Por Indalecio Francisco Sanchez
14 Julio 2016
El José López que baila desnudo y pide a los gritos por José Alperovich es el mismo que colmó de favores políticos al ex gobernador. No es mentira lo que vocifera el ex funcionario kirchnerista, de ser cierto que lo hace: Alperovich supo decirle que había muchas chances de que fuera su sucesor en la Gobernación de Tucumán, le organizó actos, lo llevó de paseo a inauguraciones y lo presentó ante todos como el hombre que venía haciendo mucho por la provincia.
Por ello suena a farsa que ahora el senador nacional salga a desconocer a “Paco” y a decir que era un sapo más entre otros que tuvo que tragarse para conseguir las bendiciones de Cristina Fernández.
Los más beneficiados con las gestiones de “Lopecito” -como le decía Néstor Kirchner-, no fueron los tucumanos en general, sino un selecto y exclusivo grupo que estaría integrado por un par de ex funcionarios provinciales y una decena de empresas constructoras.
Así se explica el silencio extremo de muchos y el apresuramiento del ex gobernador en salir a despegarse de López. El área clave para entender el entramado de obras del secretario de Obras Públicas de la Nación es el de vivienda. La amistad entre el ex funcionario detenido y los funcionarios del área por estas tierras sería más que conocida entre oficialistas y constructores.
La relación se remontaría a aquellos primeros años en que Alperovich se sentó en el sillón de Lucas Córdoba y se habría fortalecido con un “regalo” concreto del segundo de Julio de Vido: el megaemprendimiento Lomas de Tafí. Para ello, “Paco” habría manoteado proyectos de otras provincias para que su presupuesto cerrara y habría decidido que un par de miles de casas que no estaban previstas que lleguen a Tucumán finalmente se construyeran por estas tierras. El interventor del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán, Gustavo Durán, habría retribuido con millones de agradecimientos ese buen trato del coterráneo radicado en Buenos Aires. Lo propio habría hecho “la liga de constructores”, ese grupo que meticulosamente distribuyó el juego de la obra pública. Hicieron que todos participaran, como para que ninguno pudiera pegar el grito en el cielo. Pero los que tallaban las cartas eran ellos y decidían quién podía sentarse en la mesa y quién no. El poder de veto radicaba en que los “no confiables” no podían ingresar a ese círculo. No vaya a ser cosa que, en algún momento, a alguno se le ocurriera despotricar por los presupuestos exorbitantes, por las contrataciones directas, por la falta de licitaciones o por la designación a dedo de proyectos diversos. Los constructores son los grandes cómplices y partícipes del entramado de sobreprecios y presuntos pagos de dádivas que se habrían cometido en proyectos varios.
Dos organismos nacionales observan esos datos, escarbando sobre empresas que podrían haber incurrido en ilícitos, de la mano de López y de otros funcionarios locales. El primero es la Oficina Anticorrupción, que ya tiene en su poder un expediente voluminoso en el que se apunta contra una quincena de empresas constructoras (cinco de ellas de capitales tucumanos). La entidad que lidera Laura Alonso podría dictar algunas medidas sobre esa causa antes de fin de año. Los demandantes exigieron que, cuanto antes, se empezara por inhabilitar a esas compañías como prestadoras del Estado.
El otro organismo es la propia Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, a cargo del ex candidato a vicegobernador por el Acuerdo para el Bicentenario Domingo Amaya. Esa área del gobierno de Mauricio Macri encaró una auditoría sobre la herencia recibida del kirchnersimo. Lo curioso, analizan en la Casa Rosada, es que ese estudio tendría algunas particularidades, como que habría “visto” muchas menos irregularidades en el manejo de los fondos públicos nacionales en Tucumán que los que habría detectado el Gobierno central. Pronto pedirían explicaciones al tucumano sobre la diferencia en los informes.
Mientras tanto, los constructores tucumanos miran al cielo, pero no para ver si llueve, sino para rogar que nadie rompa el pacto de silencio, ese que les permite disfrutar de la fortuna que amasaron de la mano de funcionarios corruptos.
Y después el loco es el que tiró millones por las rejas del monasterio…
Por ello suena a farsa que ahora el senador nacional salga a desconocer a “Paco” y a decir que era un sapo más entre otros que tuvo que tragarse para conseguir las bendiciones de Cristina Fernández.
Los más beneficiados con las gestiones de “Lopecito” -como le decía Néstor Kirchner-, no fueron los tucumanos en general, sino un selecto y exclusivo grupo que estaría integrado por un par de ex funcionarios provinciales y una decena de empresas constructoras.
Así se explica el silencio extremo de muchos y el apresuramiento del ex gobernador en salir a despegarse de López. El área clave para entender el entramado de obras del secretario de Obras Públicas de la Nación es el de vivienda. La amistad entre el ex funcionario detenido y los funcionarios del área por estas tierras sería más que conocida entre oficialistas y constructores.
La relación se remontaría a aquellos primeros años en que Alperovich se sentó en el sillón de Lucas Córdoba y se habría fortalecido con un “regalo” concreto del segundo de Julio de Vido: el megaemprendimiento Lomas de Tafí. Para ello, “Paco” habría manoteado proyectos de otras provincias para que su presupuesto cerrara y habría decidido que un par de miles de casas que no estaban previstas que lleguen a Tucumán finalmente se construyeran por estas tierras. El interventor del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán, Gustavo Durán, habría retribuido con millones de agradecimientos ese buen trato del coterráneo radicado en Buenos Aires. Lo propio habría hecho “la liga de constructores”, ese grupo que meticulosamente distribuyó el juego de la obra pública. Hicieron que todos participaran, como para que ninguno pudiera pegar el grito en el cielo. Pero los que tallaban las cartas eran ellos y decidían quién podía sentarse en la mesa y quién no. El poder de veto radicaba en que los “no confiables” no podían ingresar a ese círculo. No vaya a ser cosa que, en algún momento, a alguno se le ocurriera despotricar por los presupuestos exorbitantes, por las contrataciones directas, por la falta de licitaciones o por la designación a dedo de proyectos diversos. Los constructores son los grandes cómplices y partícipes del entramado de sobreprecios y presuntos pagos de dádivas que se habrían cometido en proyectos varios.
Dos organismos nacionales observan esos datos, escarbando sobre empresas que podrían haber incurrido en ilícitos, de la mano de López y de otros funcionarios locales. El primero es la Oficina Anticorrupción, que ya tiene en su poder un expediente voluminoso en el que se apunta contra una quincena de empresas constructoras (cinco de ellas de capitales tucumanos). La entidad que lidera Laura Alonso podría dictar algunas medidas sobre esa causa antes de fin de año. Los demandantes exigieron que, cuanto antes, se empezara por inhabilitar a esas compañías como prestadoras del Estado.
El otro organismo es la propia Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, a cargo del ex candidato a vicegobernador por el Acuerdo para el Bicentenario Domingo Amaya. Esa área del gobierno de Mauricio Macri encaró una auditoría sobre la herencia recibida del kirchnersimo. Lo curioso, analizan en la Casa Rosada, es que ese estudio tendría algunas particularidades, como que habría “visto” muchas menos irregularidades en el manejo de los fondos públicos nacionales en Tucumán que los que habría detectado el Gobierno central. Pronto pedirían explicaciones al tucumano sobre la diferencia en los informes.
Mientras tanto, los constructores tucumanos miran al cielo, pero no para ver si llueve, sino para rogar que nadie rompa el pacto de silencio, ese que les permite disfrutar de la fortuna que amasaron de la mano de funcionarios corruptos.
Y después el loco es el que tiró millones por las rejas del monasterio…
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