06 Septiembre 2016
Que José Alperovich integre como asesor ad honorem el Gobierno provincial irritó a la oposición. Las críticas hacia el Poder Ejecutivo y al ex gobernador llovieron luego de que LA GACETA publicara el domingo el decreto de su designación. El intendente capitalino Germán Alfaro sostuvo: “nombrar asesor a un senador no tiene ningún sentido, los representantes del pueblo son asesores naturales. Alperovich se hizo nombrar por ‘los gastos que demande la función’, como dice el decreto secreto. De esa manera, le pagamos sus gastos y los de su familia como cuando fue gobernador”, fustigó. Calificó el hecho como “una vergüenza” y recriminó que con los impuestos que pagan los vecinos se mantengan los “privilegios para quienes pretenden seguir vinculados eternamente al presupuesto del Estado”. Consideró que la situación genera que el Gobierno de Juan Manzur pierda credibilidad: “estas acciones muestran las verdaderas intenciones de quienes mantienen privilegios antidemocráticos como el de Alperovich o presupuestos injustificables como el de la Legislatura”.
No fue la única crítica. Los legisladores Alfredo Toscano, Stella Maris Córdoba y Christian Rodríguez presentaron ayer por la tarde un pedido de interpelación contra el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, “a efectos que explique la no publicación del decreto 41/1”. “Asimismo, en virtud del artículo 2 del mismo decreto, nos informe qué gastos demandó el citado decreto. También que nos informe cuál es el mecanismo que se usa para determinar cuáles decretos se publican en el Boletín Oficial y cuáles no”, añadieron. Ahora la Legislatura deberá decidir si atiende el pedido de los peronistas disidentes y finalmente Yedlin concurre al recinto.
Los radicales José Canelada y Eudoro Aráoz presentaron una serie de pedidos de informes tras el nombramiento de Alperovich. Uno hace referencia a la “desagregación de las ejecuciones presupuestarias que financian la labor del ex mandatario como asesor; la afectación de personal y de vehículos para el ex gobernador, y cualquier otra información relativa al uso de recursos económicos, materiales y/o humanos de los que él pudiera servirse en esta función”.
En otro escrito, enviado a Pablo Loandos, director del Boletín Oficial, los parlamentarios le recuerdan que el Boletín es el instrumento idóneo para dar publicidad a los actos de Gobierno y que él es el responsable de tal función. “La inobservancia de tal responsabilidad es lesiva al bien público, al orden democrático, a la Constitución Nacional y al sistema republicano de gobierno; y constituye un delito previsto en nuestra ley penal”, señala la nota.
No fue la única crítica. Los legisladores Alfredo Toscano, Stella Maris Córdoba y Christian Rodríguez presentaron ayer por la tarde un pedido de interpelación contra el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, “a efectos que explique la no publicación del decreto 41/1”. “Asimismo, en virtud del artículo 2 del mismo decreto, nos informe qué gastos demandó el citado decreto. También que nos informe cuál es el mecanismo que se usa para determinar cuáles decretos se publican en el Boletín Oficial y cuáles no”, añadieron. Ahora la Legislatura deberá decidir si atiende el pedido de los peronistas disidentes y finalmente Yedlin concurre al recinto.
Los radicales José Canelada y Eudoro Aráoz presentaron una serie de pedidos de informes tras el nombramiento de Alperovich. Uno hace referencia a la “desagregación de las ejecuciones presupuestarias que financian la labor del ex mandatario como asesor; la afectación de personal y de vehículos para el ex gobernador, y cualquier otra información relativa al uso de recursos económicos, materiales y/o humanos de los que él pudiera servirse en esta función”.
En otro escrito, enviado a Pablo Loandos, director del Boletín Oficial, los parlamentarios le recuerdan que el Boletín es el instrumento idóneo para dar publicidad a los actos de Gobierno y que él es el responsable de tal función. “La inobservancia de tal responsabilidad es lesiva al bien público, al orden democrático, a la Constitución Nacional y al sistema republicano de gobierno; y constituye un delito previsto en nuestra ley penal”, señala la nota.
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