Se agravaría la situación procesal de los 23 amotinados

Pese a que uno de sus pedidos era ser trasladados al penal de Villa Urquiza, por el momento los 23 detenidos que se amotinaron ayer a la madrugada continúan en su celda de la ex Brigada de Investigaciones. El fiscal Diego López Ávila -quien ofició de negociador, junto con un especialista del Grupo Cero- decidió no tomar ninguna decisión hasta que le lleguen las actuaciones que le pidió a la Policía sobre lo que ocurrió. Se trata de una larga tarea en la que deben revisar puntualmente caso por caso, tanto las situaciones procesales como las autoridades que entienden las causas. Hasta el cierre de esta edición el informe no había sido entregado, aunque se cree que estará en Tribunales a primera hora de hoy.

Sin embargo, tras el amotinamiento, que incluyó la toma de dos guardiacárceles como rehenes, la preocupación de todos los detenidos - y de sus abogados- no estaba puesta en un posible traslado sino en que no se agrave su situación procesal. Todo indica que los 23 desfilarán hoy por la fiscalía IV° para brindar declaración y que saldrán de allí imputados por nuevos delitos como coacción, amenazas, extorsión y privación ilegítima de la libertad, según una fuente judicial. Esto se traduciría, lisa y llanamente, en más tiempo tras las rejas.

Madrugada de tensión

El fiscal llegó al lugar minutos después de la una, casi al mismo tiempo que los jefes de la Policía Dante Bustamante y Mario Rojas. Los tres tuvieron que esquivar las patrullas que cortaban la calle Junín al 800 en sus dos esquinas, las dos ambulancias que tenían a su personal listo para reaccionar, la camioneta del grupo Cero y una autobomba. A 20 metros de la entrada de la ex Brigada escucharon los gritos agudos del cabecilla de la rebelión, que parecían aullidos. Los tres estaban por afrontar una de las noches más difíciles que puedan recordar. Todo lo que sabían es que los detenidos habían fingido una pelea y que, cuando los guardiacárceles ingresaron para sofocar la gresca, fueron tomados como rehenes.

También tuvieron que esquivar a los familiares de los detenidos que ya estaban ahí, ubicados en la zona de ambulancias del sanatorio de la cuadra. Este presencia no pasó desapercibida para los investigadores, y les reforzó la idea de que el amotinamiento no fue espontáneo sino que había sido planeado hace tiempo.

“Todo lo que están haciendo es porque les pegan, no les dan la comida que les mandamos, tampoco se les provee de los medicamentos que necesitan y encima hoy (por ayer) no tienen agua. Hayan hecho lo que hayan hecho estos chicos, los policías no tienen el derecho de torturarlos”, contó a LA GACETA Liliana, madre de uno de los detenidos, quien prefirió no dar su apellido para evitar que “tomen represalias” contra su hijo. Tres horas después de esa charla, la presencia de la mujer fue fundamental para desactivar el motín.

“A la comida se la tiran por la cara y los hacen dormir en el piso. Mi hijo lleva un mes ahí adentro y parece un palito de flaco que está”, añadió Carlos, otro familiar.

Tensa negociación

Cerca de las tres, las autoridades anunciaron que los detenidos, para negociar, reclamaban la presencia de LA GACETA como garantía. Luego de dos horas su objetivo ya no era tener agua, pasar a Villa Urquiza o que no les tiren la comida: querían asegurarse de no sufrir daños físicos.

Antes de hacer ingresar a este medio al pasillo de la parte trasera del edificio, un alto jefe del Grupo Cero que también estaba negociando, ordenó: “se quedan a más de un metro de la reja”. Cuando se le preguntó si los detenidos estaban armados, contestó que tenían “puntas”. Estas fueron secuestradas tras el motín. Eran tres y medían al menos 20 centímetros.

Con la presencia de las cámaras, los detenidos exigieron la presencia de sus familiares, algo que se puede ver en un video que se está subido LAGACETA.com.

El pasillo estaba en plena oscuridad hasta que se encendió la luz de una cámara. Allí se pudo ver la sufriente cara de uno de los rehenes, que se encontraba atado a los barrotes. A su alrededor, todos tenían cubierto el rostro. La reja estaba llena de gomaespuma de colchones que pretendían quemar si no se cumplían sus exigencias. El cabecilla de la voz aguda tenía la boca tapada por un pañuelo de varios colores y la cabeza con una tela blanca. Según se pudo saber, estaría detenido por homicidio y sería uno de los más complicados a la hora de sumar cargos por el motín.

López Ávila les dijo que ahí tenían a la prensa y que enseguida entrarían sus familiares. Les recordó que se habían comprometido a soltar a uno de los rehenes tras estas exigencias. Sin embargo, primero quisieron ver a sus parientes.

