Por Fernando Stanich
22 Agosto 2016
Juan Manzur está preocupado. Ya no sonríe tanto y se muestra más sólo que de costumbre. Desconfía y duda. El Bicentenario pasó y el espejismo de aquellos tiempos de hermandad cedió ante la cruda realidad, esa que lo muestra en la soledad de un poder que, en el oficialismo y en la oposición, no le reconocen. Su cuadro de anemia política, en estas últimas semanas, ha recrudecido con fuerza.
El gobernador está sumamente afligido. No precisamente por la marcha de la gestión, sino por el fantasma de la justicia que lo persigue. Librado prácticamente de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas irregularidades en una licitación millonaria del Ministerio de Salud de la Nación, sobre sus espaldas carga ahora el peso de las valijas con millones de billetes para subsidios que administró la Legislatura durante el año electoral. El jueves, el mandatario tuvo una ocasión ideal para hacer una catarsis larga y profunda en su despacho. Ese día, bajo el calor de la siesta, recibió en el primer piso de la Casa de Gobierno a Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Ex secretario de Derechos Humanos durante el primer tramo del alperovichismo y luego defensor del Pueblo, el abogado adoptado políticamente por Beatriz Rojkés llegó al máximo tribunal en 2011 propuesto precisamente por José Alperovich. Desde entonces, ha protagonizado en más de una ocasión situaciones embarazosas.
El antecedente más cercano corresponde a la primera semana de octubre del año pasado, cuando Posse acudió a la casa del saliente gobernador. La publicidad de aquel encuentro desencadenó una andanada de cuestionamientos de opositores, que no pasaron por alto un detalle significativo. Una semana antes, Posse, a la vez hermano de Jorge Posse Ponessa, por entonces fiscal de Estado de Alperovich, había firmado un fallo clave para validar las escandalosas elecciones provinciales que consagraron a Manzur como gobernador. “Aunque no me resultaba del todo cómodo, fui, lo admito, porque por la manifestación de los tractores (en la plaza Independencia) era difícil llegar a la Casa de Gobierno”, admitió a LA GACETA el juez tras la reunión con Alperovich en su vivienda. En esa misma ocasión, negó haber visitado esa casona de la zona del parque Guillermina, el mismo día en que la Cámara en lo Contencioso Administrativo había invalidado en primera instancia los comicios. Contra sus dichos, lógicamente, se contraponen versiones de referentes justicialistas que juran haberlo visto por esos días convulsionados en esa vivienda.
Sólo Manzur y Posse pueden dar cuenta de qué hablaron durante esos minutos a solas. Pero hay elementos para presuponer que uno de los asuntos que más tensiona al oficialismo puede haber estado en la agenda: al promediar el encuentro se sumó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Por estos días, la Legislatura es noticia por los avances judiciales de las causas en las que se indaga sobre el manejo de los gastos sociales, principalmente en el último tramo de la gestión de Manzur como presidente de la Cámara. En noviembre, este diario reveló la operatoria de retiro de dinero en efectivo para la Legislatura: un empleado de Tesorería se presentaba en la sede central del Banco Tucumán, entregaba cheques, retiraba dinero de la cuenta y llevaba la plata en una o más valijas. En cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100. En junio fueron extraídos $ 47,8 millones de esa cuenta; en julio, $ 53 millones; y en agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales que ganó Manzur, $ 91,7 millones.
