09 Septiembre 2016
La ex jueza santiagueña Lucrecia Martínez Llanos, acusada junto a otros dos magistrados y un empresario periodístico de una millonaria defraudación en perjuicio del Gobierno tucumano, se entregó ayer a la Justicia y quedó detenida e incomunicada en una clínica de la capital de esa provincia.
La ex magistrada decidió entregarse tras el pedido de captura nacional e internacional, ordenada por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, que investiga la defraudación por más de $ 10 millones a Tucumán.
Martínez Llanos padece un cuadro de “hipertensión arterial” y fue alojada en una clínica ubicada en el barrio Alberdi de la capital santiagueña, indicaron los médicos que la asisten.
En tanto, el magistrado Alarcón, pidió licencia por 12 días para viajar a los Estados Unidos y participar de un curso de capacitación. En principio, la causa pasó a la jueza Rosa Falco de Rainieri, que actualmente investiga el asesinato de 22 cuchilladas de la empresaria Estela López de Auad, ocurrido hace 8 meses y la violación y descuartizamiento del niño Mario Agustín Salto (11) en la localidad de Quimilí, ambos sin resolver.
Fuentes judiciales consideraron como probable el apartamiento de Falco en la causa que generó un conflicto entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, a raíz de que en su juzgado se presentó una medida cautelar a la que no hizo lugar, similar a la que intervinieron los tres ex jueces y que derivó en la defraudación.
Con anterioridad, Ramón Tarchini Saavedra, otro de los jueces involucrados en la presunta estafa, se había entregado y también permanece internado en un sanatorio.
En tanto, se mantienen prófugos de la Justicia el ex juez Miguel Angel Moreno y el empresario periodístico Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán), que decidieron apelar a un tribunal de alzada los rechazos de eximición de prisión.
Una vez recuperados de sus estados de salud, los ex jueces serán alojados en la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones”.
Antes de salir de licencia, Alarcón resolvió inhibir los bienes de los ex funcionarios judiciales y del empresario Pericás, en lo que considera una “asociación ilícita” para cobrar más de $ 7 millones de los $ 10 millones retenidos de la coparticipación federal de Tucumán.
Los tres ex magistrados se encuentran acusados de los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada”. En el caso del ex juez Moreno, la Fiscalía de Estado de Tucumán amplió una denuncia y le endilgó los delitos de “prevaricato y cohecho agravado”.
La ex magistrada decidió entregarse tras el pedido de captura nacional e internacional, ordenada por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, que investiga la defraudación por más de $ 10 millones a Tucumán.
Martínez Llanos padece un cuadro de “hipertensión arterial” y fue alojada en una clínica ubicada en el barrio Alberdi de la capital santiagueña, indicaron los médicos que la asisten.
En tanto, el magistrado Alarcón, pidió licencia por 12 días para viajar a los Estados Unidos y participar de un curso de capacitación. En principio, la causa pasó a la jueza Rosa Falco de Rainieri, que actualmente investiga el asesinato de 22 cuchilladas de la empresaria Estela López de Auad, ocurrido hace 8 meses y la violación y descuartizamiento del niño Mario Agustín Salto (11) en la localidad de Quimilí, ambos sin resolver.
Fuentes judiciales consideraron como probable el apartamiento de Falco en la causa que generó un conflicto entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, a raíz de que en su juzgado se presentó una medida cautelar a la que no hizo lugar, similar a la que intervinieron los tres ex jueces y que derivó en la defraudación.
Con anterioridad, Ramón Tarchini Saavedra, otro de los jueces involucrados en la presunta estafa, se había entregado y también permanece internado en un sanatorio.
En tanto, se mantienen prófugos de la Justicia el ex juez Miguel Angel Moreno y el empresario periodístico Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán), que decidieron apelar a un tribunal de alzada los rechazos de eximición de prisión.
Una vez recuperados de sus estados de salud, los ex jueces serán alojados en la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones”.
Antes de salir de licencia, Alarcón resolvió inhibir los bienes de los ex funcionarios judiciales y del empresario Pericás, en lo que considera una “asociación ilícita” para cobrar más de $ 7 millones de los $ 10 millones retenidos de la coparticipación federal de Tucumán.
Los tres ex magistrados se encuentran acusados de los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada”. En el caso del ex juez Moreno, la Fiscalía de Estado de Tucumán amplió una denuncia y le endilgó los delitos de “prevaricato y cohecho agravado”.
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