El trámite del caso de Brito origina llamados de atención

El accidentado trámite de la apelación de la resolución que dispone el juzgamiento del ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito desembocó en la aplicación de dos sanciones. El 26 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán llamó la atención a Mario Visuara y a Graciana Marigliano, respectivos secretarios de la capital y del sur de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Con las firmas de los vocales Antonio Gandur, René Goane y Daniel Posse, el alto tribunal asimismo recomendó al presidente de la Cámara, Eudoro Albo, y a los vocales Liliana Vitar y Enrique Pedicone velar por el mayor control y el mejor funcionamiento de las secretarías cuestionadas.

La Acordada 665/2016, que no está firme, indica que los vocales Antonio Estofán y Claudia Sbdar no firmaron porque el primero se encontraba de licencia y la segunda, en comisión. “Se observa que la causa de Brito ingresa a la Cámara el 6 de agosto de 2014. El 23 de febrero de 2015 pasa a la Sala de Relatores y es devuelta el 3 de noviembre de 2015 a la Secretaría para el sorteo del vocal preopinante. Es decir, el expediente estuvo en estudio durante nueve meses y luego pasaron tres meses más para el dictado de la sentencia del 4 de marzo de 2016 -confirmó la decisión de elevar el caso a juicio-”, relató la Corte. Y añadió que, en virtud de la dilación detectada, extendió los alcances de la auditoría a todas aquellas causas que estuviesen pendientes de resolver.

La situación interna del tribunal quedó expuesta a partir de un conflicto entre Albo y Pedicone por los tiempos del caso de Brito. En medio de la disputa, Albo ordenó tomar declaración testimonial al relator David Cohen. Frente a esto, Pedicone dio aviso a la Corte, que dispuso la fiscalización mencionada en la Acordada 665. “(A mayo) existe un total de 286 causas pendientes de resolución en la Cámara, de las que 225 corresponden a la secretaría de la capital y 61, a los centros judiciales del sur”, precisó la Corte. Gandur, Goane y Posse advirtieron que transcurre un promedio de 117 días corridos desde que las causas de la capital ingresan a la Cámara hasta la fecha en la que pasan “a estudio”: “durante ese plazo se realizan diversos trámites hasta que los expedientes quedan en condiciones de remitirse al cuerpo de relatores para su resolución. El plazo promedio para Concepción es de 91 días corridos”.

La Corte recordó que la ley ordena al tribunal pronunciarse en el plazo de tres días en los asuntos que versan sobre la libertad del imputado y de 10 días en las demás materias, y devolver enseguida las actuaciones para que prosiga el proceso. “El funcionamiento de la Cámara exige que se arbitren los mecanismos necesarios para sortear el vocal preopinante en cada causa una vez que el expediente pasa para resolver. Resulta necesario que ese sorteo se realice de inmediato. En el caso de Brito sucedió casi nueve meses después”, insistió.

El alto tribunal manifestó que los secretarios Visuara y Marigliano habían incumplido sus deberes legales. La Cámara de Apelaciones con sala única revisa aún todas las investigaciones penales de la provincia. Esta organización tipo “embudo” comenzó a cambiar en el último año, en virtud de la creación de una sala de apelaciones específica para el sur y de otras dos salas para la capital. La puesta en marcha de los nuevos tribunales depende de la conclusión del proceso de cobertura de las vacantes.