19 Agosto 2016
MILITANTE JUSTICIALISTA. Andina Lizárraga expuso ayer como testigo ante el TOF; fue secuestrado en marzo del ‘75. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
En la sala en la que estaba tirado, con los ojos vendados, se escuchaban voces, quejidos y gemidos. Pudo escuchar un diálogo entre un secuestrado y un captor. “Sentí que pedía: ‘señor, ¿me puede poner al lado de mi hermano’. Le preguntaron quién era y él respondió que era Aranda, que estaba sentado al frente. ‘¿Estás viendo hijo de puta?’, le dijeron y comenzaron a trompearlo. ‘¿Lo querés a tu hermano? Ahí lo tenés ¡Dale un beso! ’. Se escuchó como que los golpeaban uno contra otro”. El testigo Hugo Andina Lizárraga, un conocido dirigente peronista de 84 años, relató este episodio que, según afirmó, sucedió en el centro clandestino conocido como “La Escuelita de Famaillá”.
El hombre declaró ayer en la audiencia del megajuicio “Operativo Independencia” y afirmó que pudo ver a los hermanos Aranda, dos de las víctimas de la causa: Juan Eugenio Aranda y Francisco Aranda, de 21 y 18 años. Ambos fueron secuestrados el 22 de marzo de 1975 durante un casamiento en la localidad de San Pablo, junto a más de una decena de invitados. Fueron vistos en La Escuelita por otros testigos que pasaron antes frente a los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Dos cuerpos fueron entregados a la familia. María Cristina Aranda, hermana de las víctimas, dudó durante su declaración la semana pasada de que se trate de los restos de sus familiares. El fiscal Agustín Chit había requerido entonces que sean exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El Tribunal hizo lugar. El fiscal Pablo Camuña añadió ayer el pedido para que se determine mediante la pericia también la causa de las muertes.
Derrotero
Andina Lizárraga, secuestrado en marzo de 1975, pasó también por el centro clandestino de la Jefatura de Policía y por diversas cárceles tras ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Fue liberado en 1982. Hizo hincapié en lo sucedido en el establecimiento famaillense. “Nos pusieron en una sala y volvieron a buscarme. Me preguntaron qué relaciones políticas tenía con determinadas personas. Habrá habido 15 o 20 personas. Me hacían simulacro de tiros en la cabeza. Me llevaron a un lugar para torturarme, tengo la marca de la picana eléctrica”, describió abriéndose la camisa y exhibiendo parte del pecho.
El defensor Mario Leiva Haro preguntó al testigo si había formado parte de la Comisión Obrera Estudiantil y el hombre respondió que había sido fundador y que organizaban manifestaciones, por ejemplo, durante El Tucumanazo. El letrado consultó si instalaban barricadas en las calles y Andina Lizárraga asintió. El abogado insistió: “¿Ejercían acciones violentas?”. “Si reclamar justicia a los gritos es violencia…”, ironizó el testigo. Leiva Haro citó una entrevista periodística en la que se mencionaba que el hombre habría dicho que en esas manifestaciones se arrojaban bombas molotov. “Éramos 4.000 o 5.000, era imposible distinguir quién las tiraba”, respondió el dirigente.
El defensor le preguntó si esa era una forma de lucha. Chit se opuso a este interrogante. “¿San Martín fue terrorista? Porque se levantó en armas contra un gobierno. Si a usted le asaltan su casa, ¿se quedaría de brazos cruzados? No, reaccionaría como cualquier ser humano para defender sus derechos. Defendíamos nuestros derechos constitucionales. El 1930 a Yrigoyen lo derrocaron y no existían la guerrilla ni la subversión. En 1955 tampoco había y derrocaron a Perón (…). Los únicos terroristas fueron los que usaron las armas que les daba la patria. Deberían ser juzgados los que no respetaron la voluntad popular”, afirmó Andina Lizárraga.
“Técnica defensiva”
Leiva Haro defiende al imputado Roberto Abba, que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz y participa mediante el sistema de videoconferencia. Explicó que sus preguntas responden a la “técnica defensiva”. “La única forma de saber qué pasaba es por los dichos de los testigos. Que hayan puesto bombas, participado de grupos terroristas, matado, secuestrado y juzgado en nombre del pueblo, como hacían el ERP y Montoneros, no justifica en absoluto que los hayan sido detenidos, torturados y matados sin un proceso justo. No quiero instalar la teoría de los dos demonios”, expresó.
Afirmó que su estrategia apunta a que los testigos que hayan tenido “un determinado comportamiento en esa época” lo hagan público en la audiencia. “Es para contextualizar, no es un juicio común. Mi postura es técnica, no tengo ideología. Todos deberían haber sido sometidos a un proceso justo”, opinó.
En audiencias pasadas y ante interrogantes similares de los defensores, la Fiscalía se había opuesto al considerar que se equiparaba a las víctimas con los acusados y que se las revictimizaba. El TOF había resuelto admitir preguntas sobre la militancia política. La decisión se había tomado por mayoría (por votos de Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas; Juan Carlos Reynaga votó en disidencia). “Los delitos de lesa humanidad no serían tales si no se prueba que la persecución habría sido por motivos políticos, resulta necesario que quede acreditado”, habían sostenido. Habían añadido que las únicas preguntas que tiene derecho el testigo a no contestar son aquellas que puedan ser “incriminatorias”.
