24 Septiembre 2016
Una resolución de superintendencia en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán avaló el desempeño de Ana Josefina Fromm, jueza de Familia y Sucesiones N°9, en el juicio por el que es objetada en la Legislatura. Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, ordenó el archivo de la presentación al considerar que la magistrada estaba habilitada para ordenar el examen de ADN en un juicio de filiación post mortem. La misma parte que denunció a Fromm ante la Corte presentó un pedido de destitución en la comisión de Juicio Político del Poder Legislativo. El 6 de septiembre, ese comité rompió la tradición de archivar las presentaciones y corrió traslado de la denuncia a la magistrada.
Gandur rechazó las objeciones de la progenitora de la niña con el argumento de que, más allá de que el padre fallecido pudo haberle dado el trato de hija, el análisis de ADN refuerza el derecho a la identidad. La denunciante, que actúa con el asesoramiento de la abogada Norma Isabel Zelaya, reprochó a Fromm por querer practicar esta prueba en el ámbito de un juicio iniciado en 2012, es decir, antes de que la jueza llegara al juzgado (juró en febrero de 2015). La madre sostuvo que la prueba es innecesaria y la consideró una agresión hacia su persona. En el expediente consta que la medida fue discutida en una audiencia y que las defensoras de Menores se pronunciaron a favor de la posición de Fromm.
El juicio de filiación procura el reconocimiento paterno de una nena que quedó huérfana a los tres meses. El supuesto padre falleció como consecuencia de un accidente de trabajo. Si es reconocida, la niña adquirirá derechos hereditarios sobre la indemnización correspondiente. Mientras tanto y según fuentes judiciales, goza de la asignación de alimentos -a cargo de los familiares paternos- que fijó Fromm.
“Nos aflige”
La jueza estaba partiendo de vacaciones al extranjero cuando la comisión de Juicio Político decidió correrle traslado del pedido de destitución. Por el momento, Fromm prefirió no hacer declaraciones. Votaron a favor de esta decisión los legisladores oficialistas Zacarías Khoder, Nancy Bulacio, Enrique Bethencourt, María Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez, Gladys Medina, Renée Ramírez y Mariela Reyes Elías, y el opositor Alberto Colombres Garmendia (PRO). Los legisladores opositores Eudoro Aráoz (UCR) y Christian Rodríguez dictaminaron que la causa debía ser archivada. El plazo original para contestar la denuncia vencería el jueves próximo. La comisión debe analizar si sigue adelante con el proceso de acusación o lo cierra. En el primer caso, puede incluso disponer la suspensión de la magistrada.
“Más allá de la cuestión jurisdiccional, nosotros hemos corrido traslado (a Fromm) por la nenita, porque ya ha transcurrido tiempo y, como Estado, debemos protegerla”, explicó Khoder a la prensa. Y añadió: “muchas veces hemos rechazado los pedidos de destitución porque no encontrábamos fundamentos legales, pero en este caso no estamos cuestionando a la jueza Fromm sino que queremos saber cuál es la realidad de la chiquita, que nos aflige. Esta estaba siendo mantenida por el abuelo materno, que es un empleado municipal discapacitado”.
El legislador Aráoz (UCR) consideró que la denuncia debía ser desestimada sin más trámite. “El pedido de destitución carece de sentido lógico; contiene conceptos poco claros, y aseveraciones legales incorrectas e interpretadas forzadamente”, opinó. Aráoz dijo que la denunciante pretendía dar “al trato de hija” (posesión de estado) preeminencia respecto del examen de ADN con afirmaciones voluntaristas carentes de sustento legal. “La actuación de Fromm fue absolutamente ajustada a derecho. Continuar con este proceso de juicio político implica la posibilidad de someter toda resolución judicial al control del Poder Legislativo, lo que afecta la imparcialidad e independencia de los jueces”, agregó.
Gandur rechazó las objeciones de la progenitora de la niña con el argumento de que, más allá de que el padre fallecido pudo haberle dado el trato de hija, el análisis de ADN refuerza el derecho a la identidad. La denunciante, que actúa con el asesoramiento de la abogada Norma Isabel Zelaya, reprochó a Fromm por querer practicar esta prueba en el ámbito de un juicio iniciado en 2012, es decir, antes de que la jueza llegara al juzgado (juró en febrero de 2015). La madre sostuvo que la prueba es innecesaria y la consideró una agresión hacia su persona. En el expediente consta que la medida fue discutida en una audiencia y que las defensoras de Menores se pronunciaron a favor de la posición de Fromm.
El juicio de filiación procura el reconocimiento paterno de una nena que quedó huérfana a los tres meses. El supuesto padre falleció como consecuencia de un accidente de trabajo. Si es reconocida, la niña adquirirá derechos hereditarios sobre la indemnización correspondiente. Mientras tanto y según fuentes judiciales, goza de la asignación de alimentos -a cargo de los familiares paternos- que fijó Fromm.
“Nos aflige”
La jueza estaba partiendo de vacaciones al extranjero cuando la comisión de Juicio Político decidió correrle traslado del pedido de destitución. Por el momento, Fromm prefirió no hacer declaraciones. Votaron a favor de esta decisión los legisladores oficialistas Zacarías Khoder, Nancy Bulacio, Enrique Bethencourt, María Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez, Gladys Medina, Renée Ramírez y Mariela Reyes Elías, y el opositor Alberto Colombres Garmendia (PRO). Los legisladores opositores Eudoro Aráoz (UCR) y Christian Rodríguez dictaminaron que la causa debía ser archivada. El plazo original para contestar la denuncia vencería el jueves próximo. La comisión debe analizar si sigue adelante con el proceso de acusación o lo cierra. En el primer caso, puede incluso disponer la suspensión de la magistrada.
“Más allá de la cuestión jurisdiccional, nosotros hemos corrido traslado (a Fromm) por la nenita, porque ya ha transcurrido tiempo y, como Estado, debemos protegerla”, explicó Khoder a la prensa. Y añadió: “muchas veces hemos rechazado los pedidos de destitución porque no encontrábamos fundamentos legales, pero en este caso no estamos cuestionando a la jueza Fromm sino que queremos saber cuál es la realidad de la chiquita, que nos aflige. Esta estaba siendo mantenida por el abuelo materno, que es un empleado municipal discapacitado”.
El legislador Aráoz (UCR) consideró que la denuncia debía ser desestimada sin más trámite. “El pedido de destitución carece de sentido lógico; contiene conceptos poco claros, y aseveraciones legales incorrectas e interpretadas forzadamente”, opinó. Aráoz dijo que la denunciante pretendía dar “al trato de hija” (posesión de estado) preeminencia respecto del examen de ADN con afirmaciones voluntaristas carentes de sustento legal. “La actuación de Fromm fue absolutamente ajustada a derecho. Continuar con este proceso de juicio político implica la posibilidad de someter toda resolución judicial al control del Poder Legislativo, lo que afecta la imparcialidad e independencia de los jueces”, agregó.
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