22 Septiembre 2016
La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito abierta en contra del secretario de la Legislatura, Claudio Antonio Pérez, dejaría de estar bajo la órbita del fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila. Así lo indicó el titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, Edmundo Jesús Jiménez, quien visitó el martes pasado la sede del cuerpo parlamentario para expresar su opinión sobre la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia.
En noviembre pasado, a raíz de una serie de publicaciones de LA GACETA, el ex candidato a legislador Oscar López, del peronismo disidente, formuló una denuncia penal por supuesto fraude a la Administración Pública mediante el sistema de “ayudas sociales a personas” de la Legislatura. El año pasado, fueron ejecutados bajo la forma de supuestos subsidios $ 615,6 millones (es decir, el 40% del presupuesto total de la Cámara). Por eso, López demandó a toda la anterior conformación legislativa, incluidos el entonces vicegobernador y actual gobernador, Juan Manzur, funcionarios administrativos y legisladores de la oposición y del oficialismo (entre estos últimos se alista el ex parlamentario Reinaldo Jiménez, hijo del ministro fiscal y actual secretario de Acción Política del Poder Ejecutivo).
En una presentación posterior, el denunciante amplió sus acusaciones, y señaló al secretario Pérez -tesorero de la Legislatura hasta 2015- por presunto enriquecimiento ilícito. Según López, este funcionario habría acumulado una fortuna de más de $ 150 millones, que incluiría propiedades en Punta del Este y otros bienes inmuebles.
Hace dos semanas, Navarro Dávila dispuso el archivo del expediente sobre los “gastos sociales” legislativos, que eran trasladados en valijas -en cada una cabían hasta $ 6 millones- de un banco céntrico hasta el edifico de calle Muñecas 951. En paralelo, el magistrado dispuso la continuidad de la pesquisa en contra de Pérez de forma ordinaria, debido a que no tiene fueros y no correspondía una investigación jurisdiccional.
Cinco días después, el ministro fiscal Jiménez resolvió reactivar la pesquisa y giró el expediente a la fiscalía de turno, en ese momento a cargo del fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Claudio Bonari. Pero en la resolución, el titular del Ministerio Público no expresó nada referido a la investigación contra Pérez. El martes, LA GACETA le consultó si esa causa seguiría bajo la órbita del fiscal Navarro Dávila. “Esto seguramente se va a acumular a la misma causa (de las valijas), porque es una misma causa”, remarcó el jefe de los fiscales.
Antes, se refirió a los motivos que lo habían llevado a sacar de archivo esa pesquisa, que sacude a la Legislatura desde 10 meses. “Hubo un pronunciamiento de una fiscalía y creímos que era necesario que fuera otra fiscalía la que entendiera en la causa, ¿no? Eso es lo que ha sucedido (...). No es que estaba agotado el tema, sino que (se consideró que) tuviera también la mirada de otro fiscal”, indicó Jiménez.
En noviembre pasado, a raíz de una serie de publicaciones de LA GACETA, el ex candidato a legislador Oscar López, del peronismo disidente, formuló una denuncia penal por supuesto fraude a la Administración Pública mediante el sistema de “ayudas sociales a personas” de la Legislatura. El año pasado, fueron ejecutados bajo la forma de supuestos subsidios $ 615,6 millones (es decir, el 40% del presupuesto total de la Cámara). Por eso, López demandó a toda la anterior conformación legislativa, incluidos el entonces vicegobernador y actual gobernador, Juan Manzur, funcionarios administrativos y legisladores de la oposición y del oficialismo (entre estos últimos se alista el ex parlamentario Reinaldo Jiménez, hijo del ministro fiscal y actual secretario de Acción Política del Poder Ejecutivo).
En una presentación posterior, el denunciante amplió sus acusaciones, y señaló al secretario Pérez -tesorero de la Legislatura hasta 2015- por presunto enriquecimiento ilícito. Según López, este funcionario habría acumulado una fortuna de más de $ 150 millones, que incluiría propiedades en Punta del Este y otros bienes inmuebles.
Hace dos semanas, Navarro Dávila dispuso el archivo del expediente sobre los “gastos sociales” legislativos, que eran trasladados en valijas -en cada una cabían hasta $ 6 millones- de un banco céntrico hasta el edifico de calle Muñecas 951. En paralelo, el magistrado dispuso la continuidad de la pesquisa en contra de Pérez de forma ordinaria, debido a que no tiene fueros y no correspondía una investigación jurisdiccional.
Cinco días después, el ministro fiscal Jiménez resolvió reactivar la pesquisa y giró el expediente a la fiscalía de turno, en ese momento a cargo del fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Claudio Bonari. Pero en la resolución, el titular del Ministerio Público no expresó nada referido a la investigación contra Pérez. El martes, LA GACETA le consultó si esa causa seguiría bajo la órbita del fiscal Navarro Dávila. “Esto seguramente se va a acumular a la misma causa (de las valijas), porque es una misma causa”, remarcó el jefe de los fiscales.
Antes, se refirió a los motivos que lo habían llevado a sacar de archivo esa pesquisa, que sacude a la Legislatura desde 10 meses. “Hubo un pronunciamiento de una fiscalía y creímos que era necesario que fuera otra fiscalía la que entendiera en la causa, ¿no? Eso es lo que ha sucedido (...). No es que estaba agotado el tema, sino que (se consideró que) tuviera también la mirada de otro fiscal”, indicó Jiménez.
Lo más popular
