El sindicalismo se planta por las paritarias

BUENOS AIRES.- Dirigentes sindicales calificaron ayer de “horror” e “imprudencia” el rechazo del Gobierno a la eventual reapertura de paritarias y advirtieron que la decisión de no modificar drásticamente las escalas del Impuesto a las Ganancias a partir de enero de 2017, “es un motivo más” para decidir una “posible medida de fuerza en octubre”.

El diputado massista y jefe del gremio de los trabajadores de Peajes, Facundo Moyano, su padre el camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo condenaron al Gobierno por desestimar una nueva discusión salarial, por “no” cumplir con el “compromiso” de una disminución total de Ganancias al inicio del próximo año y no proyectar la aplicación de una “cláusula automática de ajuste” para ese gravamen.

Facundo Moyano consideró que es una “imprudencia” del Gobierno “intentar limitar la discusión paritaria” para el año próximo y advirtió que no incluir en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2017 el debate sobre Ganancias es un “motivo más” para decidir una “posible medida de fuerza en octubre”.

“Estar hablando de un 17% de aumento salarial”, porque esa es la pauta inflacionaria que estima el Poder Ejecutivo para el año venidero, no corresponde porque “esa es una discusión que se tiene que dar libremente”, alertó.

El legislador del Frente Renovador se indignó: “están pidiendo implícitamente que los sindicalistas acepten una reducción de salario”.

Ayer, el viceje de Gabinete de ministros, Mario Quintana, se sumó a las voces del oficialismo que desecharon la alternativa de volver a discutir paritarias, al señalar que “en el segundo semestre la inflación va a estar muy por debajo” de los “acuerdos” salariales, por lo que “no va a haber una diferencia significativa” entre los ingresos de los trabajadores y el alza de precios.

“Vemos una realidad que ya está ocurriendo”, planteó y añadió que “es cierto que en muchos de los casos de las paritarias que los gremios cerraron libremente, en el primer semestre el índice de inflación estuvo por encima de muchos de esos acuerdos”.

Quintana no hizo más que ratificar la postura que, hace algunos días, había sostenido el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay. No habrá repertura de paritarias porque “si bajó la inflación, es otra la discusión que hay que tener”, indicó.

Choque de fuerzas

En este escenario, Barrionuevo opinó que es un “horror” de parte de funcionarios “hablar de no abrir paritarias”, y advirtió que “no es bueno” que el Gobierno no cumpla con el “compromiso” que adquirió ante la ciudadanía de una rebaja de escalas del Impuesto a las Ganancias a partir de enero de 2017.

“Es mejor que gobiernen, que gestionen, que busquen tener coherencia entre ellos, que también se están peleando”, alertó el sindicalista.

Si bien el ex jefe de la disuelta CGT Azul y Blanca rechazó la conveniencia de ir a un paro general contra el Gobierno, admitió que “hay una mayoría” de dirigentes sindicales que se inclinan por esa medida de fuerza.

A su turno, Hugo Moyano le recordó a la Casa Rosada que las paritarias “están abiertas siempre” y alertó que desde la administración de Cambiemos “no tienen por qué meterse” si el trabajador necesita recuperar el “poder adquisitivo del salario”.

El ex mandamás de la CGT Azopardo añadió que la actual central obrera unificada discute “profundamente” las “medidas que habrán de tomar” y recordó que el Comité Central Confederal del próximo 23 analizará los cursos de acción.

“Si yo necesito recuperar el poder adquisitivo del salario, que se ha perdido con esta inflación desmedida, lo voy a discutir con las empresas y el Gobierno no puede evitarlo”. Caso contrario, dijo, sería “entrometerse”.

El jefe camionero insistió: “si yo hago un acuerdo con una empresa y el Ministerio de Trabajo no me homologa, me obliga a salir a la protesta”. (DyN)

El gobierno fogonero

Luis Tarullo | Agencia DyN

BUENOS AIRES.- La cuenta regresiva está en marcha y en pocos días más se sabrá qué medida decidirán la CGT unificada y las centrales gremiales de centroizquierda para volver a protestar contra la política del gobierno de Mauricio Macri. El sindicalismo peronista que hasta hace poco estaba atomizado en tres líneas logró rápidamente llevar a su territorio los airados reclamos de los otros sectores. Así, evitó que los otros grupos capitalicen políticamente el descontento de una porción importante de la sociedad, que se exteriorizó con vigor, por ejemplo, a través de la llamada “marcha federal”.

Envalentonadas, las organizaciones más radicalizadas, encabezadas por las dos CTA, salieron enseguida a anunciar paros y movilizaciones, pero sobre el pucho la CGT les enmendó la plana y, tras una veloz convocatoria a grupos de fuerte convocatoria como el Movimiento Evita, la CCC y Barrios de Pie, logró que el viernes 23 se disponga una resolución para todos. Así, con pericia y experiencia, consiguió centralizar una decisión que podría tener su manifestación en octubre.

De todas maneras, la CGT venía apretando el acelerador con cautela, manifestando en toda ocasión que estaba actuando con prudencia y evitando cualquier reproche, sobre todo de parte del gobierno, habida cuenta de que el diálogo está abierto y de que se están satisfaciendo, aunque morosamente, algunas demandas.

Pero el propio gobierno se está encargando de dotar de argumentos a los sindicatos para enarbolar y llevar adelante las protestas. Primero, con el propio presidente Macri a la cabeza, la administración explicitó que no era necesario volver a abrir las paritarias para negociar salarios.

El gobierno, en su apuro por desactivar el tema de la inflación que persiste pese a su voluntarismo, olvidó que hay actividades que cerraron acuerdos por un semestre y deben volver a negociar sí o sí. O que la inflación de estos meses ya se devoró los aumentos pactados hace poco tiempo.

Pero como si esto no fuera suficiente, ahora anunció que los cambios en el Impuesto a las Ganancias no serán ni por asomo lo que había prometido en la campaña preelectoral y en el comienzo de la gestión.

A lo sumo, aquellos planes de terminar con el retrógrado impuesto al ingreso llegarían recién hacia el final del gobierno, en 2019.

Sucede que los multimillonarios ingresos al fisco facilitados por este tributo son compartidos con las provincias, por lo que el sistema será entonces difícil de desarmar y reemplazar por otro, según el argumento oficial. Así, habrá modestas modificaciones y millones de personas deberán prepararse para que sus bolsillos continúen siendo violentados por el Impuesto a las Ganancias durante largo rato.

De tal manera, ya con estas dos cuestiones admitidas por la administración -mantener las paritarias cerradas y Ganancias en altos niveles- , los sindicatos consideran que tienen más que suficientes argumentos. Y en este caso, increíblemente, los gremios prácticamente no deben mover un dedo para soliviantar a sus bases. El propio gobierno parece el fogonero de la protesta.