13 Julio 2016
BUENOS AIRES.- El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la inhibición general de bienes de Cristóbal López, Fabián de Souza y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo, en el marco de la causa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago de más de 8.000 millones de pesos.
La medida dispuesta por Ercolini en una resolución de 10 páginas impedirá a los empresarios vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables pero no les impide administrarlas o disponer de su dinero bancarizado.
El juez tomó la decisión de inhibir los bienes de López, De Souza y las firmas del Grupo Indalo en el marco de una casa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago del impuesto al combustible durante el 2011 y con ese dinero financiar al conglomerado de empresas.
El magistrado sostuvo que la "maniobra defraudatoria" fue "presuntamente desplegada por la empresa `Oil Combustibles S.A.´ ?de los empresarios Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa-, perteneciente al holding empresario `grupo Indalo´ y empleados y funcionarios de la AFIP".
La maniobra habría abarcado "concretamente un monto no menor de $7.665.771.438,63, que se compone de la detracción de los pagos de capital efectuados, y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió "Oil Combustibles S.A.", escribió el juez.
La deuda impositiva por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles percibía pero no descargaba luego en la AFIP.
La deuda originada entre 2011 y 2012 quedó impago durante 2013, 2014 y 2015 y, tras asumir, la nueva administración de la AFIP presentó una denuncia penal ante el fuero Penal Económico con el objetivo, de máxima, de recuperar el total del dinero adeudado.
El juez Ercolini había reclamando en mayo que la la justicia penal económica le remitiera la causa en la que se investiga la maniobra impositiva del grupo Indalo para sumarla a otra en la que se investigan los vínculos de los empresarios con el poder político.
Antes, el juez federal en lo contencioso Administrativo Esteban Furnari había dispuesto la intervención en la petrolera Oil Combustible y de otras empresas del Grupo Indalo y aplicó medidas judiciales para evitar su escisión
BUENOS AIRES.- El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la inhibición general de bienes de Cristóbal López, Fabián de Souza y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo, en el marco de la causa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago de más de 8.000 millones de pesos.
La medida dispuesta por Ercolini en una resolución de 10 páginas impedirá a los empresarios vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables pero no les impide administrarlas o disponer de su dinero bancarizado.
El juez tomó la decisión de inhibir los bienes de López, De Souza y las firmas del Grupo Indalo en el marco de una casa en la que se investiga una maniobra para eludir el pago del impuesto al combustible durante el 2011 y con ese dinero financiar al conglomerado de empresas.
El magistrado sostuvo que la "maniobra defraudatoria" fue "presuntamente desplegada por la empresa `Oil Combustibles S.A.´ -de los empresarios Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa-, perteneciente al holding empresario `grupo Indalo´ y empleados y funcionarios de la AFIP".
La maniobra habría abarcado "concretamente un monto no menor de $7.665.771.438,63, que se compone de la detracción de los pagos de capital efectuados, y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió "Oil Combustibles S.A.", escribió el juez.
La deuda impositiva por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles percibía pero no descargaba luego en la AFIP.
La deuda originada entre 2011 y 2012 quedó impago durante 2013, 2014 y 2015 y, tras asumir, la nueva administración de la AFIP presentó una denuncia penal ante el fuero Penal Económico con el objetivo, de máxima, de recuperar el total del dinero adeudado.
El juez Ercolini había reclamando en mayo que la la justicia penal económica le remitiera la causa en la que se investiga la maniobra impositiva del grupo Indalo para sumarla a otra en la que se investigan los vínculos de los empresarios con el poder político.
Antes, el juez federal en lo contencioso Administrativo Esteban Furnari había dispuesto la intervención en la petrolera Oil Combustible y de otras empresas del Grupo Indalo y aplicó medidas judiciales para evitar su escisión
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