Poviña calcula sobreprecios por $ 28,3 millones

El perjuicio cuantificable ascendería a $ 31,4 millones. Se trata de u$s 7,85 millones según la cotización histórica del dólar en 2010, cuando comenzó el trámite de las denuncias penales relativas al manejo de los fondos que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) en el período 2006-2009. El juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, calculó que $ 28,3 de los $ 31,4 millones corresponderían al abono de sobreprecios de obras y refacciones, mientras que los $ 8,1 millones restantes surgirían de los daños provocados por las colocaciones financieras que decidieron el ex rector Juan Alberto Cerisola y Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y actual director administrativo de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNT, y ex diputado nacional (UCR).

A estos perjuicios medibles habría que añadir los utilidades que la casa de Juan B. Terán dejó de percibir a partir de 2008 -entre 2006-2009 ingresaron alrededor de $ 350 millones-. Durante ese año, Cerisola firmó el convenio con YMAD que dio por concluida la construcción de la ciudad universitaria, lo que implicaba resignar el 50% de los frutos de la explotación minera. En virtud de ese acuerdo, la entidad educativa pasó de recibir el 40% de las utilidades a contentarse con el 20%. En el tintero también quedaría un cheque de $ 20,2 millones, cuyo destino resulta incierto: su dilucidación depende, según Poviña, de un informe del Banco de Galicia.

Seis años de trámite
Los números surgen del auto de procesamiento de Cerisola; de Sacca; de la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani -cumple funciones en Extensión Universitaria- y de Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones. La resolución del 7 de julio -fue firmada el último día hábil antes del inicio de la feria invernal y no está firme- dispuso el sobreseimiento de Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo, y de Horacio Alfredo Lobo, ex inspector de obras.

Mecanismo paralelo
La decisión de Poviña implica que las pruebas reunidas acreditarían los presuntos delitos de corrupción endilgados a los imputados, que anticiparon que apelarán sus respectivos procesamientos con embargos de $ 50 millones (Cerisola), $ 30 millones (Cudmani), $ 10 millones (Sacca) y $ 3 millones (Venturino). La causa “Sigen-Eudal” acumula seis años de trámite: en la investigación a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito, intervinieron la Gendarmería, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) -ver “Las vicisitudes del caso”-.

“Se advierte con notoria claridad que Cerisola creó un sistema paralelo al establecido en la Ley de Obras Públicas, con el objetivo de evitar los procedimientos contractuales que limitan el manejo facultativo y discrecional en uso de los fondos públicos, lo que permitió la adjudicación de manera de 14 obras y la refacción de otras tres”, dijo Poviña. El magistrado consideró que ese mecanismo ad hoc permitió eludir la licitación pública: “(Cerisola) puso bajo su órbita a la Dirección General de Construcciones Universitarias a cargo de la nombrada Cudmani, de quien dependía la Dirección de Inversiones y Contrataciones a las órdenes de Venturino”.

El juez manifestó que Cerisola actuó en forma intencional. Y detalló los sobreprecios detectados por Gendarmería: entre ellos, el 116% en el caso de cinco módulos de Horco Molle, y el 194% en el supuesto de un laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Respecto de la obra de Derecho, la UNT pagó casi $ 7 millones cuando el monto original ascendía a $ 4,2 millones.

Inversiones arbitrarias
Poviña también tuvo por acreditada la sospecha del fiscal Brito en cuanto a las colocaciones financieras. Respecto de este asunto, el magistrado manifestó que Cerisola y Sacca se apartaron de la normativa que obligaba a someter los movimientos bancarios a la autorización del Tesoro de la Nación.

“Los fondos recibidos por el Rectorado fueron administrados en inversiones decididas arbitrariamente sin llevar a cabo un procedimiento legal de carácter público. Se constataron inversiones elevadísimas, a largos plazos, en entidades financieras que no eran de primer nivel y a tasas muy bajas”, describió Poviña. Entre las operaciones cuestionadas consta que el 28 de noviembre de 2007, la UNT realizó un plazo fijo con la compañía Equity Trust Company -entidad que carecía del visto bueno del Banco Central- por un monto de $ 24,2 millones por el término de 547 días a una tasa o interés anual del 15%, cuyo vencimiento operaba el día 28 de mayo de 2009 por un interés de $ 1,6 millones. “Sin embargo, tal como lo informa la Procelac, el monto correspondiente a esa tasa y que debía haber percibido la casa de altos estudios es de $ 5,4 millones, advirtiéndose un faltante de $ 3,8 millones”, expresó el juez. Poviña asimismo llamó la atención sobre la suma que se habría perdido en un depósito a 15 meses con el Comafi que involucraba $ 10 millones de pesos: “al vencimiento, que operaba el 21 de octubre de 2008, se lo renovó al día siguiente por $ 9 millones, por el plazo de un año, sin que se tenga constancia de lo ocurrido con el millón retirado ni los intereses devengados”.