A partir de la divulgación de esos datos, se sucedieron presentaciones judiciales en los tribunales federales y en los provinciales. Y así como quien se quema con leche ve una vaca y llora, en el oficialismo escuchan Cámara Contencioso Administrativo y tiemblan. En 12 años, Alperovich logró colonizar el fuero penal y poblar la Corte Suprema de Justicia. Designó fiscales a dedo en el interregno sin Consejo Asesor de la Magistratura y ubicó a su histórico ministro de Gobierno y operador judicial, Edmundo Jiménez, como jefe de los fiscales penales. En paralelo, reemplazó a Héctor Area Maidana con su fiscal de Estado, Antonio Estofán; a Carlos Alfredo Dato, con Claudia Sbdar; y a Alberto Brito con el ya mencionado Posse. Es decir, ubicó a tres de los cinco miembros del máximo tribunal. No obstante esa avanzada, nunca pudo hacer pie en el fuero contencioso administrativo, que siempre le generó dolores de cabeza. Un rápido repaso muestra que el alperovichismo sufrió con esa Cámara desde que intentó colocarle alfombra roja al desembarco de Cristóbal López y su Casino Club en el parque 9 de Julio; luego, cuando aprobó la reforma constitucional de 2006 y le voltearon varios artículos; y finalmente, el año pasado, cuando dos camaristas anularon los comicios. Ese fallo, nuevamente, fue el que sustituyó la Corte -que integró Posse- sitiada físicamente por centenares de militantes justicialistas.
De más está decir que el temor de la cúpula oficialista sobre los pasos que vaya a dar la Cámara Contencioso Administrativo tiene fundamentos históricos, más aún cuando uno de los expedientes es tramitado por el juez Rodolfo Novillo, al que en el Gobierno vinculan directamente con el Acuerdo para el Bicentenario. Es probable, entonces, que en algún momento alguna de las cuatro causas vinculadas a la partida para subsidios que administró Manzur en 2015 suba a la Corte Suprema. Ya sea por recusaciones, o porque el Gobierno o los litigantes apelen un eventual fallo de Cámara, el uso y manejo de los gastos sociales deberán ser analizados por los jueces del máximo tribunal, entre los que se encuentra el propio Posse.
Es probable que el encuentro con Manzur tenga fundamentos protocolares o formales, basados en alguno de los tantos asuntos de interés público que atañen a los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Cuando de eso se trata, las áreas de Prensa y Difusión estatales suelen dar promoción a la reunión y munir de información a la sociedad. En este caso, el cónclave fue el jueves y aún nadie se tomó el trabajo de darle difusión. A tal punto que, quizá, los únicos que se hayan percatado de que en la Casa de Gobierno había un visitante sean los operarios que debieron correr las máquinas, ya apostadas sobre calle San Martín, para que el vocal de la Corte pudiera salir con su auto.
El gobernador está sumamente afligido. No precisamente por la marcha de la gestión, sino por el fantasma de la justicia que lo persigue. Librado prácticamente de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas irregularidades en una licitación millonaria del Ministerio de Salud de la Nación, sobre sus espaldas carga ahora el peso de las valijas con millones de billetes para subsidios que administró la Legislatura durante el año electoral. El jueves, el mandatario tuvo una ocasión ideal para hacer una catarsis larga y profunda en su despacho. Ese día, bajo el calor de la siesta, recibió en el primer piso de la Casa de Gobierno a Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Ex secretario de Derechos Humanos durante el primer tramo del alperovichismo y luego defensor del Pueblo, el abogado adoptado políticamente por Beatriz Rojkés llegó al máximo tribunal en 2011 propuesto precisamente por José Alperovich. Desde entonces, ha protagonizado en más de una ocasión situaciones embarazosas.
El antecedente más cercano corresponde a la primera semana de octubre del año pasado, cuando Posse acudió a la casa del saliente gobernador. La publicidad de aquel encuentro desencadenó una andanada de cuestionamientos de opositores, que no pasaron por alto un detalle significativo. Una semana antes, Posse, a la vez hermano de Jorge Posse Ponessa, por entonces fiscal de Estado de Alperovich, había firmado un fallo clave para validar las escandalosas elecciones provinciales que consagraron a Manzur como gobernador. “Aunque no me resultaba del todo cómodo, fui, lo admito, porque por la manifestación de los tractores (en la plaza Independencia) era difícil llegar a la Casa de Gobierno”, admitió a LA GACETA el juez tras la reunión con Alperovich en su vivienda. En esa misma ocasión, negó haber visitado esa casona de la zona del parque Guillermina, el mismo día en que la Cámara en lo Contencioso Administrativo había invalidado en primera instancia los comicios. Contra sus dichos, lógicamente, se contraponen versiones de referentes justicialistas que juran haberlo visto por esos días convulsionados en esa vivienda.
