22 Septiembre 2016
BUENOS AIRES.- El Senado aprobó ayer y giró a Diputados el proyecto de ley para crear un nuevo régimen de participación público y privado, con el cual el Gobierno busca reactivar la obra pública mediante la financiación del sector privado. La iniciativa fue aprobada por 48 votos afirmativos contra 13 votos negativos (Proyecto Sur, GEN y un sector del PJ-FpV kirchnerista), en la sesión especial que estuvo presidida por el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo (Gabriela Michetti está a cargo del Ejecutivo)
El proyecto propone un nuevo mecanismo para promover la asociación entre los sectores público y privado, para avanzar en la concreción de obras de infraestructura y de servicios, y en donde -según quienes apoyan la medida- el sector privado asume los riesgos y responsabilidades de gestión.
El Gobierno busca acceder así a nuevas fuentes de financiación, para lo cual -según admitió en su momento Pinedo- se buscó eludir la normativa actual sobre obra pública que “tiene muchas trabas para conseguir financiamiento e inversores”.
El presidente de la comisión de Infraestructura, el peronista Carlos Espínola, explicó que se trata de una herramienta que podría permitir concretar más obras de infraestructura. Explicó que la propuesta inicial del Gobierno fue modificada en el debate en comisión, entre otros puntos, con la incorporación de la AGN como un organismo de contralor externo.
Hubo voces en contra, como la del neuquino Marcelo Fuentes, que consideró que la iniciativa no cuenta con una ingeniería legal. “Busca allanar todo el sistema de prevención que la administración pública tiene en torno del dinero” y privatizar el derecho administrativo para que los negocios se realicen con determinadas corporaciones y nuestra leyes de control financiero no operen”, cuestionó. La radical Silvia Elías defendió la iniciativa. Remarcó que la propuesta “descentraliza las decisiones, es federal y transparente”.
El jefe de la bancada PJ-FpV, Miguel Pichetto, respaldó la iniciativa. Argumentó que el Gobierno necesita contar con los instrumentos para concretar su propuesta política y económica. (DyN)
El proyecto propone un nuevo mecanismo para promover la asociación entre los sectores público y privado, para avanzar en la concreción de obras de infraestructura y de servicios, y en donde -según quienes apoyan la medida- el sector privado asume los riesgos y responsabilidades de gestión.
El Gobierno busca acceder así a nuevas fuentes de financiación, para lo cual -según admitió en su momento Pinedo- se buscó eludir la normativa actual sobre obra pública que “tiene muchas trabas para conseguir financiamiento e inversores”.
El presidente de la comisión de Infraestructura, el peronista Carlos Espínola, explicó que se trata de una herramienta que podría permitir concretar más obras de infraestructura. Explicó que la propuesta inicial del Gobierno fue modificada en el debate en comisión, entre otros puntos, con la incorporación de la AGN como un organismo de contralor externo.
Hubo voces en contra, como la del neuquino Marcelo Fuentes, que consideró que la iniciativa no cuenta con una ingeniería legal. “Busca allanar todo el sistema de prevención que la administración pública tiene en torno del dinero” y privatizar el derecho administrativo para que los negocios se realicen con determinadas corporaciones y nuestra leyes de control financiero no operen”, cuestionó. La radical Silvia Elías defendió la iniciativa. Remarcó que la propuesta “descentraliza las decisiones, es federal y transparente”.
El jefe de la bancada PJ-FpV, Miguel Pichetto, respaldó la iniciativa. Argumentó que el Gobierno necesita contar con los instrumentos para concretar su propuesta política y económica. (DyN)
Lo más popular
