15 Septiembre 2016
El legislador Eudoro Aráoz (bloque UCR), quien tramita una demanda ante el fuero contencioso para acceder a las rendiciones de los “gastos sociales” de 2015, consideró “grave” la decisión del fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila, de haber archivado la investigación penal por el caso de las ayudas sociales a personas, más allá que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, resolviera poco después desarchivar la pesquisa.
El parlamentario radical le detalló a LA GACETA que puso al tanto de lo ocurrido al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Bernardo Avruj, entre otros funcionarios nacionales. “Pido la intervención federal para el Poder Judicial de Tucumán, porque no sabemos si esta decisión tuvo algo que ver con la reunión secreta”, advirtió Aráoz, en alusión al encuentro no oficial que reconocieron haber celebrado el titular de la Corte Suprema, Antonio Gandur, el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, en la casa del primero de ellos. Del mitin participaron, además, Daniel Leiva, fiscal de Estado, y el abogado Nicanor Rodríguez del Busto. El tribunal del alto tribunal admitió, en una entrevista con LA GACETA, que había recibido a los funcionarios porque estos querían hacerle una consulta sobre la demanda que tramita el legislador Aráoz ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esa reunión ya había generado críticas del radical, puesto que Manzur presidía la Legislatura cuando se produjeron las millonarias extracciones bancarias con valijas, en 2015. “Ya puse al tanto a Garavano y a otros funcionarios (del gabinete de Mauricio Macri)”, señaló Aráoz. Y agregó: “la matriz de la corrupción de Tucumán está en el Poder Judicial (de la Provincia), cooptado por el alperovichismo, con continuación en el manzurismo”, indicó el opositor.
El parlamentario radical le detalló a LA GACETA que puso al tanto de lo ocurrido al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Bernardo Avruj, entre otros funcionarios nacionales. “Pido la intervención federal para el Poder Judicial de Tucumán, porque no sabemos si esta decisión tuvo algo que ver con la reunión secreta”, advirtió Aráoz, en alusión al encuentro no oficial que reconocieron haber celebrado el titular de la Corte Suprema, Antonio Gandur, el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, en la casa del primero de ellos. Del mitin participaron, además, Daniel Leiva, fiscal de Estado, y el abogado Nicanor Rodríguez del Busto. El tribunal del alto tribunal admitió, en una entrevista con LA GACETA, que había recibido a los funcionarios porque estos querían hacerle una consulta sobre la demanda que tramita el legislador Aráoz ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esa reunión ya había generado críticas del radical, puesto que Manzur presidía la Legislatura cuando se produjeron las millonarias extracciones bancarias con valijas, en 2015. “Ya puse al tanto a Garavano y a otros funcionarios (del gabinete de Mauricio Macri)”, señaló Aráoz. Y agregó: “la matriz de la corrupción de Tucumán está en el Poder Judicial (de la Provincia), cooptado por el alperovichismo, con continuación en el manzurismo”, indicó el opositor.
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