Sólo Manzur y Posse pueden dar cuenta de qué hablaron durante esos minutos a solas. Pero hay elementos para presuponer que uno de los asuntos que más tensiona al oficialismo puede haber estado en la agenda: al promediar el encuentro se sumó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Por estos días, la Legislatura es noticia por los avances judiciales de las causas en las que se indaga sobre el manejo de los gastos sociales, principalmente en el último tramo de la gestión de Manzur como presidente de la Cámara. En noviembre, este diario reveló la operatoria de retiro de dinero en efectivo para la Legislatura: un empleado de Tesorería se presentaba en la sede central del Banco Tucumán, entregaba cheques, retiraba dinero de la cuenta y llevaba la plata en una o más valijas. En cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100. En junio fueron extraídos $ 47,8 millones de esa cuenta; en julio, $ 53 millones; y en agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales que ganó Manzur, $ 91,7 millones.
A partir de la divulgación de esos datos, se sucedieron presentaciones judiciales en los tribunales federales y en los provinciales. Y así como quien se quema con leche ve una vaca y llora, en el oficialismo escuchan Cámara Contencioso Administrativo y tiemblan. En 12 años, Alperovich logró colonizar el fuero penal y poblar la Corte Suprema de Justicia. Designó fiscales a dedo en el interregno sin Consejo Asesor de la Magistratura y ubicó a su histórico ministro de Gobierno y operador judicial, Edmundo Jiménez, como jefe de los fiscales penales. En paralelo, reemplazó a Héctor Area Maidana con su fiscal de Estado, Antonio Estofán; a Carlos Alfredo Dato, con Claudia Sbdar; y a Alberto Brito con el ya mencionado Posse. Es decir, ubicó a tres de los cinco miembros del máximo tribunal. No obstante esa avanzada, nunca pudo hacer pie en el fuero contencioso administrativo, que siempre le generó dolores de cabeza. Un rápido repaso muestra que el alperovichismo sufrió con esa Cámara desde que intentó colocarle alfombra roja al desembarco de Cristóbal López y su Casino Club en el parque 9 de Julio; luego, cuando aprobó la reforma constitucional de 2006 y le voltearon varios artículos; y finalmente, el año pasado, cuando dos camaristas anularon los comicios. Ese fallo, nuevamente, fue el que sustituyó la Corte -que integró Posse- sitiada físicamente por centenares de militantes justicialistas.
De más está decir que el temor de la cúpula oficialista sobre los pasos que vaya a dar la Cámara Contencioso Administrativo tiene fundamentos históricos, más aún cuando uno de los expedientes es tramitado por el juez Rodolfo Novillo, al que en el Gobierno vinculan directamente con el Acuerdo para el Bicentenario. Es probable, entonces, que en algún momento alguna de las cuatro causas vinculadas a la partida para subsidios que administró Manzur en 2015 suba a la Corte Suprema. Ya sea por recusaciones, o porque el Gobierno o los litigantes apelen un eventual fallo de Cámara, el uso y manejo de los gastos sociales deberán ser analizados por los jueces del máximo tribunal, entre los que se encuentra el propio Posse.
Es probable que el encuentro con Manzur tenga fundamentos protocolares o formales, basados en alguno de los tantos asuntos de interés público que atañen a los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Cuando de eso se trata, las áreas de Prensa y Difusión estatales suelen dar promoción a la reunión y munir de información a la sociedad. En este caso, el cónclave fue el jueves y aún nadie se tomó el trabajo de darle difusión. A tal punto que, quizá, los únicos que se hayan percatado de que en la Casa de Gobierno había un visitante sean los operarios que debieron correr las máquinas, ya apostadas sobre calle San Martín, para que el vocal de la Corte pudiera salir con su auto.
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