Seis expedientes judiciales, sin desenlace

El uso de los fondos previstos para ayudas sociales tiene varios capítulos abiertos en la Justicia, tanto en el fuero federal como en los tribunales provinciales.

En diciembre, el peronista disidente Oscar López planteó una acción de inconstitucionalidad por el uso de los subsidios legislativos ante la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a partir de la difusión dada por LA GACETA al mecanismo mediante el que se retiraba el dinero en efectivo desde el banco y se los llevaba a la Legislatura.

Este año fueron abiertos otros tres expedientes por este tema. El legislador radical Eudoro Aráoz solicitó el detalle del destino de los gastos sociales durante 2015, alegando el derecho al acceso a la información pública. A esa demanda se sumaron luego Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y el ex concejal radical Raúl Moreno. Por su parte, el legislador macrista Luis Brodersen planteó en paralelo una acción declarativa de constitucionalidad con respecto a ese régimen. Por último, un grupo de dirigentes radicales encabezados por Moreno elevaron una demanda similar a la que hizo Aráoz.

En tanto, hubo al menos tres causas penales abiertas por los “gastos sociales”. La primera, iniciada de oficio por el fiscal federal general Gustavo Gómez, apuntaba a un posible lavado de activos, pero fue desechada (el caso fue girado a la Justicia provincial por resolución del juez Daniel Bejas, en sintonía con el dictamen del fiscal federal Pablo Camuña). Por otra parte, la Fiscalía de Instrucción de la V, a cargo de Washington Navarro Dávila, investiga la denuncia por posibles delitos contra la Administración Pública, por una denuncia de Oscar López. El letrado también impulsa una causa por posible evasión tributaria en el fuero federal.