Una de las primeras en pasar fue Liliana, luego de que desalojaran el pasillo. El más optimista en ese momento era el subjefe Rojas, quien no paraba de repetir “ya está, ya termina”. Antes de entregar a los dos rehenes -que salieron al mismo tiempo- los detenidos rezaron juntos y a los gritos un Padre Nuestro.

“Me tenían atado y me pegaron. Lo único que quiero hacer ahora es llamar a mi vieja para decirle que estoy bien”, señaló Nazareno Campos, uno de los rehenes. Los dos fueron atendidos por el 107, al igual que cada uno de los detenidos. Sobre el final, ingresó un grupo de abogados que tenían allí a sus defendidos. Tenían mucho de qué hablar.

Hofer admitió que hay fallas estructurales

Tras una madrugada tensa, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, convocó a una conferencia en su despacho ayer a la mañana. Explicó que el motín en la ex Brigada duró aproximadamente dos horas y media, que dos guardiacárceles fueron tomados de rehenes, que los presos exigían ser trasladados, pero no pudo precisar cuántas personas participaron de la revuelta ni cuántos detenidos había alojados en el calabozo.

“Seguramente se hará el traslado correspondiente de quienes estaban alojados allí para evitar cualquier tipo de situación”, afirmó el funcionario. “Estamos en un proceso de construcción de una obra nueva dentro del penal de Villa Urquiza con fecha de inauguración para el 5 de diciembre. Mientras, hay que transitar todo este proceso con una necesidad real de más espacio para los detenidos”, lamentó. En ese sentido, reconoció que hay cientos de dependencias policiales con problemas de infraestructura y que todavía hay presos en comisarías de la capital.

“No vamos a permitir que estos delincuentes atropellen la autoridad y actúen a su voluntad sin ningún tipo de consecuencia”, advirtió luego, en referencia al incidente que se produjo la semana pasada cuando miembros del clan “Los Garra” amenazaron a vecinos de avenida Alem al 1.400 delante de policías. “Hicimos un operativo en la puerta de la casa de estas personas. Vamos a ir a fondo, no va a haber ningún tipo de contemplación”.

El documento que hizo temblar a la ex Brigada

Durante la última semana de febrero la cúpula de la Policía recibió un proyecto con 15 objetivos para mejorar la situación de la ex Brigada de Investigaciones. El documento llevaba la firma del comisario Miguel Gómez pero había sido elaborado por un grupo de jefes de distintas divisiones y tenía un apoyo total del personal. Lo cierto es que esto trajo diferencias irreconciliables entre el entonces jefe de la dependencia, Luis Núñez y Gómez, quien luego de una licencia pasó a formar parte de un grupo de asesores del Ministerio Fiscal.

Entre otras exigencias, en el documento aparecían tener combustible para las patrullas, renovar los insumos y la tecnología y realizar mejoras edilicias. En ese momento, fuentes policiales confiaron que la ex Brigada de Investigaciones corría un serio peligro de derrumbe y que se trabaja allí “de forma muy precaria”.

También hubo lugar para hablar de las detenidos. En ese sentido, se daba cuenta de que estaban alojados en condiciones que no eran las propicias y que era preciso trasladar a algunos de ellos a otras dependencias porque se estaban hacinando. Este reclamo coincide con el que realizaron ayer a la madrugada los familiares de los amotinados.

En febrero, los detenidos allí eran 50, unos 15 más de su capacidad. El 6 de julio también había habido un motín en la ex Brigada: donde había espacio para 42 presos, había 79 detenidos.

Dos muertes que derivaron en un habeas corpus

El 29 de junio del año pasado los fiscales de Instrucción Diego López Ávila -a quien le tocó lidiar con el motín de la Brigada- y Adriana Giannoni presentaron un habeas corpus para que se dictara la emergencia en materia de alojamiento de detenidos, horas después de que murieran dos de ellos durante una quema de colchones en la Brigada de la Regional Norte, en Yerba Buena. El objetivo era que todos los internos de la provincia quedaran tras las rejas, pero bajo el servicio penitenciario.

“Se encuentran alojados de 15 a 25 personas en una habitación que posiblemente está preparada para una cantidad significativamente menor. Este hecho no es metafórico. Hay celdas en las que tienen que turnarse para dormir porque no entran todos acostados”, explicó Giannoni el año pasado.

En agosto, la Corte Suprema de Tucumán hizo lugar al pedido y dispuso el traslado de todos los detenidos a la cárcel de Villa Urquiza. Según esta orden, a fines de mayo de este año las comisarías tendrían que haber estado libres de presos, algo con lo que evidentemente no se llegó a cumplir. Otra de las disposiciones era que, hasta que se trasladara al último detenido, personal carcelario tenía que hacerse cargo de ellos en las comisarías. También reconocieron la superpoblación que había tras las rejas.

Por todo este se espera con ansiedad el 5 de diciembre, fecha en que se inaugurará una nueva sección para detenciones en la cárcel.