, el jefe de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, dispuso el pase a retiro de Maley, el primer alumno de esta escuela para ministros creada por Manzur.
Lo más popular