La Fiscalía y las querellas habían efectuado planteos para que se revisara la decisión al entender que reñía con las normas que prevén la protección de las víctimas. El Tribunal los rechazó.
Las audiencias se reanudarán hoy, a las 9. El juicio es el más grande por delitos de lesa humanidad que se celebra en la provincia, por el número de víctimas: 271. Se juzgan las posibles responsabilidades de 19 ex miembros de las fuerzas de seguridad en crímenes cometidos durante el Operativo Independencia (1975-1976).
El hombre declaró ayer en la audiencia del megajuicio “Operativo Independencia” y afirmó que pudo ver a los hermanos Aranda, dos de las víctimas de la causa: Juan Eugenio Aranda y Francisco Aranda, de 21 y 18 años. Ambos fueron secuestrados el 22 de marzo de 1975 durante un casamiento en la localidad de San Pablo, junto a más de una decena de invitados. Fueron vistos en La Escuelita por otros testigos que pasaron antes frente a los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Dos cuerpos fueron entregados a la familia. María Cristina Aranda, hermana de las víctimas, dudó durante su declaración la semana pasada de que se trate de los restos de sus familiares. El fiscal Agustín Chit había requerido entonces que sean exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El Tribunal hizo lugar. El fiscal Pablo Camuña añadió ayer el pedido para que se determine mediante la pericia también la causa de las muertes.
Derrotero
Andina Lizárraga, secuestrado en marzo de 1975, pasó también por el centro clandestino de la Jefatura de Policía y por diversas cárceles tras ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Fue liberado en 1982. Hizo hincapié en lo sucedido en el establecimiento famaillense. “Nos pusieron en una sala y volvieron a buscarme. Me preguntaron qué relaciones políticas tenía con determinadas personas. Habrá habido 15 o 20 personas. Me hacían simulacro de tiros en la cabeza. Me llevaron a un lugar para torturarme, tengo la marca de la picana eléctrica”, describió abriéndose la camisa y exhibiendo parte del pecho.
El defensor Mario Leiva Haro preguntó al testigo si había formado parte de la Comisión Obrera Estudiantil y el hombre respondió que había sido fundador y que organizaban manifestaciones, por ejemplo, durante El Tucumanazo. El letrado consultó si instalaban barricadas en las calles y Andina Lizárraga asintió. El abogado insistió: “¿Ejercían acciones violentas?”. “Si reclamar justicia a los gritos es violencia…”, ironizó el testigo. Leiva Haro citó una entrevista periodística en la que se mencionaba que el hombre habría dicho que en esas manifestaciones se arrojaban bombas molotov. “Éramos 4.000 o 5.000, era imposible distinguir quién las tiraba”, respondió el dirigente.
El defensor le preguntó si esa era una forma de lucha. Chit se opuso a este interrogante. “¿San Martín fue terrorista? Porque se levantó en armas contra un gobierno. Si a usted le asaltan su casa, ¿se quedaría de brazos cruzados? No, reaccionaría como cualquier ser humano para defender sus derechos. Defendíamos nuestros derechos constitucionales. El 1930 a Yrigoyen lo derrocaron y no existían la guerrilla ni la subversión. En 1955 tampoco había y derrocaron a Perón (…). Los únicos terroristas fueron los que usaron las armas que les daba la patria. Deberían ser juzgados los que no respetaron la voluntad popular”, afirmó Andina Lizárraga.
“Técnica defensiva”
Leiva Haro defiende al imputado Roberto Abba, que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz y participa mediante el sistema de videoconferencia. Explicó que sus preguntas responden a la “técnica defensiva”. “La única forma de saber qué pasaba es por los dichos de los testigos. Que hayan puesto bombas, participado de grupos terroristas, matado, secuestrado y juzgado en nombre del pueblo, como hacían el ERP y Montoneros, no justifica en absoluto que los hayan sido detenidos, torturados y matados sin un proceso justo. No quiero instalar la teoría de los dos demonios”, expresó.
Afirmó que su estrategia apunta a que los testigos que hayan tenido “un determinado comportamiento en esa época” lo hagan público en la audiencia. “Es para contextualizar, no es un juicio común. Mi postura es técnica, no tengo ideología. Todos deberían haber sido sometidos a un proceso justo”, opinó.
En audiencias pasadas y ante interrogantes similares de los defensores, la Fiscalía se había opuesto al considerar que se equiparaba a las víctimas con los acusados y que se las revictimizaba. El TOF había resuelto admitir preguntas sobre la militancia política. La decisión se había tomado por mayoría (por votos de Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas; Juan Carlos Reynaga votó en disidencia). “Los delitos de lesa humanidad no serían tales si no se prueba que la persecución habría sido por motivos políticos, resulta necesario que quede acreditado”, habían sostenido. Habían añadido que las únicas preguntas que tiene derecho el testigo a no contestar son aquellas que puedan ser “incriminatorias”.
La Fiscalía y las querellas habían efectuado planteos para que se revisara la decisión al entender que reñía con las normas que prevén la protección de las víctimas. El Tribunal los rechazó.
Las audiencias se reanudarán hoy, a las 9. El juicio es el más grande por delitos de lesa humanidad que se celebra en la provincia, por el número de víctimas: 271. Se juzgan las posibles responsabilidades de 19 ex miembros de las fuerzas de seguridad en crímenes cometidos durante el Operativo Independencia (1975-1976).
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