Vinculó a Albornoz con el secuestro de su esposo

“¿Quién era Juan Carlos y qué significó su desaparición?”. La profesora de Historia María Darmanin de Chaparro hizo una pausa para tomar una bocanada de aire antes de responderse a sí misma. Recordó que su esposo Juan Carlos Chaparro -estudiante de Química de la UNT, dirigente universitario y trabajador de YPF- contaba chistes, tocaba el bombo y cantaba, escribía poemas y era un excelente compañero “de vida”. También que era generoso con sus compañeros de facultad y que militaba en el comedor universitario y en barriadas obreras. “Los años que pasamos juntos fueron de gran felicidad. Esa felicidad murió. Hubo un antes y un después desde su muerte. La alegría fue sustituida por la tristeza y el silencio. Lo esperé hasta el 83. Nos parecía imposible que hubiera sido asesinado en el 75, en democracia. El horror de la espera, de ese no saber… En todas las familias que hay pérdidas hay un antes y un después. Pero no es lo mismo hacer un duelo y tener un cuerpo. Esta metodología de terror (por la desaparición forzada) significó un duelo sin fin”, lamentó.

Juan Carlos Chaparro, quien permanece desaparecido, es una de las 271 víctimas de la megacausa “Operativo Independencia”. Sus familiares declararon ayer y dieron cuenta del derrotero marcado por la búsqueda y la ausencia tras el secuestro. Relataron que Chaparro, que tenía 28 años, estaba trabajando el 19 de junio de 1975 en un campamento de la petrolera ubicado en Ovando, cerca de Rosario de la Frontera (Salta). Cerca del mediodía, un grupo llegó al lugar y se identificó como de la Policía Federal. De acuerdo con los testigos y con una denuncia policial realizada por otros empleados de YPF, Chaparro habría reconocido entre los captores al imputado Roberto “El Tuerto” Albornoz y lo habría increpado al subrayarle que no era policía federal sino provincial (no tenía jurisdicción en Salta). La víctima fue llevada luego a la pensión en la que vivía en Metán antes de ser trasladada a Tucumán. Por testimonios de sobrevivientes pudieron saber que estuvo en el centro clandestino de La Escuelita de Famaillá y, probablemente, también en el de la Jefatura. Esas fueron las últimas referencias que tuvieron de él con vida.

Darmanin advirtió que la noche antes del secuestro, hubo un allanamiento en la casa de sus padres, donde ella y su hijo Sebastián (de un año) vivían circunstancialmente. Sus familiares la ocultaron en una habitación. “Albornoz se presentó a cara descubierta y preguntó por Juan Carlos”, afirmó. La mujer brindó detalles precisos de fechas y circunstancias. Aseguró que pasó dos meses de casa en casa, por motivos de seguridad, separada del bebé, hasta que pudo alquilar un departamento en Mar del Plata. El niño había quedado al cuidado de la familia Chaparro, en Santiago del Estero. “Todavía recuerdo la expresión de mi hijo cuando me vio. Las secuelas que tenía eran muy marcadas, tenía terrores nocturnos. No me dejaba bajar del auto, se me aferraba al pantalón. Quedé sola con mi hijito en Mar del Plata. Mi terror era que me detuvieran en la calle y él quedara solo”, se entristeció. Un año después, en agosto de 1976, ambos pudieron volver a Tucumán.

Gaspar Darmanin, padre de la testigo, y Raúl Chaparro, padre de la víctima, se pusieron a la cabeza de una intensa búsqueda. Efectuaron presentaciones judiciales y gestiones ante funcionarios y dirigentes. La mujer puntualizó que tuvieron una cita infructuosa con el imputado Néstor Castelli, a quien identificó como jefe de la Policía, quien los habría recibido custodiado por dos perros.

El defensor oficial Adolfo Bertini preguntó a la profesora sobre la fecha de la reunión con Castelli y esta ratificó que fue el 26 de julio de 1975. Bertini añadió que según el legajo del ex militar, no estaba en la provincia desde el 3 de julio de ese año. El abogado consultó a la testigo su opinión sobre las responsabilidades políticas en lo sucedido en general durante el 75. “Son igualmente responsables (las fuerzas armadas y la dirigencia política). No sólo Estela Martínez de Perón sino los ministros, parlamentarios. No estoy de acuerdo con los juicios de obediencia debida. No puede ser justificativo de actos en contra de la vida”, afirmó. Instó a la prensa, a los organismos de derechos humanos y a los funcionarios a visibilizar a las víctimas del Operativo Independencia y a no englobarlas con las de la dictadura.

Bertini consultó también sobre a qué se había referido la testigo al mencionar que su esposo firmaba comunicados. Ella explicó que, como dirigente estudiantil, solía aparecer en partes de prensa y manifestaciones sobre diversos asuntos que eran difundidos en los medios.

Sebastián Chaparro, de 42 años, declaró a continuación. Se mostró acongojado por lo que sufrieron él y sus parientes por la desaparición de su papá: “el sadismo y la tortura que significa (la desaparición) para los que quedamos. A los 9 años me contaron lo que pasó con él. Es difícil de sobrellevar. Antes de eso mi mamá me decía que había muerto sin sufrir. Hacía hincapié en eso. Después entendí por qué”. Comentó orgulloso que heredó la postura y los gestos de su padre. “Lo secuestraron en pleno estado de derecho. Los acusados de crímenes tremendos disfrutan hoy del estado de derecho: no son torturados para sacarles información sobre, por ejemplo, dónde están los restos de mi papá. Saben dónde están sus hijos; que no serán golpeados; que tendrán alimento y que sus nietos no serán entregados. Mi padre tenía derecho a que su detención fuera pedida por un juez y a que sus familiares sepan dónde está. Ojalá se haga Justicia”, concluyó.

La audiencia se reanudará hoy, a las 9. El juicio es el más grande, por el número de víctimas, que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF). Se juzgan las posibles responsabilidades de 19 ex miembros de las fuerzas de seguridad en los hechos.