21 Agosto 2016
Daniel Scioli. FOTO TOMADA DE LA NACIÓN.
La Justicia bonaerense detuvo a dos ex funcionarios sciolistas del Ministerio de Salud y a dos empresarios vinculados con la venta de medicamentos en una causa en la que se investiga un fraude con la compra de insumos para centros de adicciones y hospitales durante la última gestión de Daniel Scioli, según informó La Nación.
La principal detenida es Ana Beatriz Priolo, de 48 años, que fue directora general de administración del Ministerio de Salud. También fue apresado Hernán Azzari integrante de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones.
La causa es investigada por el titular de la Unidad de Investigaciones Complejas N°8 de esta ciudad, Jorge Paolini.
Además, fueron apresados los empresarios Leonardo Paci y Leandro Durand. Paci ya había sido detenido en otra causa relacionada con fraudulentas compras de drogas oncológicas en el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA).
Las detenciones fueron firmadas por el juez Cesar Melazo y los cargos fueron asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos delitos tienen penas de hasta 10 años de prisión, y 15 en el caso del jefe de la organización.
La principal detenida es Ana Beatriz Priolo, de 48 años, que fue directora general de administración del Ministerio de Salud. También fue apresado Hernán Azzari integrante de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones.
La causa es investigada por el titular de la Unidad de Investigaciones Complejas N°8 de esta ciudad, Jorge Paolini.
Además, fueron apresados los empresarios Leonardo Paci y Leandro Durand. Paci ya había sido detenido en otra causa relacionada con fraudulentas compras de drogas oncológicas en el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA).
Las detenciones fueron firmadas por el juez Cesar Melazo y los cargos fueron asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos delitos tienen penas de hasta 10 años de prisión, y 15 en el caso del jefe de la organización.
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